En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho declaraciones que reiteran su animosidad hacia la democracia liberal y el Estado de derecho. Sus ataques al INE y a jueces que han bloqueado la instrumentación de leyes han adquirido una virulencia sin precedentes. En paralelo, su apoyo a la iniciativa para ampliar el período del presidente de la Suprema Corte abre la puerta a la subordinación del Poder Judicial y a la extensión de su propio periodo de gobierno.

En los hechos, AMLO está mostrando con claridad la férrea voluntad que subyace a su famosa frase “al diablo con sus instituciones”.

Tal desarrollo de los acontecimientos no es sorpresivo. Las pulsiones autoritarias de López Obrador han aparecido a lo largo de su trayectoria política. Dicho impulso a su vez parece tener un sustrato ideológico que no se ha analizado lo suficiente y que va más allá de la simple búsqueda de poder. En sus posicionamientos sobre la democracia, el poder judicial y organismos autónomos hay reminiscencias de una visión marxista de la realidad social, en la cual tal vez abrevó durante sus años de estudiante en la UNAM y, más reciente, al estar en contacto con asesores como Enrique Dussel.

En efecto, AMLO parece ver en la democracia liberal y el estado de Derecho consustancial a tal régimen, no un arreglo social que permite la conciliación entre grupos de interés divergentes en un marco de igualdad política de los individuos, sino una mera fachada de intereses de la clase económica dominante.

Para el filósofo alemán —a quien AMLO ha catalogado como “uno de los mejores filósofos del mundo”— la democracia liberal (o “burguesa”) es un instrumento de dominación de la oligarquía, que neutraliza las demandas de los sectores pobres, impidiendo un cambio verdadero en las relaciones de producción. A su vez, la supuesta objetividad del marco legal es sólo una ficción pues los grandes empresarios son los únicos que tienen capacidad de influir sobre el mismo.

Hay un vasto acervo de declaraciones del presidente que podrían recuperarse para apuntalar esa hipótesis. Por ser reciente, sin embargo, conviene recordar su intervención en la “mañanera” del 12 de abril cuando dijo que, salvo por breves excepciones en la historia (como el gobierno de Juárez y Lerdo y la etapa Maderista), “nunca ha habido democracia en México”, ni siquiera durante el período de la transición democrática pues los legisladores y partidos “muchas veces eran títeres, instrumentos de los que realmente mandaban y decidían”.

En cuanto a su visión del Poder Judicial y organismos autónomos, también hay muchas declaraciones a las que se puede recurrir. Ha llegado a acusar a sus integrantes de estar dominados por la “mafia del poder” y a la Suprema Corte de “ser un instrumento de la oligarquía para dominar al pueblo”.

La consecuencia lógica de tal aproximación a la realidad lleva invariablemente al autoritarismo. Si el sistema de partidos y el marco constitucional es por naturaleza contrario a una auténtica transformación social que acabe con las injusticias, entonces debe desaparecer para ser sustituido por un arreglo que verdaderamente represente los intereses del pueblo, cuya voluntad no se transmite por las urnas sino en comunicación con el líder, el cual se vuelve su único interprete.

En 1938 el revolucionario León Trotski escribió durante su exilio en Coyoacán el libro Su moral y la nuestra, en el que desarrolló su visión sobre la interpretación marxista de la moralidad. En dicho escrito rechazó la existencia de normas morales “universalmente válidas”, pues éstas tienen un carácter de clase.

Lo único que en verdad se puede llamar “bueno” es aquello que avanza los intereses de la revolución. Una visión similar parecería deducirse de los posicionamientos de AMLO. Para él “es moralmente imposible” el triunfo de los conservadores, con los que no hay negociación válida. El líder del pueblo tampoco está obligado a cumplir con la ley porque, como dijo recientemente López Obrador, “mi derecho está por encima de cualquier reglamento”.

Bajo esta premisa, lo verdaderamente ético está del lado de la “cuarta transformación”. La consecuencia lógica es evidente: se debe utiliza cualquier medio para defender lo ético, que es lo favorable al pueblo. Ello incluye concentrar el poder, así sea cooptando e intimidando a opositores.

De tal suerte, es indudable que el regreso del autoritarismo —en una vertiente caudillista y antiinstitucional— es un peligro real e inminente para México. De refrendar una mayoría contundente en la Cámara de Diputados, López Obrador buscaría apuntalar una “democracia popular” que, como nos ha enseñado de sobra la historia, sería todo menos democrática.

*El autor de este texto es consultor en Asuntos Públicos y Riesgo Político