(Ir)responsabilidad judicial

viernes, 2 de octubre de 2020 · 14:35
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Qué acontece si en los Poderes Judiciales se ignoran los precedentes aplicables para resolver los asuntos que se juzgan? ¿Es posible que sus integrantes evadan sus determinaciones previas sin dar explicaciones? ¿Tienen responsabilidades especiales ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia por dicho olvido? Es claro que una nueva reflexión puede llevar a cualquiera a cambiar de criterio, pero cuando se brinda el servicio público de impartir justicia, es necesario cuidar la coherencia o consistencia argumentativa. No se ve bien ser garantista de ocasión. Si un día la salvaguarda de los derechos humanos permite saltar textos expresos de una ley, para otro día aplicar ésta por dura que sea, sin que se compartan razonamientos que justifiquen ese proceder, nos encontraremos en un escenario en el que aquéllos sirven solo de pretexto y de objeto de discurso, para lo que sea.
Te recomendamos: Una propuesta de seguridad judicial
En lo que va de este año he podido conocer varios casos que llaman mi atención. Como es normal, unos tuvieron registro en medios, otros no tanto. En todo caso, lo que más extraño es que no sea generalizada una exigencia seria de congruencia. Entiendo que no se quiera criticar demasiado a la Corte, ni en sede académica, ni dentro del foro, porque tarde que temprano podría necesitarse una puerta abierta en sede judicial, pero el resultado de ese hábito no puede llevarnos a buen puerto. No obstante, hay que rescatar lo que se pueda, mientras se pueda. Así que con eso en mente, me da gusto que el derecho a la consulta popular haya revivido, porque hasta antes de este primero de octubre permanecía muerto por decisión judicial. Más gusto me dará que quienes lo han resucitado mantengan posturas pro derechos en lo que les resta de mandato, para todos y cada uno de sus casos.
También puedes leer: Justicia con y sin precedentes
Que no sea el hecho de que el presidente de la República impulse la pregunta lo que haya orientado el sentido de los votos de la mayoría en la Suprema Corte, pues cierto es que todavía no se inicia una consulta popular realmente ciudadana. Pero me conformo con que llegue el día en que nadie se sienta sin necesidad de rendir cuentas. Cuando en el ejercicio de sus funciones, ministras o ministros incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, pueden tener por sanción su destitución e inhabilitación. Me resulta evidente que actualmente no existen las condiciones, ni es deseable que algo así suceda, pero tampoco acepto que esto sea letra muerta. Sobran maneras de justificar votos que parecen encontrados, pero a mediano y largo plazos, es menos sencillo ocultar cambios de enfoque en la forma de juzgar. Un día se acatan las formalidades por sobre todas las cosas, otro el espíritu de las leyes, un día lo que más importan son los derechos, otro favorecer a la autoridad. Eso se va acumulando y cuando resulta evidente para cualquiera, se debe actuar. Deberá llegar el día en que se pueda juzgar a quienes nos juzgan. Ojalá para entonces nos exhiban solo buenas cuentas y que nunca eso se ponga a consulta. Mientras tanto, la mayoría en la Suprema Corte hizo lo que quiso con el derecho humano a la consulta popular y hasta con la pregunta que se nos va a consultar. Lo cual deja algo muy malo para especular: no importa tanto lo que se pregunte, sino que algo se pregunte justo el año próximo, en plena jornada electoral federal.