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Tres años de AMLO: rumbo al infierno digital

La política de cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones de la 4T tiene énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para propiciar la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la 4T no sabe cómo hacerlo.
miércoles, 1 de diciembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las primeras referencias del infierno se encuentran en tablillas sumerias hace más de 4 mil años. Al infierno descendían las sombras de los reyes muertos; allí percibían el plañido del pueblo porque los monarcas habían dejado obras inconclusas. Ante Gilgamesh, el juez de los infiernos, los reyes elevan sus lamentaciones por todas las cosas que dejaron de hacer. El presidente López Obrador se encamina a descender al infierno digital, porque a tres años de su gobierno todo indica que dejará inconclusa la gran obra de conectar a todos los mexicanos a Internet.

La experiencia internacional enseña que las políticas públicas digitales son programas que deben implementarse y ejecutarse al inicio de los gobiernos porque sus impactos son transversales a toda la administración pública y actividades cotidianas, las inversiones en telecomunicaciones son a largo plazo, requieren certidumbre jurídica y es una industria que arroja resultados inmediatos, fáciles de ponderar.

El artículo sexto de la Constitución señala que “el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”.

El Programa Sectorial en Comunicaciones y Transportes busca que en 2024 (cuando concluya el sexenio), 77.2% de la población sea usuaria de Internet. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2020 el 72% de la población de seis años o más era usuaria de Internet, equivalente a 84.1 millones de personas.

La meta de la Cuarta Transformación es que la población con cobertura de banda ancha móvil en las zonas cubiertas por los operadores alcance 95 millones de personas. Se ve difícil alcanzarlo; de lograrlo aún restarían por conectar cerca de 30 millones de mexicanos, quienes permanecerían rezagados del desarrollo, los beneficios y el bienestar digital.

AMLO tiene una política social clara que se resume en dos frases: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” y “Por el bien de todos, primero los pobres”.

La política de cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones de la 4T tiene énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para propiciar la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la 4T no sabe cómo hacerlo y no cuenta con el diseño institucional (desmontado por el propio gobierno) ni con los recursos humanos y económicos para ejecutarlo.

No dejar a nadie atrás -inclusión digital- y conectar a los pobres no es sencillo. Desplegar redes, llevar conectividad y servicios a las localidades más apartadas, donde también radica la población más desfavorecida, con menos ingresos, más pobre y de lenguas originarias, es lo más difícil cuando se trata de acceso universal a las tecnologías, telecomunicaciones y cerrar la brecha digital. 

Los principales retos de cobertura en México son la dispersión poblacional, la compleja orografía del país, los bajos niveles de ingresos, los altos grados de marginación de habitantes que viven en las localidades más apartadas y las limitadas habilidades digitales de la población.

Ampliar la cobertura de Internet a todo el país es uno de los 25 programas prioritarios del gobierno de la 4T, pero no al que se le ha dado más importancia ni recursos. Como el gobierno mostró incapacidad para hacer una alianza con el sector privado para ampliar la cobertura y el acceso a la conectividad, prefirió hacer lo más difícil y oneroso: crear su propia empresa pública, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad.

La empresa de Internet de AMLO tiene un propósito noble: conformar una red de telecomunicaciones sin fines de lucro para dar acceso efectivo a la población que no cuente con cobertura de dichos servicios. También promover el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, por tratarse de una empresa nueva, con limitado presupuesto y sin una estrategia tecnológica y comercial clara, sus avances y logros han sido limitados.

La referencia del complejo trabajo que tiene que realizar CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se encuentra en los programas de Cobertura Social y de Conectividad en Sitios Públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En dichos programas están identificadas las localidades de atención prioritaria de cobertura social. La base de datos de sitios públicos prioritarios por conectar está integrada por un universo de 19,041 sitios, ubicados en 7,433 Localidades de Atención Prioritaria de Cobertura Social donde habitan 4.8 millones de mexicanos.

La identificación de los sitios públicos prioritarios busca enfocar los esfuerzos para llevar banda ancha e Internet a la población de las localidades más marginadas por parte de los operadores privados de telecomunicaciones, la Red Compartida de Altán y la propia CFE Telecomunicaciones e Internet para todos. Los sitios públicos son escuelas y universidades, hospitales y centros de salud, oficinas de gobierno, centros comunitarios, espacios abiertos y los que formen parte de algún programa público como sucursales bancarias o tiendas de abasto.

Pero ya ha transcurrido la mitad del sexenio y todavía no se aprecian resultados tangibles además de un sector desarticulado, sin brújula, sin timón y sin capitán que sepa guiar la nave de la digitalización de México.

Llama la atención que en un gobierno que se autodenomina de izquierda sea tan palpable la ausencia de Estado, de gobierno y de rectoría de un sector estratégico para el crecimiento, el desarrollo y la recuperación económica post pandemia. El polémico acuerdo presidencial y secretarial para acelerar las obras de infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones y otros sectores es la confesión pública del tortuguismo digital y tecnológico de la 4T. Es una política insuficiente, además de contraproducente en términos de derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas por haber sido declarada como de “seguridad nacional”.

Aunque sería deseable tener un Estado emprendedor, una visión clara del sector, agendas digitales, planes de banda ancha y hojas de ruta tecnológicas, la ventaja es que el de telecomunicaciones es un sector que puede avanzar incluso sin agenda pública, porque es intensivo en capital, su actualización tecnológica es permanente y se encuentra bajo intensas presiones de competitividad nacionales e internacionales. Es la hora del realismo: de que el sector privado invierta y avance por su cuenta y de que AMLO descienda al infierno a rendir cuentas de las obras inconclusas. “Entonces vendrán el llanto y la desesperación.”

Twitter: @beltmondi

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