CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una de las escasas medidas para reducir la asimetría entre ricos y pobres, para dar vida a la movilidad social, económica y cultural de los mexicanos (de suerte tal que quien nazca en una cuna humilde no esté casi condenado a morir igual) son los libros de texto gratuito que, desde 1959, con la creación de lo que hoy es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se entregan ahora en preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, escuelas indígenas y en braille. Esa decisión fue, con todo y sus limitaciones, uno de los instrumentos dirigidos a generar igualdad de oportunidades. Celebro y comparto la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. Me parece que en ese ánimo se inscribe la centralización de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder efectuar adquisiciones en las mejores condiciones del mercado (Se incluyen aquí las que hacían directamente los estados, donde había sobreprecios significativos en perjuicio del erario); representa, por ende, un parteaguas con el pasado inmediato y sus abusos endémicos. El diagnóstico es correcto, el camino adecuado, pero los tiempos y la planeación estratégica tienen varias oportunidades de mejoramiento. Eso pasa con los libros de texto gratuito. En el caso de primaria se llevan seis libros por grado, lo que equivale a 36 libros anuales con tirajes de 2 millones 576 mil ejemplares, aproximadamente. La Conaliteg tiene una sola planta en Querétaro, con la que genera entre 15 y 18% del total requerido. La inmensa mayoría de los libros (poco más de 80 millones) se asigna a contratistas privados mediante licitaciones públicas, que en este caso organiza Hacienda a partir del presente gobierno con varios mecanismos de control para reducir la corrupción a su mínima expresión. Esta nueva atribución de la SHCP no fue acompañada, sin embargo, de la reforma a la estructura del personal dedicado a la gestión de compras en la Oficialía Mayor de esa dependencia. Y ello ha generado un cuello de botella con efectos negativos. Estoy convencido de que existen las mejores intenciones, pero los resultados amenazan con ser inversamente proporcionales al propósito inicial. En efecto, la concentración de compras de los más diversos rubros requiere de un trabajo simultáneo como si fuera, valga el comparativo, un circo de cinco pistas, no de una, como era antes en el diseño institucional del régimen anterior. Ahora debe adaptarse a la política pública del nuevo. Tradicionalmente el ciclo de producción, traslado y entrega de los libros de texto se iniciaba en octubre del año anterior para que estuvieran en las manos de todas las familias mexicanas con hijos en escuelas públicas o privadas el primer día de agosto del año siguiente. Es entendible que por el cambio de gobierno y régimen hubiera modificaciones en ese ciclo, pero ello debió haberse atendido desde los primeros días de diciembre del año pasado y no se hizo. No fue sino hasta el 15 de marzo de este año cuando se empezó con la primera parte del ciclo. La convicción (que comparto) de que había moches en el anterior régimen llevó a que se optara por reducir el costo de la compra de los libros. El problema aquí fue de precisión. No había datos puntuales sobre los montos exactos del moche, razón por la cual se optó por esperar el mayor tiempo para ver qué empresas eran las que bajaban sus precios. El problema es que lo que no se tenía era tiempo. Si el Aeropuerto de la Ciudad de México se construye en 2021 o en 2024, el impacto directo percibido en las familias mexicanas de menores ingresos, que son la gran mayoría, es menor que si se trata de los libros de texto gratuitos que saben que llegan siempre a sus manos en agosto, o antes, de cada año. Esas negociaciones tardaron del 15 de marzo al 29 de abril para adjudicar los primeros cinco títulos, con 10 diferimientos de los 18 licitados. Pero los cinco ya adjudicados no podían ser impresos porque la carátula y el primer pliego no habían sido autorizados por la SEP, que tardó hasta el jueves 9 para autorizar la impresión de esos libros. Ese mismo jueves finalmente fueron adjudicados los libros restantes a un costo aproximado de 15 pesos por ejemplar. Si todo sale bien, los niños de las zonas más alejadas del país –y por ello las más marginadas– tendrán sus libros en noviembre de este año, tres meses después del inicio de clases, y los que viven en las zonas urbanas, en el curso de octubre, no en agosto como había sido la regla. Primero se intentó que los niños de segundo año de primaria donaran a los de primero los libros que habían utilizado, pero resulta que la mayor parte de ellos son cuadernos de trabajo y recortables, por lo que la solución no era viable, al menos en la actual factura. Después se quiso regresar a los libros de papel periódico, a una tinta y sin barniz en la carátula. El ahorro era mínimo, porque en México no hay fábricas que produzcan altos tonelajes de ese papel, que se hubieran tenido que importar de Canadá o Suecia; el ahorro de colores a una tinta es prácticamente simbólico porque todas las máquinas de las imprentas con esa capacidad de tiraje en los tiempos requeridos tienen capacidad para ocho tintas, cuatro de frente y cuatro de vuelta. Al final el ahorro se evaporaría por el costo de fletes, además del impacto negativo desde el punto de vista pedagógico en perjuicio de la niñez mexicana. Las lecciones que deben ser aprendidas son varias, entre ellas: a) el país no puede darse el lujo de esperar, en la curva de aprendizaje, tiempos no razonables de los tomadores de decisiones; b) si hay cambios (y qué bueno que los haya) debe actuarse en consecuencia para que todo el proceso funcione y no sufra afectaciones de ningún tipo; y c) lo más grave es que jamás, en ningún caso, los niños –y además los más necesitados– deben estar sujetos a la política de la austeridad aplicada incorrectamente. Es de esperar que no se repita este error que, paradójicamente, agravia a quienes deberían ser la prioridad del nuevo régimen y de la sociedad entera. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com