CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La contaminación viola derechos humanos, de menos, cuando es provocada por cualquiera y las autoridades no hacen nada para evitarla, ni para remediarla, o peor, cuando son ellas las que la ocasionan, o cuando buscan evadirla e ignorarla. Del otro lado, las personas tenemos derecho a comer alimentos sanos, beber agua limpia y respirar aire puro. Además, tenemos derecho a que las autoridades cuiden nuestra salud, nuestro bienestar y desarrollo, y finalmente, nuestras vidas. Y adviértase que por igual debe cuidarse el medio ambiente para todos los seres. De todo eso, esta columna la dedico a destacar que la percepción en México por lo que respecta a la contaminación atmosférica se encuentra inmersa en un juicio. Tenemos normas oficiales mexicanas que indican los valores límite permisibles de concentración de contaminantes en el aire, los cuales no debieran rebasarse si se quiere proteger la salud humana. Esas normas son de cumplimiento obligatorio en todo el país y sirven como referencia tanto para las autoridades federales como las locales que tengan a su cargo la vigilancia y evaluación de la calidad del aire. En otras palabras, esas normas son ley, y si no se observan, se viola la ley y además se violan nuestros derechos humanos. Debería ser un tema muy sencillo. Más si se tiene en mente que esas normas ni siquiera son tan exigentes, si se les compara con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Valores que al resultar más protectores, tendrían que ser tomados como los referentes obligatorios, por la simple razón de que en nuestra Constitución existe un mandato de favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, en los días pasados comencé a ver que para las autoridades de la Megalópolis –conformada por Ciudad de México y los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, según alcanzo a entender–, las cosas no son tan simples. Proteger la vida y la salud de sus poblaciones no necesariamente parece su prioridad. Al contrario, me da la impresión de que quieren rehuir el tema. Después de lo mal que los pasamos en la capital durante el mes de mayo, las autoridades ambientales de Ciudad de México y el Estado de México publicaron, cada una, sus Programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas. El detalle es que emplearon como valores referentes para activar y suspender sus fases preventivas y de contingencia, unos por encima de la norma. Por lo que hace al ozono, el valor para activar una contingencia es alrededor del 50 por ciento mayor al de la norma oficial. En cuanto a las partículas PM10, es casi tres veces mayor; mientras que el de partículas 2.5 es casi el doble del oficial. Escapa a mi comprensión que las autoridades capitalinas y mexiquenses ignoren la ley, quieran evadir su obligación de atender las normas oficiales e incumplir el mandato constitucional de favorecer la mayor protección a sus poblaciones, al mismo tiempo que engañar a la gente como si no pasara nada, manteniendo la ilusión de que el aire que respiramos no está tan mal, porque no hay contingencia. Lo que sí entiendo es que gracias al juicio de amparo emprendido por Greenpeace México y a la intervención del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que ordenó cautelarmente activar las fases preventivas y de contingencia de los citados Programas cuando se alcancen los valores de las normas oficiales mexicanas, se tiene la posibilidad de colocar en el debate público que conservar la ilusión medioambiental de no estar tan mal, es algo equivocado. Pero lo que otra vez rebasa mi comprensión es que, en lugar de agradecer la oportunidad de mejorar su política ambiental, las autoridades hayan reaccionado a la orden judicial con evasivas, buscando aprovecharse de la responsabilidad que se depositó en ellas, al sostener sin vergüenza que dan prioridad a la economía industrial, comercial, de servicios y de transporte, por encima de la salud humana. Y rematar con aquello de que hacer las cosas bien –cumplir las normas–, tal vez sería mal visto por la población, que si acepta las contingencias es porque se aplican en pocas ocasiones. Tal opción, vivir en la mentira, me resulta inaceptable.