CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se refirió, en su reunión de consulta celebrada el miércoles 11, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con miras a utilizarlo ante los problemas de Venezuela. Para varios miembros de la organización que denunciaron ese tratado hace ya varios años (Bolivia, México, Nicaragua, Perú, Panamá) semejante referencia resultó desconcertante. Abre una serie de interrogantes sobre lo que puede esperarse en el futuro próximo. El TIAR es un documento de los años de la Guerra Fría, aprobado en 1947 para asegurar la acción colectiva de todos los países del continente americano, incluido el uso de la fuerza, en caso de ocurrir un ataque armado o cualquier amenaza a la paz y seguridad del continente, proveniente de un poder extracontinental. Se trataba, sin duda, de fijar bien los límites territoriales donde no debían incursionar los países del bloque encabezado por la Unión Soviética. En la realidad, las disposiciones del TIAR fueron utilizadas, sobre todo aunque no únicamente, por Estados Unidos para detener los movimientos sociales que podían atentar contra sus intereses económicos en América Latina. Así quedó demostrado en la reunión de Caracas en 1954 destinada a condenar la “influencia comunista” en el gobierno de Arbenz en Guatemala. México fue un claro opositor a la utilización del TIAR desde sus inicios. El rasgo distintivo de su política interamericana fue, justamente, el rechazo a la interpretación de sus disposiciones que permitía la intervención en asuntos de jurisdicción interna de los Estados. El recuerdo de los años difíciles de la Revolución había dejado una huella en la diplomacia mexicana. Evocar los principios gestados entonces cumplía varios propósitos, entre ellos mantener el espíritu nacionalista, tan útil para la legitimidad y prestigio del gobierno del PRI. No fue sorpresivo que ya en el siglo XXI, bajo el gobierno del PAN, México denunciara el TIAR. En realidad, era una idea que había flotado en el ambiente desde hacia muchos años. En su conocida obra México y el orden internacional (1956), el conocido jurista y más tarde canciller Jorge Castañeda de la Rosa había apuntado en la conclusión de su estupendo capítulo sobre organismos regionales y panamericanismo: “Si como parece posible el TIAR fuera utilizado contrariamente a sus fines (…) México debería considerar seriamente la conveniencia de denunciar el referido tratado, desligándose así de los compromisos que entraña”. Dados estos antecedentes, la resurrección del TIAR produce cierta perplejidad y lleva a preguntarnos ¿qué se persigue después de tantos años reviviendo un documento tan obsoleto? Sin duda se busca un instrumento jurídico a partir del cual puedan tomase acciones para destrabar el callejón sin salida en que se encuentra el problema de Venezuela. Ahora bien, referirse al TIAR es francamente descabellado, porque es evidente que no ofrecerá ninguna ayuda. En primer lugar, el hecho de que algunos países lo hayan denunciado ahonda las divisiones, de por sí muy acentuadas, entre los miembros de la OEA. Cierto que Venezuela acaba de reconsiderar y se ha reintegrado al TIAR, pero no puede perderse de vista que la representación venezolana en esa organización y todas las decisiones en que participe tienen un vicio de origen: son tomadas por un representante del gobierno de Guaidó, cuyo reconocimiento como representante de su país fue tomado por un órgano, el Consejo Permanente, que no tiene las atribuciones para hacerlo. En segundo lugar, la invocación de las disposiciones del TIAR conlleva el peligro de tomar decisiones que incluyen el uso de la fuerza armada. Sin embargo, la opinión mayoritaria de los países de la Unión Europea o de América Latina es contraria a la opción de intervenir militarmente en Venezuela. Finalmente, el despido del conocido “halcón” ultraconservador John Bolton como asesor de cuestiones de seguridad del gobierno de Donald Trump ha sido interpretado en opiniones en medios de comunicación como resultado de desacuerdos respecto a posiciones más agresivas en el ámbito internacional que, por ejemplo, contemplen acciones militares. La opinión más generalizada es que ésta no es recomendable durante campañas electorales. Es conocida la poca simpatía de la mayoría de los estadunidenses por aventuras militares que puedan tener altos costos y resultados inciertos. Trump lo sabe y está jugando con un estilo conciliador en asuntos tan diversos como los talibanes en Afganistán, los misiles de Corea del Norte, Irán o los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Sería extraño que en estos momentos Trump quisiese embarcarse en acciones militares en Venezuela. La única consideración excepcional en este caso sería el interés en asegurar los votos cubanos y venezolanos en Florida durante la elección presidencial. Me parece poco probable que así sea. Una reunión de consulta al amparo del TIAR no parece, pues, ser el preámbulo de una acción militar en Venezuela. Lo más probable sería una resolución que acentúe aún más el aislamiento de Maduro pidiendo el rompimiento de relaciones, lo cual seguramente no sería aceptado por países que, sin estar obligados por el TIAR, tampoco tienen la intención de proceder a tal rompimiento. Resucitar el TIAR pone en evidencia la frustración y sentido de impotencia que despierta la trágica situación de Venezuela. Buscar otros caminos es obligado para toda la comunidad internacional. ¿México puede tener espacios para intentarlo? Este análisis se publicó el 22 de septiembre de 2019 en la edición 2238 de la revista Proceso.