CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El atroz asesinato de Fátima profundizó aún más el dolor y la rabia provocados por años y años de desapariciones y feminicidios terroríficos. Ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde las primeras denuncias acerca de las asesinadas en Juárez, que iniciaron la conciencia acerca del espanto, y la situación empeora. Luego empezaron los casos de niñas secuestradas, violadas y asesinadas, como Valeria, de 11 años, a quien su padre subió a una combi para que no se mojara cuando empezó a llover, y el chofer acabó violándola y asesinándola. Con Fátima no fue un hombre desconocido quién perpetró el horror, sino que una mujer cercana, víctima a su vez de violencia, entregó a la niña a su suplicio y participó en su homicidio. No basta conceptualizar la barbarie sexualizada como expresión del patriarcado y su necropolítica neoliberal; sin duda lo es, pero también hay que verla como expresión de subjetividades dañadas. El feminicidio, una trágica y espeluznante realidad social, es también una trágica y espeluznante realidad psíquica. Ningún gobierno, en naciones con menos violencias, ha podido transformar la sedimentación libidinal que subyace a las construcciones históricas de las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres. Las feministas han denunciado la cultura patriarcal y su actual dinámica necropolítica, y algunas de sus reflexiones esbozan el complejísimo proceso que alienta los llamados “crímenes sexuales”, de los cuales el feminicidio es la expresión más brutal. Pero, ¿cómo detener esas agresiones despiadadas, cómo prevenirlas? ¿Será posible contener los actos de locura y funesta crueldad que siguen repitiéndose?  Quienes han asumido la difícil tarea de investigar por qué ciertos seres humanos agreden, torturan y matan con ese contenido sexualizado, ofrecen algunos elementos para entender la naturaleza simultáneamente psíquica y social de esa fatídica criminalidad. La psicoterapia forense ha tratado a pacientes que han cometido crímenes sexuales, y sus procesos terapéuticos han permitido ir más allá de las explicaciones socioeconómicas y comprender las causas afectivas que impulsan a realizar esas barbaridades. ¡Ojo! Comprender no es justificar. Y aunque no existe una receta para prevenir futuros actos de violencia, la comprensión es un paso necesario para poder establecer líneas de prevención y para exhibir la inutilidad de ciertas respuestas judiciales y carcelarias. Crece la exigencia ciudadana al gobierno para que destine más recursos al combate a la violencia, en especial para que mejore la capacitación de su personal. El caso de Fátima exhibe desgarradoramente la precariedad de los servidores públicos que son los primeros en recibir una demanda de desaparición. ¿Por qué reaccionaron tan lento, por indiferencia o por ineptitud? Hoy sabemos que de haber habido una respuesta eficaz, tal vez Fátima estaría viva. Pero además de lo imprescindible que es mejorar la actuación del personal judicial y policiaco, el gobierno tendría que dar un paso en una dirección mucho más creativa: diseñar y difundir intervenciones culturales y mediáticas dirigidas a desmitificar ciertas creencias nocivas. Tres son muy comunes: 1) el aumento de las penas inhibe los delitos, 2) una política “dura” de seguridad elimina los riesgos y 3) el entorno familiar siempre protege.  Una labor gubernamental muy difícil consiste en ir erosionando estas creencias a base de debates públicos y políticas comunicativas y, en vez de difundir clichés, empezar a transmitir la explicación, fundamentada ya en muchísima evidencia, de que el punitivismo produce una falsa sensación de seguridad, pero no atenúa la criminalidad. Subir las penas tiene el objetivo de transmitirle a la ciudadanía el mensaje de que se está reaccionando, pero no comunica que, por el carácter sistémico, a la vez social y psíquico, de las violencias, es imposible eliminar los riesgos que produce la condición humana, con su pulsión de muerte y sus perversiones psíquicas generadas en ciertas dinámicas del ámbito familiar.  Sí, el fenómeno de la violencia sexualizada es muy complejo, y la mayoría de las causas que llevan a cometer tales cruentas aberraciones se gesta en los rincones de la psique y en algunas dinámicas de las instituciones sociales de protección, comenzando por la familia. Es inútil exigirle al gobierno –o rogar al cielo– que ya no existan personas que encaucen su sufrimiento, su furia y su confusión en actos salvajes como el que acaba de ocurrir. Lo que sí es exigible, y me sumo a las feministas que lo hacen desde hace años, es que el gobierno mejore la atención, responda con eficacia y contenga al máximo tal brutalidad criminal.  Finalmente me preocupan los “daños colaterales” de este caso, especialmente el destino de los tres hijos de la pareja asesina. ¿Qué atención terapéutica se les dará para que la huella de lo ocurrido no dañe de manera irreparable su desarrollo psíquico? También me inquietan los servidores públicos que desatendieron el caso de Fátima. ¿Habría que despedirlos o existirá la posibilidad de aprovechar su remordimiento y analizar con ellos las fallas de su actuación?  Hay mucho que reflexionar para poder prevenir..   Este análisis se publicó el 1 de marzo de 2020 en la edición 2261 de la revista Proceso