CIUDAD DE MÉXICO (aprro).- Relato dos historias, una ficticia, otra no, y con ellas mi opinión sobre una penosa realidad. La primera consiste en la aprobación, publicación y entrada en vigor de un nuevo ordenamiento legal: la Ley para la explotación, uso y aprovechamiento del aire. No es una ley cualquiera, es una ley con un fundamento constitucional sólido, porque el aire situado en el territorio mexicano pertenece a la Nación, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, aunque puede explotarse por particulares mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con esa ley. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, obligatorias en todo el territorio nacional. Las actividades que regula, como la exploración, explotación y beneficio del aire, son de utilidad pública, y por tanto, preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se le pueda dar al aire. Es facultad exclusiva del Ejecutivo aplicar los contenidos de la ley y dar concesiones. Por supuesto, la ley busca fomentar que los sectores sociales y las poblaciones en situación de marginalidad o vulnerabilidad puedan tener acceso a la posibilidad de explotar el aire, pero las concesiones se otorgarán mediante concurso que asegure las mejores condiciones económicas para el Estado. Si alguna persona o comunidad habita el espacio en el que se pretenda explotar el aire, tendrá preferencia siempre y cuando tenga solvencia para igualar la mejor oferta recibida. Como esta ley ya ha entrado en vigor, muy pronto llegarán al lugar en el que vive y le informarán que el espacio que habita ha sido concesionado para explotar el aire que ahí se encuentre. Eso le dará una disyuntiva: puede usted quedarse donde está, aguantar las molestias que le genere el proyecto de explotación, incluso trabajar en él directamente o tratar de sacar provecho comercial de su presencia, hasta que se acabe el aire; o bien, puede usted irse a otro lado con la miseria que le hayan dado por desplazarle, y ver si logra hacer vida en otra parte con su gente. A decir verdad, tiene una tercera alternativa: recurrir a los tribunales y buscar el amparo y protección de la justicia de la Unión, entre otros argumentos, porque a usted nunca le consultaron, previo a que se aprobara esta ley, de lo que trataban sus contenidos. Ya que estamos en este escenario, imaginemos que con toda la dignidad y esfuerzo ha logrado que su causa llegue al máximo tribunal de México. Se acerca el día para resolver su juicio en definitiva y se entera de que el proyecto de sentencia propone no darle la razón, porque la ley realmente no afecta sus intereses de manera trascendente. La ley lo que hace es regular una actividad, la de explotación del aire, pero eso no tiene que ver con usted. En todo caso, usted sí tiene el derecho que se le consulte antes de que se emita la concesión sobre el territorio en el que siempre habitó, pero eso no impedirá que pueda surtir efectos. Si con esta historia ficticia no siente indignación, le hago protagonista de la otra. El gobierno actual ha decidido por usted la mejor manera de lograr su desarrollo. Obvio, nunca le dio información oportuna, suficiente y comprensible, ni tampoco le ha consultado previamente con seriedad, pero al fin y al cabo, es el gobierno, y haya o no votado por esa opción, le representa. Y la decisión ha sido que construir un tren que atraviese el territorio donde vive, de riquezas natural, arqueológica, cultural, extraordinarias, es una actividad prioritaria, esencial para el plan nacional. Entre cruzarse de manos y actuar, usted ha decidido lo segundo, porque además, no se olvide, estamos a la mitad de una pandemia que ya cambió al mundo, y da la casualidad que no parar las obras de construcción de este tren aumenta las posibilidades para que se contagie usted y su gente, siquiera por el aumento de personas que estarán cerca de su comunidad. No es seguro que se contagie, solo que se le pone en mayor riesgo. De nuevo acude a los tribunales en búsqueda de justicia y de bote pronto le dan esperanza: ordenan parar provisionalmente la obra. Pero el gobierno recurre esa decisión preliminar y un tribunal colegiado le da a él la razón, bajo el argumento de que al gobierno corresponde decidir cuáles son las actividades esenciales e imprescindibles a la mitad de la pandemia, prioritarias incluso sobre su salud, y porque la construcción del tren le traerá un medio de transporte ideal y desarrollo económico –no el que usted elige, ni el que necesita–. Con solo eso ya sería penoso que un tribunal que está para defender sus derechos decida más bien como aval del gobierno, y que en lugar de reflexionar por sí mismo lo único que haga es hacer suya la palabra del gobierno, pero si a eso añade que el tribunal manifiesta que es incierto que usted se vaya a contagiar, y por ese otro motivo permita la continuación de la obra, cuando quienes laboran en ese tribunal no corren los mismos riesgos a los que le someten, entonces me sorprendería que usted no sienta indignación. Si la experimentó, le pregunto ¿no sería importante exigir que el Poder Judicial rinda cuentas? Si no la experimentó, pido que nunca esté en una de las situaciones que le acabo de narrar, pero si algún día llegara a estar, no se preocupe que habremos personas muy indignadas. Te recomendamos: El Acuerdo de la Sener, lo malo por conocido