Hacienda no quiere el milagro móvil

jueves, 17 de septiembre de 2020 · 14:56
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, tiene el enorme poder de cambiar la realidad digital de México y diseñar una política recaudatoria que permita que los servicios móviles de voz y datos y sus beneficios lleguen a toda la población en poco tiempo. En cambio, prefiere cobrar elevados costos por el uso del espectro radioeléctrico, lo cual perjudica directamente el entorno de inversión, competitivo, la cobertura y a los usuarios finales de esos servicios. En las conferencias matutinas he visto al secretario de Hacienda inmerso en su teléfono inteligente. Como el resto de las personas que están conectadas, el funcionario disfruta de los beneficios de los servicios de telecomunicaciones y digitales directamente en su dispositivo móvil. Pero no todos los mexicanos tienen ese privilegio. El milagro móvil fue la oportunidad de que cada habitante tuviera acceso a la tecnología y pudiera hacer llamadas a través de un teléfono celular, lo cual no se consiguió en un siglo de existencia de la telefonía fija. En pleno 2021, ese milagro móvil que inició en los años ochenta del siglo XX todavía no se ha realizado en México. A finales de 2019 se contaban 96 líneas de servicio móvil por cada 100 habitantes. Chile, el líder digital de América Latina, tiene una penetración de telefonía móvil de 130%.
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Ahora se busca el milagro de Internet móvil: que toda la población tenga acceso a la conectividad y los servicios de banda ancha a través del dispositivo inalámbrico. La situación empeora porque en México existen 77 líneas de servicio móvil a Internet por cada 100 habitantes (en Chile es de 104%). El milagro móvil ha sido posible gracias al espectro radioeléctrico, que permite propagar señales, servicios y contenidos sin los cuales la vida moderna no sería la misma. La iniciativa de Ley Federal de Derechos para 2021 actualiza y encarece el uso del espectro radioeléctrico en diversas bandas del espectro radioeléctrico: 800 MHz, 600 MHz, 1427,1518 MHz y 3.5 GHz. Esta decisión es lesiva para los actuales usuarios de servicios y las futuras licitaciones de espectro.
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En la banda de 800 MHz se encuentran los usuarios 2G y 3G que tienen un limitado uso de datos. 3G, una tecnología móvil ya muy lenta para los estándares actuales de consumo que a veces no permite enviar ni un WhatsApp, apenas genera 21% del tráfico de datos, pero tiene 51% de los suscriptores móviles. La Ley General de Derechos para 2021 quiere cobrar a los operadores 565.77 pesos por cada megahertzio concesionado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tres de los estados que tienen menos cobertura y penetración de servicios móviles en el país. La misma ley en 2020 cobró por el uso del espectro 244.37 pesos en esas mismas entidades. Es un aumento en el pago de derechos de 131.14%. Para efectos prácticos, lo anterior significa que los operadores que ofrecen el servicio en los municipios de esos tres estados, los menos conectados del país, no van a incrementar los precios porque existe un ambiente competitivo, pero tampoco van a invertir en la necesaria infraestructura de banda ancha que requieren, porque tienen que pagar más por el espectro y no son usuarios intensivos de datos móviles. La migración de usuarios 2G y 3G a 4G en Guerrero, Oaxaca y Veracruz será mucho más lenta. Sus habitantes seguirán rezagados en el uso de la tecnología y seguirán formando parte de la estadística que no logra superar la brecha digital.
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Para el caso de la Ciudad de México, la Ley General de Derechos para 2021 contempla un pago de 29,727.71 pesos por cada megahertzio concesionado en la banda de 800 MHz, porque es un mercado más rentable. En 2020 esa cifra fue de 18,996.89 pesos. El aumento en el pago para el uso de la banda de 800 MHz será de 56.48% para la capital del país. La comparación entre entidades de la República revela con nitidez que la política recaudatoria de Hacienda para el pago de derechos en la banda de 800 MHz significa un mayor castigo para los estados con más habitantes desconectados, lo cual contradice el discurso oficial de “primero los pobres” digitales. Aún así, para los operadores que prestan el servicio en la CDMX pagar 56% más en la región más cara del país es muchísimo, si se considera que, de junio de 2013 a abril de 2020, el índice de precios de los servicios móviles tuvo una disminución de 43.9% y los usuarios somos intensivos en el uso de datos, lo cual exige inversiones adicionales que soporten esa demanda de datos.
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El esquema de cobros vigente por el uso del espectro radioeléctrico contempla que 90% del valor de las frecuencias sean pagos de derechos a lo largo del tiempo que dura la concesión. El otro 10% es el pago inicial por adquirir las bandas. Es fácil de entender: el espectro radioeléctrico es el combustible de los servicios móviles de voz y banda ancha; cuando el combustible es caro, siempre va a impactar de alguna manera ese costo, ya sea en el bolsillo de los consumidores, en la inversión de los operadores o en el lento despliegue de la infraestructura. Aunque el discurso del gobierno habla de generar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones, el elevado costo del espectro fue la causa en su momento de la venta de Nextel y el reciente plan de devolución de espectro de Telefónica. Ahora sólo Telcel y AT&T, y en menor medida Altán Redes, soportarán la inversión de su actual espectro concesionado y las futuras licitaciones en las bandas de 600 MHz y 3.5 GHz.
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Esas bandas ya han sido identificadas para proveer servicios de quinta generación (5G). La de 600 MHz permitirá cobertura incluso en zonas alejadas y rurales, mientras que la de 3.5 GHz es idónea para garantizar capacidad en ciudades densamente pobladas. Ambas requerirán fuertes inversiones para el despliegue de la red y la operación de los servicios, además del pago de derechos por el uso del espectro. La latencia, rapidez y capacidad multidispositivos de 5G permitirá que las conexiones se equiparen a la velocidad que actualmente ofrece la fibra óptica. Los hogares, los negocios, las industrias y las ciudades se beneficiarán de las características y beneficios que promete 5G. Pero si el precio del espectro es elevado, las licitaciones, las inversiones, los despliegues de infraestructura, la cobertura de servicios, la automatización de los sectores productivos y la transformación digital se retrasarán. El secretario de Hacienda y los legisladores que revisan cada año la Ley Federal de Derechos son parte de un milagro móvil que no todos comparten. De frente a la recuperación económica pospandemia sus decisiones en materia de pago por el uso del espectro radioeléctrico permitirán que más mexicanos gocen del milagro móvil o sigan excluidos de él. Sería un milagro que recuerden que el acceso a las tecnologías e Internet es un derecho fundamental. *Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Twitter: @beltmondi  

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