Opinión

Necedades digitales en tiempos de pandemia

En su afán de obtener ingresos adicionales que resuelvan los gastos extraordinarios que ha tenido por el covid-19, el gobierno ha tomado medidas tan impopulares como irracionales.
miércoles, 28 de octubre de 2020

Hay dos cosas que ya sabíamos que iban a ocurrir: el repunte (todavía falta el rebrote) de casos de coronavirus en México y que el gobierno de la Cuarta Transformación buscaría obtener ingresos por cualquier vía. En ambos casos la economía digital puede ser una alternativa para reactivar la economía. En ambas situaciones la 4T optó por castigar al sector digital.

La pandemia y su larguísima cuarentena generó una economía de confinamiento. La única forma de que las actividades productivas siguieran avanzando era a través de internet. El confinamiento conectado ya era de por sí suficientemente excluyente, porque 30% de la población o 40 millones de mexicanos no tenían acceso a la conectividad, o los trabajos informales los obligaba a salir y ponerse en riesgo. Aún así no había alternativa: había que trabajar y estudiar y entretenernos en casa.

Ya sabíamos que no estábamos preparados para enfrentar la pandemia, pero es inaudito que sigamos sin estarlo. Han transcurrido ocho meses de pandemia, casi 1 millón de contagios, casi 90 mil muertos oficiales, 30 millones de estudiantes recibiendo pésimos contenidos educativos por la televisión abierta y la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República no ha planteado un plan emergente para acelerar la digitalización de México.

Sabemos que faltan semanas, quizá meses de confinamiento, y que la vacuna todavía tardará en desarrollarse, producirse, distribuirse y aplicarse a la población. Durante ese tiempo la población seguirá confinada y requerirá estar equipada con tecnología y conectada a internet. Según la consultora NDP, debido a la pandemia de enero a agosto de 2020 las ventas de laptops y computadoras de escritorio crecieron 53% y 14%, respectivamente, cuando ese mercado venía declinando.

En su afán de obtener ingresos adicionales que resuelvan los gastos extraordinarios que ha tenido por el covid-19, el gobierno ha tomado medidas tan impopulares como irracionales. Desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones responsable de la política pública de inclusión digital. Sí, cuando más conectados necesitamos estar y cuanto más urgente es una política digital para que la población acceda a servicios de telecomunicaciones, a la 4T se le ocurre salir con la guadaña y desaparecer subsecretarías.

La 4T y Morena en el Congreso también optaron por eliminar los fideicomisos. No es que no debieran revisarse las reglas de operación de esos instrumentos financieros, sino que con un hacha le quita dinerito a artistas, creadores, investigadores, científicos y muchos más de forma indiscriminada.

México tiene una de las penetraciones de telefonía móvil más bajas de América Latina: apenas 93% (sólo por arriba de Venezuela y Cuba con 72 y 47%, respectivamente), cuando países como Costa Rica tiene 170 dispositivos por cada 100 habitantes o Chile con una teledensidad de 134%.

La Secretaría de Hacienda piensa que es una buena idea incrementar el costo por el uso del espectro radioeléctrico, en lugar de estimular una mayor cobertura y adopción de tecnologías y servicios móviles que permita una mayor recaudación por el consumo de servicios de telecomunicaciones.

En la revisión de la iniciativa de la Ley Federal de Derechos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ajustó a la inflación las cuotas para la banda de 800 MHz, donde se encuentran usuarios móviles 3G. A diferencia de la exorbitante iniciativa de Hacienda, la propuesta de los diputados es que el pago por los derechos para esa banda de cobertura nacional se incremente 7% de la inflación para 2021.

No es un triunfo, sino la clásica estrategia de incrementar mucho el precio del espectro para que sólo quede en un aumento “razonable”. Tal y como la ajustaron los diputados, la banda de 800 MHz preserva las cuotas que ya han puesto en aprietos a varios operadores de telecomunicaciones, al grado de preferir devolver las frecuencias que pagar los elevados derechos espectrales. No hay cambio ni mejoría, sólo no es exorbitante como lo había propuesto Hacienda.

Tan es así que los diputados no han tocado los derechos por el uso de la banda de 600 MHz que se licitará en 2021 ni el costo de la banda de 3.5 GHz. Ambas frecuencias son idóneas para el futuro despliegue de las redes móviles de quinta generación (5G). La banda de 600 MHz es para cobertura y la de 3.5 GHz para capacidad en ciudades densamente pobladas. El costo de ambas bandas que prevalece en la iniciativa hacendaria (aún intocada por los legisladores) sigue siendo restrictivo para la inversión y el despliegue de las redes de nueva generación.

La Secretaría de Hacienda ya logró que a partir de junio de 2020 las plataformas y servicios digitales residentes en el extranjero paguen impuestos, pero ahora quiere bloquear las aplicaciones y sus servicios si incurren en omisiones fiscales. Si las apps no se inscriben ante el Registro Federal de Contribuyentes, no designan a un representante legal, si no tienen un domicilio en México o no pagan el IVA y el ISR, se bloqueará el acceso a internet a sus servicios.

Sí, el mejor mecanismo de control que encontró Hacienda mientras estamos confinados en casa utilizando cada vez más aplicaciones, plataformas y servicios digitales es bloquearlos si no cumplen con sus obligaciones fiscales. La medida claramente atenta contra la libertad de expresión y contra los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la cultura, la educación, la salud y una internet abierta.

A la imperiosa necesidad del gobierno de obtener recursos fiscales se suman un conjunto de acciones contra uno de los sectores que más ha ayudado a la población y a muchos negocios a enfrentar el confinamiento desde los hogares y el trabajo remoto, y que más podría contribuir a la recuperación en las inciertas semanas o meses de pandemia que aún nos faltan.

El autor de este texto es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi