UNAM: justicia y equidad de género

miércoles, 9 de septiembre de 2020 · 10:59
Sin prisas, pero sin pausas, la Universidad Nacional Autónoma de México tradujo en acto el 27 de agosto del año en curso, el mandato del Estatuto General de la UNAM reformado en febrero pasado, el cual no había podido materializarse por la pandemia de covid19. El asunto no es menor; antes bien, resulta oportuno y pertinente que se reformaran los artículos 98, fracción II, y 99 porque responden a una demanda de la comunidad universitaria para institucionalizar el nuevo rostro del Tribunal Universitario de la máxima casa de estudios del país. En efecto, el citado artículo 98, fracción II, amplía una importante causal de responsabilidad, al establecer que: “para los casos de violencia de género las sanciones indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxatividad y proporcionalidad en los términos establecidos por la normatividad y los Lineamientos correspondientes”.

DEBES LEER:

https://www.proceso.com.mx/645240/john-ackerman-y-proceso-el-diferendo-columna-ernesto-villanueva Esta nueva falta considerada ahora como grave y que no existía expresamente como tal en el Estatuto General permite ajustar la normatividad a la nueva realidad que, por desgracia, ha adquirido carta de naturalización no sólo en la UNAM, sino en distintas instituciones, a lo que el Consejo Universitario dio respuesta. El Tribunal Universitario había tenido una discreta presencia en la vida universitaria, pese a ser el poder judicial dentro de la Universidad, con el rezago, la ausencia de normas aplicables a conductas puntuales como la violencia de género y cumpliendo, en la práctica, una labor más testimonial que de impartición de justicia dentro de la UNAM. Esa circunstancia, el presidente del Tribunal, el distinguido jurista Eduardo López Betancourt, decano de la Facultad de Derecho de la UNAM, la había señalado de manera reiterada en distintos foros públicos. En esa misma dirección, diversos colectivos de mujeres visibilizaron la magnitud del problema con la violencia de género, un tema de importancia significativa, pero que carecía del instrumental normativo y el diseño institucional adecuado para ser debidamente atendido. En esa línea, además de reformar el artículo 98, fracción II, se hizo lo propio con el artículo 99 del Estatuto General, de suerte que de un vocal se amplía a tres, con dos elementos de importancia capital: a) las nuevas integrantes provendrán de las Facultades de Estudios Superiores, una de Acatlán y otra de Aragón, de tal modo que ahora existe una verdadera representatividad; y b) la integración del Tribunal es con paridad de género.

ENTÉRATE:

https://www.proceso.com.mx/642859/orta-y-sheinbaum-tiro-de-gracia-a-la-presuncion-de-inocencia Además de la secretaria del Tribunal que corresponde al o a la titular de la Oficina del Abogado General, ahora la Dra. Mónica González Contró, así como la Mtra. Angélica Chávez Gutiérrez, de la FES Aragón, quien es experta en derechos humanos, y la Dra. María Fernández Díaz, de la FES Acatlán, especialista en victimología, bajo la presidencia del Dr. López Betancourt, una autoridad en materia penal. Es esperable que este nuevo diseño del tribunal, que irá acompañado de una ampliación de su estructura física y humana, esté en condiciones materiales para dar respuesta oportuna y pertinente a una problemática que había permanecido con un bajo perfil público. Este ejemplo debería ser emulado por los distintos centros universitarios del país, de modo tal que la igualdad del hombre y la mujer no sea sólo una figura retórica sin asideros en la normatividad. La UNAM, por lo pronto, ha dado un paso adelante. OJO: Caso Lozoya: ¿conveniente olvido de Fertinal? @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com