CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Parece una locura insistir e insistir en criticar al gobierno noche y día si no se hace nada más. Pretender razonar con alguien que gobierna por mera voluntad basada en principios y que no ha dado prueba alguna de tener la capacidad de recapacitar sus decisiones, me resulta impráctico. Si las palabras no van seguidas de hechos no cambiará la situación y los hechos que más me atañen se dan en sede judicial. Me sobran ejemplos y me falta espacio para entrar en detalles, pero intentaré con dos muy recientes. Por acuerdo del presidente se ordena a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública. Por acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía se suspenden las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y a la par las autorizaciones de esas pruebas para las que no las han iniciado aún. Francamente no concibo la forma en la que el Ejecutivo cambie de opinión solo a partir de críticas. Son las determinaciones judiciales las que tienen posibilidad de ordenarle un cambio de rumbo. Con dos notorias ventajas: evaluar el compromiso de juzgados y tribunales que siempre tienen la obligación de actuar como garantes de nuestros derechos humanos y no como aval condescendiente del gobierno; y confirmar fehacientemente, más allá de fobias, si nuestra Constitución se respeta. La complejidad primordial es que cada quien parece leer la Constitución como le conviene y no en todos los casos se puede anticipar lo que el Poder Judicial va a decidir en juicios de esta índole. Como sea, una cosa tengo clara, la presidencia de la República ha acaparado demasiados reflectores por mucho tiempo, cuando es el Poder Judicial federal quien tiene la última palabra, al menos en el diseño de nuestro orden constitucional. Por eso me interesa exigir cuentas a sus integrantes. Loz juzgados, tribunales y la Corte no pueden fallar con cualquier razón que les forme convicción, sino de la forma que más proteja en todo tiempo a las personas. Lo cual me regresa a los dos casos anunciados. El presidente puede sostener que su acuerdo para sumar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública lo único que hace es concretar una disposición constitucional, el artículo transitorio quinto de la reforma del 26 de marzo de 2019. Ese solo argumento puede bastar para que en sede judicial, y hasta llegar a la Suprema Corte, se avale su voluntad. Puede bastar mientras nos resignemos con una Corte que no resuelva el cien por ciento de las veces bajo la guía de los derechos humanos. En el año 2024 podrá buscarse extender la presencia de la Fuerzas Armadas incluso, mientras no sea justiciable el mandato que realmente está plasmado en aquel transitorio del año pasado: constituir una Guardia Nacional funcional. Visto así, antes que avalar la decisión presidencial se tendría que exigir la demostración de los avances en el cumplimiento de tal mandato y el del sexto transitorio; exigir a las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina que justifiquen avances progresivos; exigir que se motive la necesidad extraordinaria de ocupar a las Fuerzas Armadas en estos momentos; y exigir que el acuerdo publicado precise hasta el mínimo detalle la regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad que deben imperar. Por lo que toca al acuerdo del Cenace, botón de muestra de la política energética y la idea de desarrollo de esta administración, me resulta diametralmente opuesto al mandato constitucional de desarrollo sustentable, sin reparo alguno con las generaciones futuras, en frontal desacato a los compromisos en materia de cambio climático, y en el fondo, violatorio del derecho a un medio ambiente sano. Lo mismo, la política en este campo no va a cambiar por más críticas recibidas, así que para mí la mejor manera de enfrentarla es en tribunales. Pero para que existan esperanzas de justicia los criterios de los juzgados deben cambiar. Al menos cambiar su lectura tradicional del artículo 25 constitucional y su idea de que en él no se reconocen derechos. Debo admitir que a últimas fechas la Corte ha puesto más atención en la garantía del derecho a un medio ambiente sano y ha afirmado que lo económico no lleva prevalencia sobre lo ambiental. Ya lo veremos. Te recomendamos: Informar en tiempos de covid-19