CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de 10 años de trabajos y siete de negociaciones, el Tratado de Comercio de Armas (ATT) fue adoptado con 154 votos en favor y sólo tres abstenciones (Corea del Norte, Irán y Siria) en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013. Ese tratado, pieza fundamental para acotar los efectos devastadores del comercio internacional de armas no regulado, fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Haciendo gala de su escaso respeto por las normas elaboradas en el seno de la ONU, esta semana el presidente Donald Trump ha denunciado el tratado. La decisión fue comunicada al Senado en una nota corta, según la cual el tratado no sirve a los intereses de Estados Unidos. “Por lo tanto he decidido retirarlo del Senado y solicitar, en consecuencia, que me sea devuelto”. Tal desafortunada decisión fue dada a conocer por Trump en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), en Indianápolis. Hacer el anuncio en la NRA no es un asunto trivial. Se trata de una de las organizaciones más poderosas al interior de los sectores conservadores que apoyan entusiastamente a Trump. Éstos serán, al igual que lo fueron en 2016, quienes luchen por conquistar el poder político, y la NRA tiene gran influencia sobre ellos mediante el financiamiento que otorga a miembros del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en la de los Senadores. La NRA ha sido el principal opositor a las medidas para detener la posesión de armas, pese a los efectos tan dramáticos que la facilidad para adquirirlas ha tenido en actos que bien pueden calificarse de terroristas y como resultado de los cuales han muerto cientos de inocentes en atentados ocurridos –principalmente, aunque no únicamente– en centros escolares estadunidenses. Lejos de pronunciarse por establecer controles que impidan el acceso a armas de alta peligrosidad, sin conocer el perfil de quien las adquiere, la NRA se esfuerza por generalizar su uso amparándose en una interpretación muy falaz de los derechos establecidos en la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, relativa al derecho a la posesión de armas. Lo cierto es que el objetivo del tratado que Trump ha denunciado no se refiere a cuestiones internas. Es un documento internacional cuyo propósito es fijar lineamientos para guiar el otorgamiento de licencias comerciales de parte de los gobiernos a los exportadores y comercializadores de armas. Con ello se busca asegurar que sean utilizadas de manera “responsable” por todos los involucrados en su venta y compra. Por responsabilidad se entiende, entre otras cosas, que no se utilicen en situaciones que propicien violaciones a los derechos humanos o en actividades que pongan en peligro la paz internacional, como el crimen organizado. La denuncia del tratado ha merecido severas críticas en la prensa liberal. En su edición del 29 de abril, The Washington Post señalaba las incongruencias en las declaraciones de Trump considerándolas una afrenta para los diplomáticos estadunidenses que lucharon por que Estados Unidos fuera parte del ATT. En efecto, la descripción que Trump hizo de tal acuerdo permite creer que el documento infringe la soberanía de Estados Unidos y los derechos reconocidos en la Segunda Enmienda. “Es una mentira”, señala el Post. “El ATT deliberadamente excluye temas relativos a leyes o reglamentos internos. Insinuar que el ATT debilita leyes y coloca las libertadas en EU bajo control extranjero es deshonesto y falso”, agrega el rotativo. Para México, la denuncia del tratado es desalentadora y ofensiva. Cabe recordar que nuestro país desempeñó un papel primordial en la negociación del mismo. Durante varios años fue un tema prioritario para su política multilateral. Se puede afirmar que la creación del grupo de trabajo para elaborarlo, la decisión de colocar la negociación en el marco de la ONU y el empeño por tener dentro de sus signatarios a quienes deseaban el tratado por razones de principio e interés nacional, como a los principales exportadores de armas fue posible gracias al liderazgo de México. En la fase final, la conducción tan acertada de los diplomáticos mexicanos permitió vencer las reticencias provenientes de la delegación estadunidense, muy presionada, entre otros, por la propaganda tendenciosa de la NRA. No se trataba solamente de tener lucimiento en una negociación multilateral. El tratado es de gran importancia para México por el tráfico de armas procedente de Estados Unidos, factor que contribuye mucho a empoderar a los cárteles de la droga. Las dimensiones del problema de seguridad que hoy enfrenta México no pueden entenderse plenamente si no se toma en cuenta el enorme potencial de las armas de fuego que tienen los narcotraficantes y, en general, todos aquellos que participan en las acciones del crimen organizado. Es un problema que no puede deslindarse del comercio de armas, las cuales, en el caso de México, proceden sobre todo de Estados Unidos. La denuncia del tratado nos lleva, entonces, a tomar conciencia de lo mucho que significa para México el objetivo de regular el comercio de armas. Sin embargo, poca o nula importancia se le ha dado a la presencia de armamento procedente de Estados Unidos en todas las reflexiones que se llevan a cabo en torno al problema de la seguridad nacional. En la medida que bajo el gobierno de López Obrador se conforman las instituciones que se harán cargo de la misma, se hace más urgente el llamado para considerar el tráfico de armas desde Estados Unidos y más necesarios los señalamientos de la importancia que tiene y los costos de ignorarlo. Trump y su política hacia las armas están vinculados a los problemas de seguridad en México. Este análisis se publicó el 5 de mayo de 2019 en la edición 2218 de la revista Proceso