CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos meses los ciudadanos hemos presenciado un fuerte debate por los recortes presupuestales en distintas áreas gubernamentales, que han sido justificados con distintos argumentos, en algunos casos aceptables y en muchos otros no. Estas medidas alcanzaron a las dependencias gubernamentales encargadas de instrumentar las políticas de cuidado y protección de la naturaleza de nuestro país como la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instituciones que han trabajado durante décadas en el cuidado y conservación de la naturaleza; estos recortes se sumaron a las medidas regresivas que en los últimos años distintos gobiernos han implementado. Sin embargo, la regresividad en las políticas ambientales, como se verá a continuación, es un problema histórico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en distintos diarios de circulación nacional se podían leer las críticas de los ciudadanos al gobierno federal por su falta de atención y acción para frenar la desforestación que experimentaba nuestro territorio. Los cuestionamientos advertían las repercusiones que la pérdida de cubierta forestal tenía para la salud pública, el clima, la hidrología, el desarrollo agrícola e industrial de nuestro país. La presión ejercida desde distintas tribunas logró que el gobierno de Porfirio Díaz incluyera, en la Ley de enajenación y ocupación de terrenos baldíos de 1894, el reglamento para la explotación de los bosques y terrenos baldíos nacionales y permisos de caza y pesca. Ésta fue la primera normatividad nacional que tuvo como objetivo la conservación de los recursos naturales de nuestro país. A mediados 1894, basándose en el reglamento para la explotación de los bosques, se declararon las primeras reservas forestales de la nación, éstas incluyeron las zonas boscosas en el estado de Chihuahua y los bosques de los ríos Chixoy, Usumacinta, Lacantum y Chajul en el estado de Chiapas, entre otras. Con estas medidas el gobierno de Porfirio Díaz intentó responder a las críticas, pero distintas voces, tanto de las letras como de las ciencias, las vieron insuficientes para frenar los abusos que las compañías particulares hacían de los bosques nacionales. Las medidas jurídicas impulsadas por el gobierno no dieron los resultados esperados. Para revertir esta tendencia, en septiembre de 1904 el gobierno de Porfirio Díaz creó la Junta Central de Bosques (JCB). Este órgano se encargó de instrumentar distintas medidas prácticas en todo el país para enfrentar la pérdida de la cubierta forestal y los problemas ambientales que provocaba. Los trabajos desarrollados por la JCB se enfocaron en crear las primeras escuelas forestales prácticas y los viveros nacionales, entre los que destacaban el vivero Central de Coyoacán. En esos espacios se sembraban los miles de árboles que posteriormente se utilizaron para reforestar distintas regiones del territorio nacional. La creación de la JCB le permitió al país avanzar en los trabajos de conservación de los bosques nacionales, esto gracias a la relativa autonomía que la Junta tenía de las dependencias de fomento agrícola. Sin embargo, el 27 de diciembre de 1909 el gobierno de Porfirio Díaz decidió crear la Dirección General de Agricultura, que absorbió los trabajos forestales. Así, las políticas enfocadas a la conservación silvícola tuvieron un retroceso importante al desaparecer la JCB y crear el Departamento Forestal que dependía de la Dirección General de Agricultura. Desde la perspectiva de los expertos forestales del periodo, el Departamento Forestal dejó de ser operativo porque el único interés de la Dirección General de Agricultura era expandir la frontera agrícola en detrimento de la conservación de las masas forestales. La extinción de la JCB fue la primera medida regresiva en materia ambiental de nuestra historia, con lo que las políticas de conservación de los bosques fueron supeditadas a las de fomento agrícola en terrenos forestales que no eran apropiados para desarrollar actividades de cultivo. En 1917, al concluir el periodo revolucionario, fue aprobada la nueva Constitución política. En el artículo 27 la Carta Magna facultó al Estado para desarrollar medidas e instrumentos jurídicos enfocados en la conservación de los recursos naturales de la nación y poner límites a los intereses privados. Así, distintos gobiernos, apoyándose en este artículo, decretaron los primeros parques nacionales y diferentes leyes reglamentarias, como la Ley forestal de 1926. Pese a contar con estos instrumentos, la política conservacionista del Estado mexicano siguió supeditada a la de fomento agrícola. