Opinión

Juezas por la democracia y la paridad: la lucha de una oaxaqueña

Una jueza oaxaqueña ha decidido romper con prácticas violatorias de derechos humanos respecto a nombramientos de altos cargos de integrantes del poder judicial local. Esta jueza, Erika Rodríguez, ha emprendido una lucha ejemplar por la independencia judicial y la paridad de género.
viernes, 11 de junio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos autoritarios tienen la tentación de controlar todos los poderes: el legislativo, de donde saldrán las normas que les permitirán actuar conforme a su visión, y el judicial, donde se procurará la interpretación de esas normas a su favor. En el ámbito federal, especialmente respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hemos visto la tendencia de que el Poder Ejecutivo coloque a sus candidatos. Es muy difícil, si no imposible, pensar que logre llegar a dicha posición quien no es abanderado/a por el Presidente. Esta es la historia de las designaciones de altos cargos en el Poder Judicial Federal.  La misma realidad se vive en el ámbito local.

Desde la sociedad civil se ha tratado de hacer contrapeso a la discrecionalidad en los procesos de designación de altos cargos —sin éxito, hay que decirlo—. La Fundación para la Justicia ha promovido por lo menos seis juicios de amparo en contra de designaciones de altos cargos en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En estos procesos se ha destacado que los nombramientos violan la Constitución y compromisos internacionales en materia de participación ciudadana, autonomía, independencia, transparencia, escrutinio, procedimiento adecuado, perfil idóneo, entre otros aspectos.

En todos los casos, los Tribunales Colegiados de Circuito y hasta la SCJN han señalado que las designaciones son decisiones soberanas de los órganos que intervienen en ellos (Presidente de la República y Senado), por lo que no pueden ser cuestionados mediante juicio de amparo. Lo anterior significa que en México, no contamos con el derecho ciudadano a un recurso efectivo frente a designaciones de altos cargos en las que se considere que se violan la Constitución y los estándares internacionales, y con ello diversos derechos humanos.

Frente a esta realidad, una jueza oaxaqueña ha decidido romper con prácticas violatorias de derechos humanos respecto a nombramientos de altos cargos de integrantes del poder judicial local. Esta jueza, Erika Rodríguez, ha emprendido una lucha ejemplar por la independencia judicial y la paridad de género. Esta es la historia:

El 22 de marzo de este año, se publicó en el Periódico Oficial de Oaxaca la convocatoria emitida por el gobernador para ocupar dos vacantes de magistrado o magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Después del escrutinio del Consejo de la Judicatura mediante exámenes de oposición, el Consejo remitió al gobernador dos listas para que de ahí eligiera dos ternas y las enviara al Congreso del Estado, que haría la elección final.

Ahí empezamos a notar las primeras irregularidades e intenciones del Gobernador de Oaxaca. El Consejo de la Judicatura remitió dos listas, una de 8 hombres y otra de 8 mujeres. Lo lógico, y atendiendo a la paridad de género, era que el gobernador integrara una terna de mujeres y otra de hombres, pero el gobernador mezcló las listas y mandó ternas mixtas. Aun así, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia  del Congreso preseleccionó a un hombre y a una mujer, esta última siendo la jueza Erika María Rodríguez.

Lo que sucedió a continuación es la consolidación de una absoluta irregularidad, que debe ser investigada y explicada por la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca. Dicha Comisión debía convocar al Pleno del Congreso de Oaxaca para ratificar los nombramientos. Sin embargo, eso no sucedió ¿Por qué? Esto es lo que se preguntan las y los oaxaqueños y los magistrados electos. Dejaron correr el término para que, frente a la ausencia de designación del legislativo, el gobernador decidiera.

Nuestras prácticas administrativas están llenas de burocracia, pero aquí se actuó increíblemente rápido: el plazo del Congreso para nombrar magistrados venció el 3 de mayo y al día siguiente, el gobernador usó su derecho Constitucional de “nombrar en rebeldía” ante la ausencia del Congreso. Nombró dos hombres, que ꟷsegún lo manifestado por organizaciones locales de la sociedad civilꟷ carecen del perfil para el puesto.

Los estándares internacionales señalan que una de las garantías de la independencia judicial es el adecuado proceso de selección y nombramiento, con transparencia, publicidad, participación ciudadana, selección con base en el mérito y principio de igualdad y no discriminación.

Sobre este último punto, hay estándares específicos como las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujerꟷ que establecen el compromiso de los Estados de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, para que participen en la formulación de políticas gubernamentales, ocupen cargos públicos y ejerzan todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

El caso se encuentra en litigio ante los tribunales federales en Oaxaca: el Juzgado XI de Distrito admitió la demanda y dictó una histórica suspensión provisional de las funciones de los dos magistrados designados, misma que fue revocada con motivo del recurso promovido por el gobernador. Posteriormente se negó la suspensión definitiva. El Poder Judicial Federal tiene la oportunidad de revertir las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra la jueza, pero también en contra de la sociedad al estar de por medio la independencia judicial.

Frente a esto la jueza oaxaqueña ha comunicado su caso al Relator de Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, quien este miércoles 9 de junio en su cuenta de Twitter ha manifestado: “#México: Preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Erika María Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado.” “El gobernador designó a otra persona, un varón. Ello afecta el derecho de la magistrada y el principio de paridad de género”. “Hago un llamado para que se respete el procedimiento constitucional mediante el cual la Magistrada Erika María Rodríguez fue nombrada”.

¿Por qué una jueza oaxaqueña está desafiando al sistema? Porque este país requiere de personas valientes como Erika, que se atrevan a luchar por la democracia y se atreven a ir en contra de las estructuras corruptas e injustas que lastiman el Estado de Derecho. Porque este país requiere servidoras públicas que pongan primero su convicción antes de la necesidad de escalar, para mantenerse en su cargo o para actuar conforme a los intereses del Ejecutivo. Porque nuestro país requiere servidoras públicas congruentes, que piensen más allá del beneficio propio; que apuesten porque este país salga adelante. Para lograrlo se requiere a veces nadar contracorriente. Justo después de publicada la Ley Zaldívar, necesitábamos noticias alentadoras de estas juezas que luchan por la democracia y los derechos humanos en contextos adversos y bajo sistemas patriarcales.

Una lucha legu00edtima por que se respete la paridad de gu00e9nero y la independencia judicial. Esta lucha va por todas y por...

Posted by Erika Rodriguez on Thursday, June 3, 2021

 

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