Después de la sorpresiva publicación en mayo del Acuerdo por el que se establece la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por parte de la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la única certeza - dentro de toda la incertidumbre que ha causado esta política -, es que México se alejará aún más de sus compromisos internacionales para combatir el cambio climático. Recordemos que México fue uno de los firmantes en 2016 del Acuerdo de París, cuyo objetivo principal es el de mantener el aumento de la temperatura del planeta debajo de los 2ºC hacia finales de este siglo. Para lograr esta meta, cada país presentó su plan de acción climática en el que describió la cantidad de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que reducirían y sus acciones puntales para lograrlo. México se comprometió a reducir el 25 por ciento de sus emisiones de GEI y 51 por ciento de carbono negro. Dentro de las acciones que emprendería para lograrlo estaba la de reducir las emisiones del sector industrial generando el 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 43 por ciento en 2030. Aunque la firma de este documento ocurrió en la administración anterior, el Acuerdo de París no es desconocido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. México reiteró su compromiso con el acuerdo al participar en la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se llevó a cabo en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre del año pasado. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que en dicho evento buscarían “reafirmar su liderazgo regional en el combate al cambio climático” y que tenían el propósito de “refrendar su compromiso de cumplimiento del Acuerdo de París”, además de abrir un “diálogo profundo y ambicioso” para combatir el cambio climático. No obstante, es evidente que no hay congruencia entre lo que la Semarnat refrendó el año pasado en esta convención con lo que Sener busca al publicar dicho acuerdo energético, el cual ya obtuvo dos suspensiones provisionales y generó una serie de amparos de parte de empresas extranjeras generadoras de energía eólica y energía solar a gran escala. El presidente ha insistido que con este acuerdo no se está en contra de las energías limpias proveniente de fuentes renovables, pues sólo quiere acabar con la corrupción en el sector energético y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero, aunque en el discurso el gobierno federal se dice no estar en contra de las energías renovables, en la práctica no hay todavía evidencias que le den sustento a lo anterior. Recientemente AMLO ha anunciado con bombo y platillo que el 1 de junio de 2022 será la inauguración de la refinería de Dos Bocas, esa obra insignia ubicada en Paraíso, Tabasco, que traerá la anhelada autosuficiencia en gasolinas al país (aunque sea un combustible cuyo uso irá a la baja en un futuro próximo). Sin embargo, en el año y medio de su administración no ha hecho anuncio alguno respecto a alguna obra o política pública que impulse a México como líder en la generación de energías renovables, lo cual es lamentable dado el enorme potencial del país en este tema. Si hablamos de energía solar, hay que aclarar que existen dos tipos: la de generación a gran escala, que involucra a los parques solares y cuya capacidad es superior a los 0.5 MW y la generación distribuida, cuya capacidad no rebasa los 0.5 MW y es la que se observa al instalar paneles solares en residencias, comercios y pequeñas industrias. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hace apenas cinco años, en 2015, había 16 mil 979 contratos de generación distribuida en el país. Sin embargo, al 30 de junio de 2019, los contratos de generación distribuida en México habían registrado un crecimiento superior al 560 por ciento, al ubicarse en 112 mil 660. Las proyecciones de la CRE del año pasado mostraban que para 2023 la generación distribuida en el país se quintuplicaría hasta llegar casi al medio millón de contratos, lo anterior, sin que exista ninguna política pública o proyecto que potencie este crecimiento. Es una realidad que no se ha propuesto un plan en conjunto que involucre al gobierno y a la iniciativa privada para impulsar a la generación distribuida, pese al gran potencial que tiene para coadyuvar a la actual administración a cumplir con sus compromisos internacionales en materia ambiental. El crecimiento a pasos agigantados de la generación distribuida no es fortuito. Cada vez más mexicanos han comenzado a ver las bondades de suministrarse de energías no solo más limpias, sino más económicas también, lo cual se traduce en unidades de negocios más competitivas. Ellos han visto en la generación distribuida la forma más democrática de suministrarse de energías renovables. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en diciembre del año pasado se reportó que la energía solar había bajado su costo un 82 por ciento en comparación de lo que costaba en 2010, hace apenas una década. Además, estimaba que, para 2021, esta energía disminuiría un 42 por ciento más su costo. Si la generación distribuida tiene todas estas bondades tanto para el pueblo mexicano que la 4T representa, así como para cumplir con los compromisos ambientales del gobierno actual ¿Por qué estamos presenciando la elaboración de acuerdos energéticos y megaproyectos que van en el sentido contrario? Si realmente el gobierno del presidente López Obrador dice estar a favor de las energías renovables, urge verlo en la práctica, con acciones reales y no solo en sus discursos. Desde la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica hacemos un llamado a la unidad de este sector para impulsar desde nuestro ámbito a la generación distribuida en el país, pues si el gobierno no lo hace en coordinación con la iniciativa privada, alguien tiene que hacerlo. El autor de este texto presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF)