Ricardo Raphael

El delator premiado apesta

El delator es un individuo que, en principio, colabora con la justicia para que se haga justicia y, sin embargo, a pesar del bien que puede hacer, se le desprecia igual que al peor de los bichos.
lunes, 30 de noviembre de 2020

Cuando una sociedad usa tantos términos para referirse a una misma cosa, o a una misma persona, es que el tema nombrado incomoda mucho. Los sinónimos de la palabra delator son prueba de ello: confidente, soplón, traidor, arrepentido, felón premiado, criminal galardonado, colaborador, testigo protegido, informante mercenario.

El delator es un individuo que, en principio, colabora con la justicia para que se haga justicia y, sin embargo, a pesar del bien que puede hacer, se le desprecia igual que al peor de los bichos.

La delación premiada tiene una larga trayectoria en la biografía del derecho penal. Se utilizó en la Grecia antigua y en la época de los romanos, en la Edad Media y cuando la Inquisición. Los regímenes totalitarios, fascistas y comunistas abusaron de la figura.

Ésta es la razón por la que apesta el nombre y utilizamos sinónimos.

Sin embargo, desde los años noventa del siglo pasado, cuando el globo tomó conciencia de la sofisticación internacional que estaban alcanzando algunas formas de corrupción, la delación premiada recuperó estatura.

Tres fueron las razones que primaron para abrazar de nuevo al delator: 1) la dificultad de combatir por otros medios la urdimbre de negocios que se volvieron muy enredados, como el de las drogas, la trata de personas, la corrupción política o el terrorismo; 2) arrebatar pretextos a los jueces que, por razones diversas, preferían mantener subordinadas sus sentencias al poder político, y 3) hacer creíble que los corruptos, por más ricos y poderosos que fuesen, podían volverse mortales comunes y corrientes.

El delator premiado es una figura del derecho penal que se explica por la necesidad política de salvar a la democracia de una de sus peores amenazas: la corrupción. Es, en efecto, un mal menor que ayuda a que la justicia y el derecho se impongan sobre la vileza y el caos propios de la plutocracia.

En Italia, el delator premiado ha sido fundamental para combatir a la mafia y también al poder político amafiado con los criminales más peligrosos. El maxiproceso denominado Manos Limpias no habría llegado a ningún lugar sin los arrepentidos.

En Brasil, los llamados crímenes hediondos, o crímenes por corrupción, que destaparon escándalos tan graves como el Lava Jato, obligaron a que el Congreso legislara con precisión los límites y los alcances de esta figura.

En Estados Unidos los ejemplos abundan, desde el proceso seguido contra la corrupción dentro de la FIFA, hasta los maxiprocesos que hemos atestiguado recientemente en el tribunal de Brooklyn en contra de Joaquín Guzmán Loera o Genaro García Luna.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que representa y, sobre todo, del peligro que para la sobrevivencia de nuestra democracia significa la corrupción, la mayoría de quienes vivimos en México no tenemos en buena estima a los soplones.

Desconfiamos de ellos porque son mercenarios dispuestos a intercambiar secretos a cambio de prebendas, que pueden ser económicas o, peor aún, mayor impunidad frente a los delitos cometidos.

Nos hace levantar la ceja la hipocresía de sus intenciones. Sabemos que no son felones arrepentidos, sino delincuentes con suerte.

Enfurece también que el beneficio para los delatores esté reservado para los grandes delincuentes de cuello blanco. Es decir, que las ventajas, en este caso de nuevo, tengan como precondición la pertenencia a la clase más alta del poder o del dinero.

Acaso como memoria de la Inquisición, la desconfianza mayor proviene de la convicción de que esos felones sólo sirven para hacer teatro, pero no justicia. Son actores que hacen piruetas en la calle, pero de poco o nada sirven dentro de los tribunales.

De ahí que se les mire como meros instrumentos de políticos ambiciosos motivados por la aniquilación de sus adversarios. Poco se cree que los delatores premiados provean realmente información que contribuya, con solvencia, a que la justicia haga su trabajo.

El dilema no es menor: de un lado, no es posible enfrentar los aparatos de corrupción de nuestros días sin echar mano de los autores y coautores del delito, mientras que, del otro, nos repugna verlos intercambiar secretos por impunidad o dinero.

Éste es uno de esos temas donde la moral, el derecho y la política se entreveran inconvenientemente. Por eso la sensación incómoda y poco asertiva frente a los delatores.

A diferencia de México, la mayoría de los países que se han visto obligados a echar mano de esta figura cuentan con una legislación especial para normar la delación premiada. Brasil, Estados Unidos, Argentina o Italia comprendieron que no alcanzan los códigos penales, ni los de procedimiento, para resolver la tensión entre valores morales y jurídicos aparentemente contradictorios.

Quizá sea tiempo para que en México pensemos en un recurso similar. El uso de autores o coautores del delito como delatores de una causa delictiva mayor no puede dejarse en manos del arbitrio o el contentillo político de fiscales y ministerios públicos.

Hay una máxima del jurista brasileño Cándido Furtado Maia Nieto que podría colocarse en el primer artículo de esa iniciativa de ley: “una delación no es prueba ni medio de prueba, es apenas un medio de obtención de la prueba”.

Apegados a esta máxima, poco importa si el presunto felón asegura que la Tierra sea plana, cuando no aporta evidencia contundente para probarlo. Sus declaraciones mercenarias serán fuegos de pirotecnia, fugaces y demagógicos, en tanto no se vean acompañadas de medios legales y robustos para corroborarlas.

En otras palabras, por más mediáticas que sean, las delaciones sólo deben ser un indicio dentro de la investigación, una pálida pista –que sin evidencia– sirven de muy poco.

Un problema añadido es que no contamos aún con cultura jurídica para relativizar, para colocar en su justa medida, las declaraciones públicas del delator. Y cuando la sociedad juzga antes que el juzgador, el estado de derecho se desmorona junto con las garantías democráticas.

Desde el principio de la historia del derecho penal, el delator ha sido pieza clave del espectáculo justiciero: un Judas Iscariote que merecería la horca.

Lo paradójico es que únicamente cuando ocupa un lugar menos destacado, sirve a los propósitos de la justicia.

El delator premiado es un mal menor que puede ayudar a los propósitos más elevados de la sociedad, siempre y cuando su rol en el proceso de la justicia no sustituya a la justicia.

Este análisis forma parte del número 2300 de la edición impresa de Proceso, publicado el 29 de noviembre de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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