Senado de la República

El Senado: su responsabilidad en la impunidad

¿Qué puede hacer un grupo de legisladores a fin de construir investigaciones efectivas que permitan llegar a la verdad, así como procedimientos penales respetuosos de los derechos humanos que cumplan con su función de brindar certeza al momento de emitir una sentencia? 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando miramos los altos niveles de impunidad en nuestro país —siempre superiores al 95% independientemente del estudio que se lea— es frecuente cuestionar el trabajo de las instituciones de seguridad y de justicia. Esto es válido, existe mucho por hacer en este terreno; sin embargo, con frecuencia olvidamos atribuir responsabilidades a otros sectores, que por acción u omisión, contribuyen a perpetuar el sistema que en nada ha servido para generar los cambios que necesita este país en términos de justicia y que, por el contrario, únicamente han favorecido la discrecionalidad, el uso arbitrario del poder y las violaciones de derechos humanos.

Nos referimos al Poder legislativo. ¿Qué puede hacer un grupo de legisladores a fin de construir investigaciones efectivas que permitan llegar a la verdad, así como procedimientos penales respetuosos de los derechos humanos que cumplan con su función de brindar certeza al momento de emitir una sentencia?  En nuestra opinión, las cámaras de Senadores y Diputados pueden hacer bastante. En su lugar, han dado pasos decisivos para eliminar avances que han costado mucho trabajo obtener en este país.

Basta con recordar algunas de las reformas constitucionales violatorias de derechos humanos impulsadas en este sexenio: Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, cuyo enfoque represivo termina siempre afectando en mayor medida a las y los más pobres de este país. La responsabilidad del legislativo no concluye con esas enmiendas, pues es posible apreciar un pacto entre la Fiscalía General de la República y el Senado a fin de que aquélla pueda actuar de forma discrecional. ¿Cuál es el acuerdo que tiene el Senado con el Fiscal General para conservar un modelo de justicia del siglo pasado y para que la Fiscalía actúe sin contrapesos?

La odisea por querer revertir algunos de los avances a nivel legislativo de la FGR, inició en enero de 2020, cuando integrantes del Senado, altos funcionarios de la administración pública federal y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, anunciaron públicamente la presentación de un paquete legislativo a fin de iniciar el proceso que culminaría en lo que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, calificó como la reforma que llevaría a “consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia”. La presentación formal fue prometida para el 1° de febrero, pero antes circularon los presuntos proyectos que se estaban trabajando. Las críticas no se hicieron esperar: se trataba de propuestas peligrosas y sumamente regresivas, que muy pronto se quedaron sin autor conocido, pues tanto el Fiscal General como la Secretaria de Gobernación se deslindaron de las mismas. Si los documentos eran reales o no, éstos nunca se presentaron —afortunadamente—, pero quedaron como antecedente que originó preocupación sobre el futuro del sistema de justicia penal.

A la fecha, el Senado ha sido omiso al cumplir con su papel de control democrático de la Fiscalía. Por ejemplo, la designación de las y los titulares de las fiscalías especializadas se ha llevado a cabo sin que esta Cámara ejerza su labor de supervisión. Si bien se trata de una facultad del Fiscal General, estos nombramientos deben ser comunicados a la Cámara de Senadores, para que pueda objetar, en su caso, estas decisiones. Este deber no debiera ser tratado como un mero formalismo, sino como un verdadero ejercicio de control, en el que se valore si el Fiscal General atendió a lo dispuesto por la ley orgánica: convocatoria pública, participación ciudadana en los procesos de selección, máxima transparencia y publicidad, así como decisión motivada en el principio de mérito. Nada de esto ocurrió y, sin embargo, el Senado no manifestó absolutamente nada.

