El Barranco de la Carnicería

martes, 14 de julio de 2020 · 11:00
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - “Se llama el Barranco de la Carnicería porque antes los robavacas ahí destazaban. Después de eso los de la maña ahí (también) destazaban… fue por eso que se le quedó el nombre.” El testimonio es de Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder comunitario de Guerrero. Él se entrevistó con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Fue el primero que señaló, como probable destino de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el Barranco de la Carnicería. En septiembre de 2015, Jorge Vega Soriano, perito de la PGR, acudió a inspeccionar el lugar. En su informe pericial reportó: “se (ubicaron) sobre la superficie de un área en forma irregular … restos óseos dispersos, al parecer de origen humano, acompañados de cenizas, ramas de árbol con características de combustión, así como hilos de alambre … cubiertos parcialmente con piedras.” Dos meses después varios integrantes del GIEI acudieron también al sitio. Así narra Carlos Beristain el episodio: “Cuando llegamos, había un ambiente extraño. (Había) un hombre con dos bandas de balas cruzadas en el pecho y arma larga en la mano, y varios miembros de los Servicios Periciales … Estaba haciéndose tarde … (y) el lugar está lleno de maleza […] Hay zonas como quemadas […] Aparece (entonces) un enjambre de avispas […] Ángela (Buitrago) le dice a Omar (Gómez) que no se mueva. “Quedarte quieto en medio de una nube negra es ir en contra del instinto de conservación, pero a veces hay que tener las riendas de ese instinto bien firmes para que no te vayas al abismo. “Cuando pasa el desastre […] rostros desfigurados y brazos crecidos al doble […] Es necesario llamar a la ambulancia […] Omar y Ángela son los únicos que no se movieron y a los que las avispas confundieron con árboles.” El apartado del Barranco de la Carnicería es tan relevante para la investigación del caso Ayotzinapa que, tanto el testimonio del líder comunitario como el peritaje de Vega Soriano aparecen relatados en el segundo y último informe presentado por el GIEI, antes de que concluyera abruptamente sus labores en México. El Estado mexicano decidió no renovar el mandato del grupo, a pesar de que las investigaciones iban avanzando y nuevos hallazgos, como el del Barranco de la Carnicería, podían conducir hacia la verdad de los hechos ocurridos la madrugada del 26 y 27 de septiembre en los alrededores de Iguala, Guerrero. La administración de Enrique Peña Nieto echó del país a los expertos extranjeros, ya que a cada paso que iban dando se alejaban de la “verdad histórica” defendida por su gobierno. Creyó equivocadamente aquella autoridad que este grupo debía validar la mentira fabricada por la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo autor principal fue Tomás Zerón de Lucio, director por aquel entonces de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Si en vez de cerrar la investigación las autoridades de la época hubiesen permitido que las pesquisas continuaran su curso, hace ya tiempo que los padres hubieran conocido la verdad respecto al destino de sus hijos. Pero el ocultamiento privó como política principal y por eso ha transcurrido tanto tiempo sin que la tragedia de Ayotzinapa encuentre justicia ni paz. Omar Gómez Fierro, uno de los sobrevivientes del ataque de las avispas, es hoy el fiscal especial del caso. Las vueltas que da la vida, pero sobre todo la tenacidad de unos cuantos lo llevó a confirmar, casi cinco años después, que, en efecto, los restos óseos hallados en 2015 en el Barranco de la Carnicería pertenecieron por lo menos a uno de los jóvenes desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Los especialistas de la Universidad de Innsbruck y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) obtuvieron confirmación genética sobre uno de los sitios donde los restos de los estudiantes pudieron haber sido incinerados. Un lugar que, como dijo Omar Gómez, no es el basurero de Cocula y tampoco el lecho del Río San Juan. La evidencia presentada hace volar por los aires la primera verdad histórica, defendida por el exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando propuso que la totalidad de los estudiantes había sido incinerada en el basurero. Esta evidencia obliga también a preguntarse otra vez, ¿por qué los responsables de la investigación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, decidieron dar la espalda a toda información que contrariara la verdad histórica? ¿Por qué dinamitaron el trabajo del GIEI? Y por encima de todo, ¿por qué se esmeraron en fabricar evidencia y torturar testigos para que prevaleciera su versión deformada de los hechos? Este análisis forma parte del número 2280 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí