CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El concepto de justicia transicional no es unívoco, pero sí tiene elementos que deben aplicarse caso por caso: responsabilidad penal, búsqueda de la verdad, resarcimiento de las víctimas y garantías de no repetición.Hay, por supuesto, diferentes modelos de esta política pública y reforma normativa; lo que puede funcionar en unos países podría ser inaceptable en otros. Incluso en un mismo país deben concretarse mecanismos que pueden tener algunas diferencias por regiones. La idea es aplicar ese vocablo, que agrupa varios rubros, para pasar de un régimen a otro, generalmente de un estado de derecho fallido o una dictadura a otro que no lo sea, a efecto de lograr la paz social y el cumplimiento gradual de la ley. En México esa política, que deberá tener su propio diseño para que funcione, es una iniciativa de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional, con sede en la Ciudad de México y cuyo presidente, el jurista Sergio Arturo Ramírez Muñoz, ubica al gobierno de Felipe Calderón como un punto de quiebre que desató la imparable violencia en el país. Recuerda que “el pasado 11 de junio se cumplieron 12 años y medio de aquel 11 de diciembre de 2006 en el que se anunció el inicio de la política de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado. El entonces secretario de Gobernación, Javier Ramírez Acuña; el de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván; el de la Marina, almirante Mariano Francisco Saynez; el de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, presentaron ante los medios de comunicación la llamada Operación Conjunta Michoacán, que marcó el comienzo de lo que el mismo Calderón denominó posteriormente la Guerra contra el Narcotráfico. Sin importar los argumentos divergentes, el gobierno federal elaboró el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en el que se estableció la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, y que mandató el despliegue de operativos conjuntos en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa), Nuevo León-Tamaulipas, Culiacán-Novolato, Cancún, Aguascalientes, Tamaulipas, La Laguna (Torreón-Lerdo y Gómez Palacio), Veracruz, San Luis Potosí, y en las fronteras norte y sur, creando Grupos de Trabajo sobre Violencia Fronteriza. “Estos operativos conjuntos implicaban la colaboración de la Defensa Nacional, la Marina, la PGR, la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades de seguridad pública y justicia para el desmantelamiento de los principales cárteles de drogas, ubicando y abatiendo a las cabezas de éstos. “Este fue sólo el inicio de una política fallida aplicada en los sexenios de Calderón y Peña Nieto y que tuvo como resultado miles de muertos y desaparecidos, comunidades enteras desplazadas y el debilitamiento de las instituciones de justicia y seguridad del Estado. La captura de algunas de las cabezas visibles de los cárteles fue una victoria pírrica”, sintetiza Ramírez Muñoz en su diagnóstico de por qué pasa lo que pasa hoy en día. ¿Cómo resolver este presente que es caracterizado por la violencia a lo largo y a lo ancho del país? No basta con el cumplimiento mecánico del sistema legal vigente, porque nunca estuvo diseñado para enfrentar las circunstancias que hoy se padecen de manera simultánea en diversas zonas del país. Para Ramírez Muñoz la solución pasa por “la posibilidad de recuperar la cohesión del tejido social, de sanar el dolor social a través de la generación de la memoria histórica de los errores cometidos, de la dignificación de las víctimas y del abrazo colectivo de sus deudos, de limpiar las instituciones de corrupción y generar nuevas condiciones para el futuro; en resumen: lograr justicia para las víctimas y lograr un orden más justo y democrático para el pueblo de México”. No será, en modo alguno, una tarea sencilla; antes bien, será sinuosa y complicada, pero parece ser la vía adecuada para dar un giro a lo que se ha hecho en estos últimos años, pues no se han ofrecido soluciones sino ilusiones ópticas transitorias para regresar a la realidad que está convirtiendo a la violencia en una conducta internalizada en cada vez una porción más amplia de la sociedad. Veo con razonable expectativa que el modelo de justicia transicional pueda ser el medio para recuperar gradualmente la paz perdida y la seguridad que se ha convertido en islas en un mar de violencia que no cede. Hay que esperar que la propuesta de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional ofrezca razonablemente una forma distinta para transformar la realidad y generar cambios profundos en el sistema nervioso central de la sociedad mexicana. El diagnóstico y la propuesta de solución de Sergio Arturo Ramírez Muñoz y su institución abren –espero– caminos para dar un giro de 180 grados a los estados de ánimo de todos, para reencauzarlos por el bien de México. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com