CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tiempo pasa y todavía no tenemos certidumbre sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Padres, familiares y compañeros continúan de pie, marchando y exigiendo respuestas al Estado mexicano, como lo han hecho desde el 26 de septiembre de 2014. Nadie como ellos sabe lo que representa cada día y cada noche de estos 57 meses transcurridos. Sólo ellos y las organizaciones que los acompañan conocen lo que ha costado recorrer el camino hacia la verdad y la justicia. Hoy asistimos a una vuelta de tuerca en la historia que puede resultar sustancial para la causa. El rompecabezas que nunca encajó Al día de hoy se ha caído a pedazos la supuesta verdad histórica de Jesús Murillo Karam, continuada por Arely Gómez. Aquella fabricada a partir de versiones sin sustento, siembra de evidencia por parte de la propia AIC y práctica de tortura, según lo documentaron los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos^[1]. Todos los esfuerzos y el tiempo invertidos para simular, engañar y obstruir el acceso a la justicia, desvirtuados de origen. Gracias a la participación del GIEI -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se fueron encontrando varias de las piezas faltantes del rompecabezas. Sólo a través de su trabajo fue posible conocer, por ejemplo, la imposibilidad del incendio ocurrido en el basurero de Cocula, la siembra de evidencia por parte de la entonces PGR, la existencia de un quinto autobús y la participación activa de autoridades federales y estatales en los hechos. El GIEI se constituyó como un mecanismo extraordinario de investigación, que con la venia del Estado mexicano logró avanzar sobre varias líneas de investigación y construir la teoría del caso. Contó con el apoyo de expertos forenses, quienes facilitaron las labores de análisis científico. Sin embargo, el alcance de sus hallazgos y su trabajo técnico resultaron incómodos al Estado. En su informe final, presentado en abril del 2016, el GIEI señaló dilaciones, obstrucciones y bloqueos por parte del Gobierno mexicano. Sus integrantes, incluso, formaron parte de la lista de víctimas del malware Pegasus, en el caso denominado #GobiernoEspía. Con todo y estos escollos, el caso de los estudiantes desaparecidos se ha convertido en algo más grande: en un símbolo de la violencia de Estado, pero también en un punto de quiebre en la defensa de los derechos. Hay un antes y un después de los eventos en Iguala, la movilización de diversos colectivos y organizaciones, el apoyo y participación de agencias internacionales y la empatía de muchos otros grupos que igualmente exigen respuestas al Estado y justicia a los responsables. No es un asunto menor que gracias a la fuerza del movimiento, el Ejecutivo Federal se comprometiera a darle la atención debida. Desde diciembre pasado, ya con la entrada del nuevo sexenio, se anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Su creación significó al menos un respiro, un gesto de esperanza, la posibilidad de construir un espacio de diálogo, renovar las investigaciones, buscar asistencia técnica internacional y brindar apoyo a las víctimas. La Comisión quedó instalada en enero de este año, conformada por funcionarios del Gobierno Federal, madres y padres de los jóvenes desaparecidos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Es tanta la desconfianza hacia las autoridades sembrada en estos años, que sólo con avances concretos se podrá hacer un balance. La Unidad puede transformar algo más que el caso Ayotzinapa El 26 de junio pasado se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por un lado, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, como una célula especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos relacionados con el caso. Por el otro, ese mismo día se dio a conocer la designación de Omar Gómez Trejo como su titular. Ambos hechos merecen análisis. Recordemos que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) se estableció un modelo flexible, en el cual a partir de prioridades o necesidades particulares es posible crear unidades de investigación y litigación para fenómenos criminales o casos específicos. Estas unidades pueden crearse dentro de las fiscalías especializadas previstas en la ley, o bien depender directamente del fiscal general. En principio se aprecia positivo que esta unidad responda directamente al fiscal, ya que éste deberá asegurar que goce de todos los recursos necesarios para el desempeño de su trabajo. Esto abre una ventana de oportunidad y renovación para la FGR, ya que a través de la unidad podrá mostrar una operación estratégica, con investigación rigurosa y coordinación con los servicios periciales y de inteligencia necesarios. Por otro lado, la designación como titular del que fuera secretario técnico del GIEI –y quien conoce ampliamente el caso– nos parece, de entrada, acertado, pues Gómez Trejo no requerirá una curva de aprendizaje: ha acompañado las investigaciones desde un principio. Tampoco será necesario construir un puente de comunicación con las víctimas para asegurar su participación en las investigaciones, pues que éste existe ya. Sin embargo, esto no basta. Gómez Trejo deberá planificar una estrategia de investigación e integrar un