El Senado también ha sido omiso en nombrar a las y los integrantes del Consejo Ciudadano. Se trata de un cuerpo de cinco personas que hayan contribuido a la procuración y administración de justicia, así como a la defensa de los derechos humanos, que operará como un órgano de consulta y que debe pronunciarse sobre diversos aspectos del funcionamiento de la Fiscalía. Es, ante todo, un mecanismo de control democrático, que no ha sido instalado a pesar de que Gertz Manero ha cumplido dos años frente a la institución.

En relación con lo anterior, y como tercer punto de esta lista, la Constitución exige que el titular de la Fiscalía presente anualmente un informe de actividades. El correspondiente al primer año fue entregado; pero no ha ocurrido lo mismo para este segundo año de gestión. Frente a esta falta a la Constitución y a la ley, ambas cámaras del Congreso de la Unión se han mantenido impávidas. De nueva cuenta, no se trata de una simple formalidad, sino de un auténtico mecanismo de control que debiera ser tomado con absoluta seriedad.

El Senado tampoco se ha pronunciado sobre el Plan de Persecución Penal, que es el instrumento para guiar a la institución hacia prioridades estratégicas. En general, el Legislativo se ha comportado de forma completamente pasiva frente a la actuación de la Fiscalía General, en un momento en que su correcto funcionamiento es crucial para el país. Esta indiferencia tiene como consecuencia preservar un esquema autoritario en el que la rendición de cuentas es inexistente, mientras que la sociedad sigue en espera de justicia.

Esta complicidad no concluye con estas omisiones, pues en estos momentos se está trabajando en el Senado una iniciativa que pretende sustituir a la ley vigente de la Fiscalía, por un ordenamiento completamente distinto, sin que exista un diagnóstico que permita justificar el cambio y, lo peor de todo, sin que haya habido antes un verdadero ejercicio de rendición de cuentas del Fiscal frente a la falta de cumplimiento de su mandato de reducir la impunidad. Todo pareciera que la única razón para emitir una nueva ley es porque Gertz Manero no se siente cómodo con la actual. Probablemente esto es así, porque se trata de un ordenamiento al que no está acostumbrado, pues está diseñado para que sea posible exigir cuentas, para investigar a la delincuencia como un fenómeno con escalas de macrociminalidad y no de forma aislada caso por caso, para que las víctimas puedan participar activamente en el ejercicio de sus derechos. Son componentes necesarios que actualmente están en peligro por la incapacidad de una persona para amoldarse a las exigencias de una nueva realidad y de una nueva criminalidad.

No sólo lo decimos nosotros, mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por diversos puntos de la ley que se está impulsando y han instado al Estado mexicano a discutir estos cambios bajo un verdadero parlamento abierto. La única respuesta del Senado ante estas observaciones fue convocar a un foro —cínicamente llamado parlamento abierto— en el que las personas se podían expresar por tres minutos. Eso no es un parlamento abierto, es una simulación. Tal pareciera que existe prisa en sacar adelante la nueva ley; probablemente, debido a las próximas elecciones que podrían modificar la actual configuración del Congreso de la Unión, en la que Morena tiene la mayoría. El objetivo debiera ser, sin embargo, la creación de la mejor ley posible, no porque pueda ser votada con facilidad, sino porque exista seguridad en que se trata de un cuerpo normativo que responda a las necesidades de este país, a las necesidades de las víctimas, y eso sólo puede ocurrir si se atienden todas las voces involucradas.

La última pregunta es ¿dónde está la oposición? ¿existe oposición? ¿acaso a todos los partidos les conviene una Fiscalía que no funcione y un Fiscal que no cumpla su trabajo ni rinda cuentas?

Hemos visto la opacidad del Senado frente a la actuación del Fiscal General. Esta semana comprobaremos si la complicidad se consolida con la aprobación de una Ley Orgánica a todas luces regresiva, cuestionada por servidores y servidoras públicas del mismo gobierno federal y por organismos internacionales. El Senado tiene una responsabilidad frente a la impunidad que vive el país. Ojalá mantenga en mente a la sociedad que representa.  

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