CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El actor Joaquin Phoenix, quien ganó un Oscar por la representación del Joker, en estos días de epidemia de coronavirus tomó como bandera la defensa de las personas privadas de la libertad. “Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es opción”, argumentó en un mensaje enviado a las autoridades de Nueva York, cuyo propósito es la excarcelación de los individuos en situación más vulnerable.  Phoenix tiene razón: los reclusorios reúnen condiciones altamente peligrosas para la expansión del covid-19. Una prisión contaminada podría enfermar a miles y terminar con la vida de cientos de internos.  En México la situación pinta terrible para esta población; no sólo para las 200 mil personas presas, sino también para los 10 mil servidores públicos (custodios, guardias, personal administrativo) que trabajan en esas instalaciones.  La sana distancia no es posible en México por la tremenda saturación. La tasa nacional de sobrepoblación ronda el 110% y hay entidades donde la cifra se dobla. Por ejemplo, en Nayarit la tasa de sobrepoblación es de 233%; en el Estado de México, de 196%; en Jalisco, de 155%; en Guerrero, de 142%, y en la Ciudad de México, de 129%.  Prisiones como la de Chiconautla, en Ecatepec, que fue concebida para albergar a 2 mil 500 reclusos, hospeda hoy a casi 5 mil internos. Ahí, las celdas que fueron pensadas para recibir a cuatro presos llegan a ofrecer techo hasta a 15 personas.  No todas ellas consiguen cama, ni comida en cantidad suficiente, medicamento, implementos de limpieza o de higiene personal.  Además del hacinamiento, la prohibición para que los familiares visiten los reclusorios, mientras dura la pandemia, hará que todos esos bienes, proporcionados generalmente por los seres queridos, comiencen a escasear en este momento preciso de la crisis donde la alimentación y la higiene son cruciales. Otro factor que complica la situación es el número insuficiente de custodios en prácticamente todas estas instalaciones. La proporción recomendada por la ONU es de un custodio por cada 20 reclusos, pero en México hay cárceles donde la proporción es de uno por 60.  Esta es la razón por la cual la mayoría de las prisiones exhiben mecanismos de autogobierno, es decir que los mismos presos se encargan de gestionar la vida cotidiana de las prisiones en prácticamente todos sus aspectos.  Los epidemiólogos advierten que tarde o temprano el covid-19 va a terminar infectando a ocho de cada 10 personas. Implica un desafío mayor que el virus encuentre en las mejores circunstancias posibles a las personas recluidas, de tal manera que su biología sea capaz de generar inmunidad.  Tales circunstancias, sin embargo, no están presentes en ninguna cárcel, y las nuestras se hallan en condiciones más vulnerables que las del promedio mundial. El hacinamiento es un tema principal en México ya que hemos abusado de la prisión preventiva a la hora de perseguir delitos. Esto hace que cuatro de cada 10 personas recluidas no cuenten con sentencia y que haya muchísimos casos donde, después de transcurridos 10 y 15 años, los jueces mantienen los expedientes castigados en el fondo de un cajón.  Ahora, con los tribunales y los juzgados cerrados, no hay esperanza de que esta crisis vaya a servir para liberar a nadie. El hacinamiento, la mala alimentación, la carencia de medicamentos, la escasez de utensilios personales para la higiene son temas todavía desatendidos por las autoridades carcelarias y también por las sanitarias.  La responsabilidad principal de la gestión de los penales recae en los gobernadores de las entidades. De los 200 mil reclusos, casi 180 mil se encuentran en centros estatales de readaptación social. Pero los mandatarios locales traen en estos días demasiados temas en su canasto como para preocuparse por este delicado foco de contagio.  La federación, en cambio, está más consciente de la situación. De cara a la crisis sanitaria, los legisladores del partido Morena decidieron acelerar el proceso de aprobación de la Ley General de Amnistía que propuso la secretaria Olga Sánchez Cordero hace algunos meses. Durante la semana que comenzó este lunes 20, senadoras y senadores celebrarán una sesión extraordinaria para votar esta iniciativa, que pretende excarcelar a personas acusadas o sentenciadas por delitos menores.  La oposición, sin embargo, ha manifestado reservas. En palabras del senador panista Damián Zepeda: “¿Cómo es posible que la prioridad de Morena sean los delincuentes y no… un plan de emergencia de apoyo económico (para el resto de la población)?”. Muchos legisladores y políticos deberían escuchar con atención el mensaje de Joaquin Phoenix y, sobre todo, echar una mirada a las cifras de precariedad, discriminación e inhumanidad que prevalecen en el sistema carcelario mexicano.  Bien decía Michael Foucault que las prisiones y los manicomios son el reflejo preciso de los peores vicios imperantes en cada sociedad.  Por eso merece aplauso la decisión de echar adelante la Ley General de Amnistía. Sin embargo, porque sólo remite a los presos federales, con ella no saldrá un número suficiente de personas de las prisiones. El hacinamiento continuará siendo una peligrosa amenaza dentro de las cárceles durante la pandemia.  Además de votar esta iniciativa legal, la autoridad sanitaria tendría que establecer, con urgencia, un protocolo de prevención y tratamiento a propósito del ingreso del coronavirus a las prisiones mexicanas.