Con la crisis del coronavirus habrá muchos decesos. Y uno de los más dolorosos será el provocado por el propio presidente. Decreto tras decreto y en nombre de la austeridad, Andrés Manuel López Obrador está matando al Estado mexicano, amputándole las piernas, cortándole las manos, extirpándole los órganos vitales. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los artífices del paradigma neoliberal, seguramente aplaudirían el asesinato que está fraguando en Palacio Nacional. Los conservadores querrán izarlo en hombros por llevar a cabo el austericidio con el cual siempre han soñado desde tiempos de Carlos Salinas. Habrá quienes justifiquen este asesinato, aludiendo a los privilegios que se perderán y a los “altos funcionarios” que se castigarán. Habrá quienes celebren los recortes salariales y la pérdida de derechos laborales, sin entender que un subdirector dentro de la administración pública federal –afectado por los recortes anunciados– sólo gana 20 mil pesos al mes. Habrá quienes subestimarán el valor del Estado y su centralidad para la vida democrática. Creerán que nos deshacemos de una fuerza perniciosa, heredada del “modelo neoliberal”, y celebrarán su defunción. Se sumarán jubilosos a la cruzada antiestatista del presidente, sin comprender que el Estado provee servicios que el sector privado no puede ni quiere cubrir. La salud, la educación, el transporte, la protección de derechos, los programas para las mujeres y tantos rubros más, ahora eliminados, ahora en riesgo. El Estado mexicano a diario enfrenta y lidia con una multiplicidad de temas administrativos que tienen poco que ver con la ideología política. Pero el presidente no parece entender las implicaciones de lo que ordena, ni los impactos que acarreará. En el decreto de austeridad que redactó no existen fundamentos jurídicos que expliquen por qué cerrarán 50% de las oficinas gubernamentales. Por qué se les recorta 25% del sueldo a los “altos funcionarios” y no se ajusta el tabulador. ¿Con base en qué estudio o análisis dejará de ejercerse 75% del presupuesto en servicios generales y materiales y suministros al sector público? ¿Cuál fue el criterio para eliminar 10 subsecretarías? ¿Cuáles oficinas públicas van a cerrar y cuáles son las “esenciales para el bienestar del pueblo”? El decreto publicado parece un discurso presidencial transcrito, que nadie más revisó, corrigió o fundamentó con base en las leyes y en la Constitución. No sorprende que el gremio de los constitucionalistas lo llame una aberración jurídica; no sorprende que los abogados más prestigiados del país lo descalifiquen como una “broma” o un “monstruo”. Porque un documento mal elaborado y mal fundamentado será enviado al Congreso para –según el presidente– ser votado y convertido en ley. Porque dentro de la 4T pocos parecen haber evaluado las consecuencias de lo que aprueban: afectará a cerca de 20 mil hogares de servidores públicos, todos ellos ejecutores del gobierno federal. Y si lo que se buscaba era generar recursos sustanciales para enfrentar la crisis y continuar financiando los programas sociales, ese objetivo no se cumplirá. Como ha analizado México Evalúa, las medidas de austeridad decretadas tendrán un impacto presupuestal mínimo –3 mil 513 millones de pesos–, equivalente a sólo 0.5% del loable apoyo ofrecido por el Banco de México ante la crisis del covid-19. Los recortes salariales y operativos proporcionarán sólo 0.57% de los 622 mil millones de pesos que el presidente pide para blindar los programas sociales y construir el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. En pocas palabras, se debilitará al Estado para complacer al presidente. La Cuarta Transformación se convertirá en un proyecto de inanición que dejará un elefante reumático varado. Sin la capacidad de moverse, de levantarse, de caminar hacia delante, de cargar sobre su lomo a tantos mexicanos víctimas de la pandemia viral y la recesión nacional. En una era en la cual el Estado debería ser indispensable para apoyar, intervenir, rescatar y redistribuir, AMLO se empeñará en matarlo de hambre. Por tozudez y por ignorancia. Por no entender para qué sirve el Estado y cómo funciona. Por el temor que tantos tienen de enfrentar al presidente y educarlo sobre qué hace una subsecretaría, qué hace una dirección general adjunta, qué hace la burocracia para enfrentar una pandemia o una crisis económica o un huracán o una emergencia. Problemas técnicos, no políticos. Temas especializados que no deberían ser politizados. Temas operativos que no deberían ser menospreciados. Actividades necesarias que cesarán, procesos administrativos que pararán, atención gubernamental que dejará de existir. Como escribe Mario Arriagada, “no se trata de que el gobierno no le cueste al pueblo. Se trata de que al pueblo le cuesta mucho no tener gobierno”. Y eso es lo que pasará si se sigue recortando y adelgazando al estilo más neoliberal. Eso es lo que ocurrirá si el presidente opta por las directrices de Milton Friedman en lugar de las propuestas de John Maynard Keynes; si la insensatez se impone sobre lo que gobiernos alrededor del mundo están enseñando e instrumentando. Acabaremos con un Estado mermado, encogido, más disfuncional que cuando López Obrador llegó al poder para cambiarlo. Acabaremos con un Estado incapaz de combatir la pobreza, encarar la desigualdad, desatar el crecimiento, promover derechos o garantizarlos. Lo único que dejará una transformación destructora tras de sí es un tren incosteable, un aeropuerto inviable, una refinería quebrada y un Estado moribundo. PD: Aprovecho para agradecer a los moneros Helguera y Hernández, compañeros de Proceso, su reiterada atención a mí. También los invito a regresar a donde alguna vez estuvimos, esa posición desde la cual nos reíamos del poder y no de la crítica al poder. Este texto forma parte del número 2269 de la edición impresa de Proceso, publicado el 26 de abril de 2020