CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No deja de sorprenderme la confusión inducida en México en torno a los contrapesos. Si bien la división de poderes desembocó en una arquitectura constitucional, su origen –tanto en Locke­ como en Montesquieu– es político: el propósito de salvaguardar la libertad de los gobernados frente al perenne peligro del gobernante abusivo. La distinción entre oponerse y contrapesar es obvia. Por supuesto que la oposición a un gobierno corresponde a los partidos, no a los juzgados, pero el argumento es tramposo si se esgrime para justificar la sumisión de estos frente a aquel. Excluyo de esta argumentación al Congreso porque un presidente lo tiene de su lado cuando la bancada de sus correligionarios es mayoría, y un primer ministro cuenta siempre y por definición con el apoyo del parlamento. Por eso sostengo que, en este sentido, el contrapeso por antonomasia del Ejecutivo es el Poder Judicial. En una democracia, contrapesar implica evitar la concentración del poder. Se trata de distribuirlo para impedir que gobierne un autócrata, lo sea a priori o a posteriori, pues la premisa es que quien manda tiende a mandar más –con buenas o malas intenciones– y que el desbordamiento de dominio del poderoso solo se detiene en la medida en que haya diques. La lógica de ese mecanismo que en Estados Unidos llaman checks and balances no solo es de funcionalidad sino primordialmente de equilibrio, de protección a la ciudadanía. No es conveniente que quien ejecuta también juzgue y dirima diferendos. El poder se limita con el poder mismo y el ciudadano, de otro modo inerme, resulta protegido contra sus abusos. Con un jefe de Estado tan popular e impositivo, México requiere más que nunca contrapesos. Creo que la judicatura mexicana debe corregir muchas cosas, empezando por la corrupción, la endogamia y la desvinculación de la sociedad, pero tiene que hacerlo sin caer en el juego de las ambiciones políticas. Aunque no me acaba de desagradar la vieja conseja de que los juzgadores han de hablar con sentencias y me causa escozor la sed protagónica de algunos de ellos, sé que la comunicación social es clave y celebro que el titular de nuestra Suprema Corte utilice las redes y los medios para dialogar con la opinión pública. Aplaudo aún más que saque al poder judicial de su aislamiento y rinda cuentas, particularmente del combate a las corruptelas y al nepotismo en sus filas. Lo que deploro es su defensa sistemática del presidente de la República y hasta de integrantes del gabinete, tanto como el tono de sus pronunciamientos. Y es que, si no se supiera quién los emitió, se pensaría que vienen de un militante de Morena. Para cualquier demócrata eso es irritante. ¿Por qué lo hace? ¿Quiere el apoyo de Palacio Nacional para consolidar su fuerza en la Corte o tiene otras aspiraciones? No son declaraciones inocuas y su intencionalidad es ostensible: es “público y notorio”, para usar una expresión de abogados, que dice lo que Andrés Manuel López Obrador quiere escuchar. Si en buena tesis democrática se espera que la cabeza de la judicatura ejerza su autonomía y contrapese, es decir, que actúe al margen de consignas o de favoritismos a fin de que el ejecutivo no extienda su poderío a un ámbito que debe serle ajeno, ¿para qué adoptar esa postura? Si no hubiera algún otro cálculo sería una tontería, y Arturo Zaldívar no tiene un pelo de tonto. Lo respeto y, pese a que apenas lo conozco, sé que es un hombre inteligente y astuto. Justamente por eso me aflige que haya adoptado ese talante partidario que proyecta una imagen de subordinación a AMLO. Vuelvo a mi cuestionamiento: ¿es un intento denodado de ganarse la simpatía presidencial o es algo más? Descarto otras dos posibilidades, paradójicamente una por su perfil ético y otra por su pragmatismo: la de actuar movido por el temor que ya provocó la renuncia de un ministro y la de buscar el pase a la historia como aliado clave y en cabal coincidencia ideológica con la 4T. Así que me quedo con la disyuntiva: o es un intento de consolidación de poder interno, con un alto costo institucional en términos de credibilidad, o es un proyecto que trasciende el poder judicial. Ahora bien, tiene razón el ministro Zaldívar en exigir que se juzgue a su Presidencia por hechos más que por dichos. Eso haré y, si su afán de complacer a AMLO no pasa de la retórica y en las votaciones que más interesan al presidente pesa más la justeza que la renuencia a contrariarlo, desecharé la sospecha de ambición política. Lo que no podrá desecharse es el quebranto del fondo a manos de la forma. PD: Otra cosa que me sorprende en este inicio de año, que también tiene que ver con la concentración del poder presidencial, son los vaticinios del fin de las mañaneras como las conocemos. ¿Cómo por qué habría AMLO de cancelar algo que le es sumamente útil y que va mucho más allá de una conferencia de prensa? Además de megáfono de adoctrinamiento, son espacio para marcar agenda, hacer control de daños y distraer a la opinión pública, sede de juicios sumarios y órdenes de castigo a sus opositores, plataforma para tirar línea sin pagar el precio de hacerlo a la manera tradicional, incluso válvula de escape a sus tensiones. Es decir, el salón de tesorería de Palacio alberga cada mañana un podio, un ágora, un tribunal, un paredón, un púlpito, un salón de clase y, si me apuran, un diván. ¿De veras hay quien crea seriamente que prescindirá de todo eso? Quienes, exasperados, pronostican su extinción incurren en wishful thinking. Para AMLO constituyen un instrumento imprescindible de consolidación de su hegemonía al cual, a mi juicio, jamás renunciará. Este análisis se publicó el 12 de enero de 2020 en la edición 2254 de la revista Proceso