Un tribunal peculiar

jueves, 12 de marzo de 2020 · 22:45
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me parece que una buena forma de reflexionar sobre los detalles de la iniciativa de reforma judicial presentada hace un mes es a través de historias reales que permitan ilustrar, en la práctica, los impactos que podrían darse si la misma es aprobada en sus términos y se convierte en ley. Por supuesto, estos relatos los puedo compartir por participar directamente en ellos o porque los conocí por fuera. Eso sí, cualquiera puede sostener que si difundo algo en lo que estoy involucrado, corro el riesgo de perder objetividad. Frente a ello no me queda más que anticipar mi implicación y dejar a decisión de quienes me lean si he logrado transmitir un asunto de interés público o no. Aclaro también que siempre suelo pensar que si defiendo un caso, lo que realmente intento es tratar de contribuir a una causa justa. Advertido eso, mi relato de hoy tiene como protagonista al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de Morelos. Seguro estoy de que es único en su tipo, porque tiene reconocimiento en su Constitución local, porque en ella se garantiza su autonomía de gestión presupuestal y porque cuenta con su propia ley orgánica. A ello se suma que en Morelos quedó constitucionalmente establecido un piso presupuestal mínimo para su Poder Judicial –hoy conformado por aquel Tribunal y el Superior de Justicia– del 4.7% del monto total del gasto programable autorizado para cada Presupuesto de Egresos. Tal garantía constitucional de autonomía presupuestal es la excepción en nuestro país, sin importar que bien pudiera contribuir a asegurar la independencia real de los Poderes Judiciales en cada estado. Pienso incluso que la forma en la que se introdujo esta garantía en la Constitución de Morelos ilustra la renuencia política imperante. Es una reforma que quedó aprobada dos administraciones atrás. No fue publicada durante todo un sexenio –probablemente para no acatarla, ni tener que lidiar con sus consecuencias– y por fin vio la luz como un regalito al gobierno actual, que por supuesto no la ha obedecido en los dos años que lleva vigente. En este punto de la historia resulta del todo conveniente poner de manifiesto que si bien la autonomía presupuestaria por sí sola no garantiza el funcionamiento adecuado de las instancias de justicia, por lo menos debería impedir que el dinero sea un factor de control político, y eso vale para otras sedes como las municipales. En cualquier caso, de vuelta al Tribunal de Justicia para Adolescentes de Morelos, reafirmo que es muy particular. Su personal lo conforma una mayoría de mujeres, que también son mayoría en los puestos de titulares, pues lo encabeza una mujer. Como botón de muestra final, llama la atención la manera en la que apoyaron el paro nacional del 9M: “Las mujeres que laboramos en el Tribunal… reconocemos nuestro Derecho y el de todas las mujeres a vivir en paz, armonía y libertad”. Sin jerarquías, sin permisos innecesarios, sino con un enfoque colectivo de derechos. Y este Tribunal está dando una batalla jurídica de trascendencia monumental para defender su autonomía presupuestal, y con ello la independencia judicial. Aquí es donde viene a cuento un detalle de la llamada reforma judicial. En ella se plantea la reforma al artículo 105 de nuestra Constitución General para dejar en claro que en los juicios de controversias constitucionales “podrán hacerse valer violaciones directas a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte”. Lo segundo, excelso, pero ¿qué se entiende por violaciones directas? ¿Se usará para reducir el número de casos que se deciden en la Corte en su rol de Tribunal Constitucional? Los propios precedentes de la Corte enseñan que los ataques a la autonomía de gestión presupuestal de los Poderes Judiciales implican violaciones a los artículos 17 y 116 constitucionales, así como a la división de poderes. El tema clave es que para llegar a eso necesariamente se tiene que razonar que se presentan también violaciones a normas constitucionales locales, las que aseguran a nivel estatal aquella autonomía presupuestaria. Así las cosas, ¿violación directa o indirecta? De la respuesta depende el éxito del juicio y la garantía de independencia judicial. Bueno, de eso y de que la Corte no se tarde lo habitual para luego decir que con el cambio de año ya no se pueden estudiar las violaciones de un Presupuesto previo.

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