Mi desconfianza en nuestra democracia representativa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Concluidas las votaciones de 2006 colaboré con Proceso para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de ese año. Menciono ese recuerdo porque me marcó: a partir de entonces dejé de creer en el debido funcionamiento de nuestro sistema electoral cuando la competencia es cerrada. Me rehusé a consentir que el más esencial elemento del sistema tuviera como garantía de origen, un salto de fe.
Otra anécdota más añeja también me impactó: hace quince años la primera causa de derechos humanos que litigué trataba sobre el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese caso me permitió constatar el empleo a conveniencia de las consultas a la ciudadanía y el imperio de los acuerdos políticos por encima de designaciones con legitimidad de origen.
La semana pasada pensé en eso a causa de la invitación de una antigua colega para participar en un espacio nombrado “Diálogos hacia una política en materia de designaciones”. Constaté lo poco que han variado las cosas y por eso me quedé meditando en lo lejano que me resulta encontrarme representado en esta época del año, cuando se deciden las maneras de ingresar e invertir los dineros públicos.
Por el contrario, en torno a la crisis climática me siento bastante representado por voces como las que en la semana se escucharon en Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso me atrevo a escribir, si se me permite, que celebro lo acontecido en Oaxaca. Obvio, no tengo que conocer en persona a quienes participaron, ni tengo que ser parte de los movimientos a los que pertenecen, no necesito de invitaciones para presumir mi anónimo trabajo, ni tengo que tener ningún rasgo en común con tales personas; porque al final, los mensajes y las exigencias son las adecuadas, y lo que es vital es lo que nos une.
Así que de vuelta con el tema de nuestra ineficiente representación en las sedes de las instituciones que nos gobiernan o a veces hasta en las que salvaguardan nuestros derechos, lo que quiero resaltar este día es lo complejo que resulta demandar exitosamente ante el poder judicial, por vía del amparo, que se cumplan los mandatos de nuestra Constitución, tanto por lo que hace a las designaciones de quienes tendrían que servirnos, como por lo que toca a nuestro dinero público.
Para mí, es sin duda una deuda pendiente de nuestro sistema de justicia. Ojalá que no hubiera razón para demandarlo. De verdad, mucha gente disfrutamos hacer cosas diferentes con nuestro tiempo. Igual ahora que se renueve la cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habrá un procedimiento de consulta pública transparente y quedará con esa responsabilidad alguna mujer defensora de derechos humanos de toda la vida –honrando la orden de paridad–.
Pero si sucediera que prevalece la voluntad política de quienes integran el Senado y designan a alguien sin la suficiente legitimidad, el camino litigioso resulta del todo engorroso. No tengo conocimiento de que se haya llevado la exigencia de respeto al derecho de consulta pública transparente reconocido en el artículo 102 constitucional, pero sí de que los precedentes de la Suprema Corte la complican.
Y por lo que hace a la justiciabilidad de los recursos públicos, otra odisea. Incidir en el proyecto de presupuestos, pues imagino que solamente si se tiene cercanía con el presidente. Influir en lo que al final apruebe la Cámara de Diputados, tarea también dependiente de la voluntad política o labor muy especializada lejana del común de las personas. Y por lo que toca a los ingresos, algo semejante –ojalá con la novedad de la prohibición de condonaciones de impuestos–. Complejísimo y distante participar efectivamente en la determinación de los casos para recaudar.
Llevar a tribunales esas exigencias, una travesía llena de obstáculos procesales. Si cuestionas el presupuesto, por ejemplo, pues o te resuelven el amparo en un año o fracasas. Y si el tiempo te brinda oportunidad, otros pretextos: imposibilidad de concreción de la sentencia o abstracción de la demanda. Mi conclusión: no tenemos cómo asegurar una representatividad funcional. De ahí mi desconfianza.