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1934, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue creado el Departamento Forestal de Caza y Pesca (DFCP), lo que permitió que la conservación de la naturaleza tomara un impulso sin precedentes en la historia de nuestro país. El DFCP, a pesar de no ser una secretaría de Estado, alcanzó este estatus. Esto equilibró hasta cierto punto la intensa política de reparto agrario del cardenismo con la conservación de los recursos naturales del país. Esto se puede demostrar porque el 7 de junio de 1937, por decreto presidencial, se declararon inafectables en materia de dotaciones y restituciones agrarias los parques nacionales; esta medida estaba en sintonía con la realidad nacional, porque contempló a las comunidades campesinas e indígenas al permitirles hacer uso de sus recursos naturales sin impactar la estructura de los ecosistemas protegidos. Gracias a los trabajos del Departamento se incrementó la superficie de conservación, así las reservas forestales alcanzaron las 600 mil hectáreas y los parques nacionales más de 500 mil. También se crearon 300 viveros nacionales y 4 mil viveros escolares, lo que permitió impulsar importantes campañas educativas y de reforestación nacional. En el primer año el gobierno federal le asignó al DFCP un presupuesto de 2 millones de pesos y en 1938 aumentó a tres millones. Sin embargo, el Departamento durante su existencia generó recursos propios, lo que le permitió ser sostenible financieramente. Según los datos, en 1938 sus ingresos alcanzaron los 12 millones de pesos. Por razones poco comprensibles, el 1 de enero de 1940 el presidente Cárdenas dio instrucciones para extinguir el Departamento y sus labores fueron asumidas de nueva cuenta por el Departamento de Agricultura, lo que provocó otra regresión en la política ambiental mexicana. Las políticas regresivas en materia ambiental de nuestro país se pueden observar en otras medidas adoptadas por los gobiernos en turno. Por ejemplo, entre 1924 y 1933 fueron extintas la Comisión Mixta de Biología Marina, la Comisión de Biología del Golfo de México y el Instituto Biotécnico, en su momento encabezadas por el ecologista Enrique Beltrán Castillo. Hoy esta regresividad se refleja en los recortes presupuestales como los que ha sufrido la Semarnat, que debería contar con todo el apoyo gubernamental por la importancia que tiene para el país. Muchos de los actuales recortes presupuestales se han justificado por la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2. En este contexto, hace algunos meses el secretario de Hacienda, el economista Arturo Herrera, señaló que la crisis económica era inédita; el funcionario explicó que esta era una crisis por diseño, esto porque los gobiernos decidieron de manera responsable cerrar la economía para mitigar los contagios provocados por el covid-19. Desde la perspectiva económica es posible que el secretario tenga razón, pero desde un enfoque ambiental ésta debe entenderse como la primera crisis ambiental global provocada por el mal uso que hacemos de la fauna silvestre. El caos y los millones de recursos económicos que hemos invertido para controlar la pandemia fueron causados por el riesgoso manejo de la fauna silvestre en un remoto mercado de la ciudad de Wuhan. Debemos pensar si la visión economicista que guía los recortes presupuestales en las instituciones ambientales debe cambiar, porque el precio que hemos pagado es muy alto y lo mejor siempre será la prevención. La desaparición de la subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental, así como últimas declaraciones del Ejecutivo en materia ambiental, nos muestran la urgente necesidad de contar con una política de Estado transversal en la materia, porque el cuidado del medio ambiente no debería estar sujeto a los vaivenes políticos de cada sexenio y así seguir repitiendo la misma historia. ^* Investigador de la Coordinación Humanidades-UNAM Coordinador del Proyecto PAIIT IA401220