Para Asier, quien se estrena como adulto en un país y un mundo difíciles,

pero con un futuro que, estoy seguro, será promisorio

“…el Ejército no puede ser utilizado para suplir la incapacidad de los gobiernos civiles.”

Andrés Manuel López Obrador. Zócalo, DF, 17 de agosto 2006 (citado por Proceso)

La profunda militarización de la vida pública del país va en contrasentido de una política democrática de fortalecimiento institucional de los gobiernos civilistas mexicanos que se conformaron al término del proceso revolucionario del siglo pasado.

Las acciones recientes en la implementación del control total del sistema aduanero y de la actividad portuaria están redefiniendo ámbitos que trascienden la influencia notable del sector castrense, convirtiendo a los generales y al almirantazgo en factótum político y económico cuyo control presidencial será inútil para cualquier acción correctiva en el futuro inmediato.

La nueva relación político-militar… con AMLO. Con la creación de la Guardia Nacional, el gobierno actual renovó esquemas de simulación en el nuevo trato con las fuerzas armadas y su uso político. Con mecanismos tramposos en las normas legales (como el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que militarizó el control y formación del nuevo cuerpo policial por todo el sexenio) y los márgenes discrecionales del nuevo autoritarismo presidencial (como el decreto del 11 de mayo de 2020), las definiciones del régimen confeccionan y justifican sus propias creaciones, según conviene al presidente: un organismo policial que termina siendo una extensión de las fuerzas armadas donde el componente civil es accesorio. Peor aún, como en el caso de la subordinación formal a una dependencia civil (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), su titular quedó reducido a un valor de papel decorativo o, cuando más, de “chivo expiatorio”, cuando la ocasión lo amerite, en caso de proteger la responsabilidad de mandos militares ante eventuales fracasos o violaciones a los derechos humanos. Ahora, con la coartada de la corrupción, bajo el esquema de un supuesto control civil gubernamental, se justifican los cambios administrativos en el sistema aduanal y portuario (el más reciente, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 25 de julio). Se relega la autoridad civil, cuyos titulares terminan en un papel decorativo, independiente de los perfiles de eficiencia u honradez cuya importancia presidencial es sólo retórica y sólo atribuible como mérito a los militares. La amplia presencia castrense en la vida social y política del país, ahora disfrazada de “actividades generales” (las “específicas”, según ya se perfila en la narrativa castrense, son las de defensa), no es militarización porque así lo dice ¡el general secretario de la Defensa! (Excélsior, 6 de julio), pese a que la realidad muestra lo contrario. Fractura civilista. El tour de force militar actual es significativo por su impacto en el quiebre del principio de supremacía civil que, de modo singular, se forjó en las primeras décadas posteriores a la revolución y se consolidó hacia la segunda mitad del siglo pasado. El presidencialismo mexicano lo hizo bajo las premisas autoritarias, clientelares y de corrupción política de un sistema que apartó a generales y marinos de puestos de gobierno y representación popular. Con el populismo militarista actual se ha pasado de un patrón de privilegios e influencias castrenses (de impunidad y de carácter económico) a un escenario de presencia militar en el gobierno que fue propio de un contexto previo a su domesticación civilista con el antiguo PRI. En el sexenio actual se presume de la extensión de 13 actividades civiles importantes a cargo de militares (El Universal, 25 julio. Ver Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2020-2024, Diario Oficial, 24 de junio). En el caso particular del control total de la administración portuaria del país, independientemente de que se trata ahora de la recompensa económica faltante a los altos mandos de la Marina (luego del trato obsequioso en términos presupuestales y financieros que este gobierno le ha dado a la Sedena), la militarización se hace evidente por:

1. el autoritarismo presidencial que, sin importar el marco legal y regulatorio, impone su decisión por encima de las leyes
2. la extensión de presencia en espacios de gobierno bajo una coartada o pretexto de seguridad justificada con el mito de la incorruptibilidad y eficiencia militares; y
3. la deliberada ignorancia u omisión de la importancia estratégica de la experiencia acumulada y el valor agregado de la marina mercante mexicana, sobreponiendo el interés militar sobre la eficiencia técnica y administrativa civil.

En efecto, tanto para la apropiación militar de las aduanas y puertos debieron haberse aprobado previamente por el Congreso de la Unión al menos nueve leyes. Por añadidura, ya se hicieron los primeros nombramientos de almirantes en activo (25 de julio) en dos administraciones portuarias integrales, cuya legalidad queda en entredicho y cuestiona la superioridad civilista que, hoy por hoy, ha sepultado el presidente. Estas decisiones se enmascaran con prejuicios sobre la eficiencia militar y el mito de la incorruptibilidad (El Universal, 29 de julio) ignorando que ha habido presencia y responsabilidad castrense en aduanas y los puertos, y que su desempeño no es ajeno al escenario caótico y corrupto que hoy presentan (empezando por la seguridad). Militares y marinos son parte del problema, antes que la solución (ver Raymundo Riva Palacio: “Ganaron (otra vez) los militares”, El Financiero, 24 de julio; y, Ricardo Raphael de la Madrid, “Jiménez Espriú vs. López Obrador”, El Universal, 23 de julio). En lo administrativo, de acuerdo con los informes de labores de la dependencia de los últimos años, la gestión de marinos no tuvo el mismo dinamismo en comparación con responsables civiles de la marina mercante. En el escenario actual, es preocupante el saldo de esta nueva fase militarista acarreando la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De hecho, la reticencia de la SCT logró posponer la reforma legal, cuya aprobación era inminente en diciembre pasado y que formalizaría la apropiación militar del sistema portuario. Sin reforma legal, la pandemia y la presión norteamericana, cuya agenda de seguridad ha estado acompasada por la Secretaría de Marina desde hace dos sexenios, terminaron por doblar a un presidente sin claridad estratégica. “Operacionalidad” (sic) y rendición de cuentas. Utilizando el lenguaje militar mexicano y con el esquema del gobierno actual con la Guardia Nacional, es posible advertir las características y alcances del dominio castrense en el país. Bajo un estricto criterio conceptual, crear un cuerpo paramilitar para tareas policiales constituye un paradigma que diluye la responsabilidad de su mala actuación derivada de acciones u omisiones legales, así como por violaciones graves a los derechos humanos. La dualidad legal de dependencia de la Guardia Nacional oscila entre la formalmente definida por la Constitución y su ley respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero, como ya se advirtió, debido a un poderoso artículo­ transitorio (así lo calificó el titular de la Sedena) la Guardia Nacional en su formación, entrenamiento, logística y operativamente sólo depende del Ejército. Pero en el momento de asumir responsabilidades legales, la Sedena evade, la Comandancia General de la Guardia Nacional hace lo mismo y la SSC dirige la mirada a los militares. Queda claro que es el estamento militar es el que no se debe tocar ni cuestionar (ver ejemplo de transparencia de la GN, en UIA, Programa de Seguridad Ciudadana: 2020, p. 27-35). En mayor o menor medida, y sin menos regulación normativa (y confusa) como la que observa la Guardia Nacional, este mecanismo de dilución en la rendición de cuentas ya se refleja en materia de aduanas y puertos. Las dependencias que las administran y gestionan legalmente, Hacienda y Comunicaciones y Transportes, están siendo desplazadas de facto por la Sedena y la Marina, respectivamente, pero sin asumir los costos legales y menos políticos de los eventuales fracasos por sus decisiones operativas y administrativas. La extrapolación, por auto de fe presidencial, de que la disciplina y obediencia militares junto con la percepción de honradez son sustitutos del estado de derecho y garantía de eficiencia gubernamental, está consolidando el país que criticaba Andrés Manuel López Obrador sobre la incapacidad de los gobiernos priistas y panistas por apoyarse en el sector castrense. Las recientes decisiones presidenciales, al confeccionar estadios de impunidad militar donde la Sedena y la Semar son legal, administrativa, presupuestal y políticamente irresponsables, significan la caída de un principio de estabilidad y gobernabilidad, de graves consecuencias para todos.