equipo multidisciplinario sumamente profesional y competente. La unidad para la investigación y litigación del caso deberá realizar un análisis minucioso de todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas, así como definir o continuar determinadas líneas de investigación. La planificación deberá comprender tanto las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos esa noche, como aquéllas derivadas de la participación, alteración u ocultamiento de evidencias; entre ellas las relacionadas también con la práctica de tortura y fabricación de culpables. Igualmente, la unidad deberá establecer un plan de búsqueda de los estudiantes, que puede enriquecerse con el desarrollo de las investigaciones, pero que a su vez deberá tener su propia definición y avance. Tal como lo establece el libro Delitos de Estado^[2], la investigación penal –en casos de macrocriminalidad como lo ocurrido en Ayotzinapa, en los que existe participación por parte de instituciones públicas–, requiere de un análisis que trascienda lo individual para integrar coherentemente el análisis de contexto. Este análisis será de igual o mayor importancia para comprender los aspectos que dieron lugar o que permitieron los hechos, tales como las relaciones que el delito investigado mantiene con otros, la participación de los responsables en ése y otros hechos, su relación con las personas implicadas en otros delitos, las conductas que –a través de la irregularidad institucional– permitieron la ejecución del delito, la utilización de estructuras, recursos y relaciones institucionales utilizadas para el funcionamiento del sistema delictivo, así como la sistematicidad y reiteración de los hechos. Esta nueva unidad tendrá una agenda investigativa mucho más amplia y compleja, por lo que el análisis de contexto comprenderá también el estudio de patrones, entendidos como series de eventos que implican algún grado de planificación y control, con el objetivo de identificar redes y modos de operación que posteriormente permitan constituir garantías de no repetición. Cabe recordar que la creación de esta unidad se da en medio de un proceso de transición hacia una institución de carácter autónomo, profesional y estratégico. Tal como en México Evalúa lo establecimos en el reporte De PGR a FGR: Lineamientos para la transición, el nuevo diseño de la Fiscalía deberá priorizar las funciones sustantivas y garantizar una transición ordenada. La definición del modelo de investigación será crucial y determinará el punto de partida para la construcción de un modelo de gestión y de atención a víctimas que garantice un verdadero acceso a la justicia. En este sentido, la Fiscalía deberá asegurar condiciones de independencia técnica para los operadores, facilitarles los recursos tecnológicos y de inteligencia necesarios, así como la definición de un modelo de investigación que atienda a la planificación y a políticas de priorización en la persecución delictiva. Bajo tales consideraciones, la unidad para la investigación del caso Ayotzinapa podrá representar un botón de muestra respecto de la transformación institucional y del sistema de justicia, tanto en el ámbito organizacional como en el desarrollo de sus funciones. Elementos decisivos para una nueva etapa Este entramado de señales y oportunidades puede significar ciertamente un giro en la investigación de un caso que ejemplifica las graves violaciones a derechos humanos que son cometidas y auspiciadas por el propio Estado. Sin embargo, en este momento no puede darse por sentado nada. Las condiciones están dadas, pero el trabajo de la Unidad de Investigación y Litigación de la FGR, así como el de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso, deberá ser de estrecha coordinación y colaboración. Ahora es cuando puede hablarse de un parteaguas institucional, pero éste requerirá de todo el apoyo por parte del Ejecutivo Federal y del titular de la Fiscalía General de la República, cuestiones que podrán evaluarse sólo con el tiempo. El acceso a la información y a todos los recursos necesarios será una condición necesaria para el proceso, al igual que la interlocución permanente con las víctimas y sus representantes, a quienes se deberá permitir la participación activa en todo el proceso. Otra condición necesaria tiene que ver con el apoyo y asistencia técnica internacional que deberá asegurarse en el marco de los trabajos, tanto por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya labor ha sido clave para el avance de las investigaciones y el respeto de los derechos. Finalmente, con esta nueva conformación están dadas las condiciones para que las decisiones tengan como centro a las víctimas y logre romperse con los pactos de impunidad. - - - - - - - *Chrístel Rosales es investigadora del programa de Justicia de México Evalúa @Chris_Ros ^[1] Informes Ayotzinapa I y II, Avances y conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas presentados por el GIEI; así como Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, integrado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ^[2] Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Delitos de Estado: Un enfoque para la investigación de nuevas formas de criminalidad. Yuli Pliego, Diana Mora y Margarita Griesbach. 2018