CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia exige ir más allá de los acomodos políticos y el discurso punitivo. Un paso primordial es el mejoramiento de las cifras con las que evaluamos la seguridad y el proceso penal. Aquí entregamos una radiografía completa de las áreas de oportunidad en los modelos estadísticos y de registro delictivo. Durante años se ha discutido ampliamente sobre la importancia de la evidencia e información para tomar decisiones y formular políticas. Su relevancia es aún mayor en el espacio público, en las instancias de participación creadas por una democracia que aspira a constituirse como un Estado abierto. La simple concepción de apertura considera como elemento indispensable garantizar las condiciones que favorezcan el diálogo entre todos los actores, la construcción conjunta y, por supuesto, la rendición de cuentas. Pero para que eso pueda ocurrir, el punto de partida obligado es contar con información confiable, accesible, oportuna y de calidad, a disposición de todos los actores del Estado. En ese contexto, para la joven administración de López Obrador están dadas todavía las condiciones para aprovechar, al menos, dos grandes oportunidades: la primera, transformar la forma en que se analizan y enfrentan los problemas públicos; la segunda, asegurar las condiciones para un verdadero Estado abierto. Retomo con particular énfasis esta concepción por la inevitable y necesaria tensión entre el periodismo y la función pública. Mientras se aspire a buscar contrapesos, diálogo y participación, no será suficiente con la existencia per se de espacios de discusión –como podrían clasificarse las Mañaneras–, sino que también se requerirá asegurar la disponibilidad de información. Hace unas semanas presenciamos un episodio, que fue en sí mismo motivo de debate, entre el periodista Jorge Ramos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a las estadísticas de homicidios. El episodio tenía como ánimo identificar si durante el primer trimestre del año la violencia letal había sido contenida, o bien si permanecía con tendencia creciente. Ambas partes daban como hecho el alto nivel de violencia letal, que equipara a México al nivel de un país en conflicto bélico. Cada uno llevaba “sus datos”, cada uno a su manera tenía razón; sin embargo, no lograron hablar el mismo lenguaje y la discusión se empantanó respecto a cuáles cifras eran las correctas. So pretexto del evento, decidí escribir estas líneas, con el ánimo de compartir algunas apreciaciones sobre posibles y factibles mejoras en las estadísticas oficiales. Si vamos a aprovechar la oportunidad de transformar el espacio público y la manera de tomar las decisiones, hagámoslo en serio, comenzando por preguntarnos si los datos con los que contamos realmente reflejan lo que requerimos conocer. Mucho más pertinente el espacio si le añadimos que la creación de un nuevo ente, como es la Guardia Nacional, puede configurar un modelo de seguridad pública y justicia distinto al observado en las décadas recientes. Sobre las fuentes de información oficial Sin ánimo de hacer un extenso recorrido por las fuentes de información existentes, es preciso advertir que México ha sido reconocido internacionalmente por sus avances en la producción, sistematización e institucionalización de estadísticas de seguridad y justicia. Tan es así, que ha sido invitado a coordinar los esfuerzos, para que en el seno de la Comisión de Estadísticas de la ONU se desarrollara un catálogo internacional de clasificación de delitos para fines estadísticos, así como proyectos de levantamiento de encuestas que buscan medir fenómenos complejos. El reconocimiento no ha sido fortuito. Al menos en la última década se han constituido proyectos de interés nacional, con encuestas de victimización como la ENVIPE (población) y la ENVE (empresas). Gracias a ellas hoy tenemos una aproximación confiable y periódica sobre aspectos que anteriormente eran desconocidos: la cifra negra, el número y características de las víctimas, los costos de la inseguridad, la percepción ciudadana sobre seguridad, la confianza en las autoridades, la incidencia de tortura en el proceso penal, por nombrar algunos. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, la historia sobre la producción de información a partir de registros administrativos no ha sido igualmente exitosa. Sin lugar a dudas, es mejor contar con los Censos de Gobierno que no tenerlos, pero es valioso preguntarse sobre su calidad y alcances. Su aporte es considerable, como también sus áreas de oportunidad. Por otra parte, se encuentra la información que recaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante Secretariado), que como parte de sus atribuciones definió una metodología que busca estandarizar los criterios de clasificación y registro de las distintas procuradurías y fiscalías locales. Así, mensualmente recaba información sobre los delitos y las víctimas registradas en las carpetas de investigación abiertas con el propósito de medir la incidencia (número de delitos) y prevalencia delictiva (número de víctimas). Hemos detectado debilidades y grandes áreas de oportunidad en la forma en que se genera estadística sobre justicia y seguridad en este país. En la siguiente entrega las explicaremos a detalle y trataremos también de un riesgo siempre latente para la calidad de la información: el subregistro de datos. *María Novoa es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa