Para los miembros del GIEI, por pavimentar el camino a la verdad

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Ayotzinapa ha sido la herida abierta, el corazón espinado, el puño crispado por un dolor para el cual ya ni el llanto sirve. La noche más triste, la historia más manipulada de aquel 26 de septiembre de 2014. Pero ahora, venturosamente y gracias a la voluntad política y el trabajo arduo de quienes se empeñaron en descubrir la verdad, vamos acercándonos a ella. Poco a poco se desmonta la mentira histórica de la cual fueron cómplices Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón, la PGR, Enrique Peña Nieto. Poco a poco se reivindican los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las líneas de investigación que dejaron tras de sí. El descubrimiento de los restos de Christian Alfonso Rodríguez desmonta la falacia construida sobre el basurero de Cocula. Y de ahí se abre la ruta para llegar al destino que el GIEI apuntó: la responsabilidad del crimen organizado apoyado por fuerzas municipales, estatales, federales y el Ejército. Fue y sigue siendo el Estado, cuya complicidad habrá que desentrañar. Investigaciones recientes exhiben las mentiras que el gobierno peñanietista insistió en diseminar. Que los estudiantes pertenecían a un grupo criminal denominado Los Rojos. Que fueron a interrumpir el acto de la esposa del presidente municipal de Iguala. Que fueron entregados por la Policía Municipal a Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula. Engaño tras engaño, invención tras invención. Porque como ahora ha revelado la acuciosa indagatoria del fiscal Omar Gómez Trejo, nunca hubo una pira gigantesca en el basurero de Cocula y los restos fueron encontrados a 800 metros de ahí. Nunca fueron quemados 43 normalistas con leña y neumáticos, como la PGR en su momento argumentó. El gobierno de México –vía sus instituciones politizadas– trató desesperadamente de ocultar lo acontecido en Iguala. Trató de manufacturar una mentira para encapsular un crimen que involucró al Estado y no sólo al crimen organizado. Pero fue el Estado por acción u omisión. Fue el Estado en un esfuerzo por encubrir a los protagonistas y los intereses que defienden. Fue el Estado, aunque la PGR de Peña Nieto fabricó una narrativa oficial –acotada y pasteurizada– en la cual la responsabilidad sólo recaía sobre José Luis Abarca y la Policía Municipal y Guerreros Unidos. El caso de Ayotzinapa ha evidenciado la disfuncionalidad de nuestro sistema de procuración de justicia, al servicio del poder y no de la sociedad. La caja de Pandora que el GIEI abrió está ahí para ser destapada completamente. Escenas del crimen que no fueron procesadas por la PGR. Expedientes repletos de contradicciones y testimonios falsos. Confesiones insostenibles extraídas bajo tortura, como vimos en el video donde participa Tomás Zerón. Comunicaciones constantes entre agentes del Estado –la Policía Federal, la Policía Municipal, los miembros del 27 Batallón del Ejército, los miembros del C-4– mientras algunos atacaban a los estudiantes y otros se abstenían de protegerlos. La siembra de evidencia en el río San Juan. La fabricación de culpables torturados, encarcelados y luego liberados por violaciones al debido proceso. El Estado contó historias porque no quería que algún día se supiera la verdadera. Ese día está llegando. Ahora falta saber y conocer exactamente qué ocurre en Guerrero y la zona conocida como el “Pentágono de la Amapola”, porque ahí se produce 42% de ella en México. Falta saber y conocer qué ocurrió con el quinto autobús que desapareció y quizá contenía droga. Falta extraditar a Tomás Zerón de Canadá y enjuiciarlo junto con tantos más. Aún queda pendiente descubrir si había una red de narcotráfico basada en Iguala que usaba autobuses como una forma de transporte de estupefacientes. Y las preguntas aún sin respuesta: ¿por qué se dio ese grado de violencia y de agresión contra 43 normalistas y otras personas atacadas esa noche? ¿Por qué el objetivo de las policías y el Ejército fue impedir que los autobuses con normalistas –y otros– salieran de Iguala esa noche, a toda costa? Para que la herida de Ayotzinapa comience a curarse habrá que usar el caso para limpiar lo que está fundamentalmente podrido con el país. Las policías. Los ministerios públicos. Las Fuerzas Armadas cómplices del crimen. Los peritos. Los jueces corruptos. La responsabilidad compartida de tantos niveles de gobierno y no sólo la actuación del Mochomo y los suyos. Porque lo que les pasó a los estudiantes podría pasarle a todo mexicano, y ha ocurrido con más de 71 mil personas en el país como acaba de revelar la Comisión Nacional de Búsqueda. Cualquiera puede desaparecer sin rastro sin que el Estado sea capaz de ofrecer justicia o explicación o reparación. Basta entonces de líneas rojas trazadas alrededor de las Fuerzas Armadas para protegerlas por lo que hicieron o dejaron de hacer. Basta de cerrar los ojos a aquello que le da contexto y sustancia a lo ocurrido esa noche: el negocio de la droga y quienes desaparecieron a 43 estudiantes con tal de seguirlo manteniendo. Para acabar con la impunidad del Estado será preciso desterrar la mentira histórica del pasado y también sustituirla con una verdad incuestionable que responda preguntas y provea paz a los padres. Será imperativo hacer un esfuerzo riguroso, sistemático, imparcial y profesional, capaz de proveer una vacuna generadora de anticuerpos para que Ayotzinapa no se repita. Para que el Estado se reforme a sí mismo y nosotros dejemos de normalizar la atrocidad. Para rechazar el país en el cual nos hemos convertido, de balas y esquirlas y gritos y pavor y desaparecidos y huesos opacos. Habrá que seguir resistiendo la impunidad, exigiendo mejoras auténticas, demandando que Ayotzinapa no siga siendo una herida abierta y supurante, sino una herida que podamos curar. Este texto forma parte del número 2281 de la edición impresa de Proceso, publicado el 19 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí