Jorge Bravo

La CNDH ¿y los derechos digitales?

Es cierto que la CNDH se enfoca en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desaparición de personas y muchas más, pero el derecho de acceso a las TIC no es inferior ni menos importante que los otros.
miércoles, 20 de enero de 2021

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. ¿Qué ha hecho en materia de derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? Casi nada.

El derecho de acceso a las TIC, la banda ancha e Internet quedó consagrado en el artículo sexto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013. Este derecho es tutelado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el gobierno federal a través de una política pública de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

El poder de la CNDH y de los respectivos organismos estatales consiste en formular recomendaciones públicas que exhiben la actuación u omisión de las autoridades. Es cierto que la CNDH se enfoca en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desaparición de personas y muchas más.

Pero el derecho de acceso a las TIC no es inferior ni menos importante que los otros derechos fundamentales, tiene el mismo nivel de jerarquía y debe respetarse igual que los demás, es decir, es interdependiente.

Ingresé al sitio de la CNDH y de los 54 derechos que tiene catalogados no se encuentra el derecho de acceso a las TIC y la conectividad. Tampoco ha emitido recomendaciones, no cuenta con una visitaduría especializada en el tema ni con un programa de atención.

El 17 de mayo de 2019, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la CNDH emitió un comunicado donde expresa su preocupación por la persistencia de la brecha digital en el país, “ya que el uso de las TIC es una acción predominantemente urbana e incluso entre las zonas urbanas se advierten diferencias notables”.

El organismo exhortó a las autoridades a fortalecer sus acciones para reducir la brecha digital, favorecer el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas e incorporar las recomendaciones internacionales de la materia en la legislación, para garantizar una Sociedad de la Información incluyente de los grupos de atención prioritaria.

La CNDH no volvió a pronunciarse, pero si ya identificó el problema de la brecha digital en México, es tiempo de que dicte una recomendación.

Ni la CNDH ni las comisiones estatales se han pronunciado sobre la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. Como los demás derechos humanos, el de acceso a las TIC e Internet es progresivo, significa que se requieren políticas públicas digitales focalizadas en reducir la brecha digital en las zonas y entre las comunidades que permanecen desconectadas.

¿Cómo la desaparición de esa oficina desprotege los derechos digitales de los mexicanos? es una pregunta que no se ha formulado la CNDH o no quiere hacerlo. Más aún: ¿cómo la propuesta de desaparecer el IFT atenta gravemente contra el derecho de acceso a las TIC, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y los derechos de las audiencias? Al igual que el IFT, la CNDH también es un organismo autónomo constitucional: ¿debería estar preocupada por el incierto destino de una institución que tutela derechos fundamentales?

El acceso a las TIC, la banda ancha e Internet es un derecho universal, debe alcanzar a todas las personas sin exclusión de género, edad, ubicación geográfica o cualquier condición personal, social o económica. Sin embargo, en el país 30% de la población no tiene acceso a Internet, equivalente a 40 millones de mexicanos.

¿A la CNDH no le preocupa que por falta de acceso a tecnologías, conectividad y servicios de telecomunicaciones la población no tenga mejores servicios de salud, educativos, libertad de expresión, acceso a la información, la justicia, la ciudadanía digital, el trabajo y la cultura? ¿No le interesa que más grupos sociales como mujeres, personas con discapacidad, adultas mayores, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a los beneficios digitales?

En España existe el Defensor del Pueblo, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Una de sus áreas de actuación son las comunicaciones, consideradas un servicio público esencial para el desarrollo de una vida digna.

Desde 2006 el Defensor del Pueblo denunció que la banda ancha crece de un modo insuficiente, desigual y a un precio excesivo, especialmente en el medio rural. Calificó Internet como “un vehículo fundamental dentro de la sociedad de la información”. El informe de 2019 incluye un apartado donde advierte que “el acceso al servicio de Internet en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los ciudadanos residentes en España es una cuestión que preocupa a esta institución, por suponer una brecha digital que separa a los habitantes de las zonas menos pobladas”.

En 2014 el Defensor del Pueblo elaboró el estudio “Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos” con recomendaciones a instituciones, reguladores y comunidades. Entre otras cosas, les pide “extender de forma real la banda ancha para que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, reciban el servicio de Internet en condiciones óptimas de velocidad, calidad e igualdad”. También recomienda “adoptar medidas educativas, económicas y sociales para paliar la brecha digital”.

En 2015 publicó una recomendación relacionada con la implantación de la fibra óptica. Explica que el acceso de los ciudadanos a la banda ancha tiene repercusión en otros bienes y derechos tutelados por la Constitución, como el acceso a la educación, la información, el ejercicio de la libertad de expresión, entre otros. También es un insumo para la generación de otros servicios en el ámbito de la Sociedad de la Información, por lo que afecta la libertad de empresa.

El Defensor del Pueblo recomienda “velar porque no se produzcan diferencias territoriales en el desarrollo de la banda ancha evaluando el impacto de la regulación en el desarrollo de esta tecnología”.

Aún con asignaturas pendientes, hoy España tiene 118 suscripciones de telefonía móvil y 102 de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, 91% de los hogares tiene Internet y el despliegue de fibra óptica abarca 80% del territorio, el mayor de Europa. En derechos digitales la CNDH no ha servido lo suficiente a los mexicanos.

Twitter: @beltmondi

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