CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, perdió una batalla para la 4T. En la discusión de la Ley de Remuneraciones en el sector público quedó muy claro que en ese tema hubo en el máximo tribunal un bloque dispuesto a seguir la pauta presidencial. Lo que debió ser un rechazo categórico de la Corte a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por sus vicios constitucionales de origen, devino en un emplazamiento al Congreso para que reelabore los artículos 6 y 7 de la ley a fin de eliminar la discrecionalidad en la designación de los salarios de la burocracia del país. Las violaciones constitucionales en la aprobación de la Ley, en noviembre pasado, no fueron suficientes para cuatro ministros: el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; Norma Piña, Yasmín Esquivel y Juan Luis González. Los dos últimos, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar quería incluso evitar el debate y propuso archivar juicios contra la ley porque en abril se reformó la ley impugnada. Desde su perspectiva, el asunto ya estaba zanjado, no obstante los miles de amparos promovidos en contra de la ley más allá de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Esos cuatro votos evitaron la mayoría calificada de ocho para que la ley se desechara por completo ante los vicios que cometió el Legislativo en su aprobación al revivir un proyecto de ley que había sido desechado en 2011 y que ni siquiera se dictaminó. La expulsión de la ley habría representado un duro golpe político al gobierno de Morena y su mayoría legislativa. La Corte entró en una semana de discusiones y, el lunes 20, una mayoría calificada le dijo al oficialismo que así no; que no fue constitucional que el presidente López Obrador haya dicho que nadie en el sector público podía ganar más de 108 mil pesos que a él se le ocurrió como el máximo. El artículo 127 de la Constitución y la ley de remuneraciones, en efecto, establecen que nadie puede ganar más que el presidente; pero ahora ya una mayoría calificada de la Corte estableció que no depende de lo que diga el presidente y que el Congreso se subyugue a su deseo. El voto decisivo en esa determinación fue el del ministro Juan Luis González, quien se pronunció en contra de la discrecionalidad. De esa manera, se desmarcó del bloque que en un inicio evitó la anulación total de la ley. González se pronunció incluso a favor de que el salario del presidente se haga bajo el principio de la división de poderes y que se tomen en cuenta las características del ejercicio público en el Legislativo y el Judicial. En la discusión de toda la semana, los ministros Zaldívar, Esquivel y Piña se constituyeron en el bloque que dijeron no a todo al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán quien a fines del año pasado desató la molestia en la Presidencia y en el Senado por anular la aplicación de ley para quienes la controvirtieron ante la Corte, por lo que aquellos emprendieron sendos recursos de reclamación. La Corte le fijó al Congreso un plazo de 90 días para que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de septiembre, establezca los parámetros técnicos a partir de los cuales se deben establecer las remuneraciones de los servidores públicos, tal y como sucede en otros países. El resultado puede incluso fijar un salario para López Obrador distinto al que él se fijó. La determinación de la Corte deberá concretarse a partir del presupuesto de 2020. Los ministros de la Corte están muy bien observados desde el vecino Palacio Nacional.  Nada más grave que desde la presidencia de la República esta resolución diera paso a presiones o reprimendas. El ministro Zaldívar sabe muy bien de eso. En 2010, cuando propuso que en el caso ABC también fueran sancionados funcionarios del gobierno federal, el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont le advirtió: “no te pusimos para eso”. Veremos si como presidente de la Corte resiste también a la 4T, si se suma a ella o si los demás ministros optan por buscar equilibrios entre la Constitución, el Palacio Nacional y su estabilidad en el cargo. @jorgecarrascoa