Alguien dijo que al final del día, tus controles son tan buenos o tan malos como lo es tu gente.

Érica Salomón Byrne

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cuestión política más importante de nuestro tiempo es sin duda la transparencia. Política sí, porque es un asunto que impacta de manera directa en la forma en que nos comportamos, como nos miramos y nos comunicamos en una sociedad que ha avanzado a ritmo de vértigo hacia la eliminación de todo aquello que oculte o al menos vuelva opaco lo que incluso antes era íntimo.

Importante porque avanzar en la transparencia es el camino más corto y más seguro para combatir, detener y abatir las prácticas de la corrupción como evidencia de desequilibrios sociales.

La lucha contra la corrupción ha seguido una suerte de normalización internacional y hoy se habla de actuar con base en los más elevados estándares, que se adopten las mejores prácticas, que se dé cabal cumplimiento a procedimientos que han demostrado su más elevada eficacia. Esta normalización, sin embargo, parece ir a contracorriente de la propia dinámica del fenómeno, de su necia obstinación por adecuarse a casi cualquier realidad más allá de buenas intenciones en su combate o incluso algunos éxitos que al tiempo parecen ser mucho más de coyuntura que de estructura.

No es necesaria más normatividad, es urgente mayor integridad. Es necesario construir decisiones orientadas a la supresión o reducción de los incentivos a la conducta corrupta y una de ellas, sin duda central, es la de la transparencia.

Si no queremos que la corrupción acabe con el futuro de muchos mexicanos, más nos vale invertir lo necesario en la generación de nuevas alternativas que visibilicen el fenómeno en todos los niveles en los que se presenta, así como garantizar que la integridad y el comportamiento ético se consoliden como una realidad cotidiana en todos los niveles de gobierno.

Ante la pregunta de por qué es imperativo invertir en integridad y transparencia, la respuesta parece obvia: porque la corrupción siempre resulta colectivamente más cara, y bien visto podríamos incluso decir que en la medida en que existe crecimiento con desigualdad, la corrupción goza de cabal salud.

Para superarla, los servicios públicos deben transitar esquemas de gestión claros, transparentes y expeditos para reducir e incluso eliminar cualquier discrecionalidad a cargo del servicio público. La certidumbre, principio fundamental del estado de derecho, debe ser la mejor herramienta en el combate a las malas prácticas del servicio público.

La norma del combate a la corrupción no puede devenir en una suerte de cernidor selectivo de entrada de corruptos en el mercado de la corrupción. Los responsables en el gobierno y quienes interactúan con ellos deben ser capaces de hacer lo que a cada uno corresponde sin más motivación que el cumplimiento de sus responsabilidades.

El servicio público debe garantizar las mejores condiciones en la gestión de las obras, las respuestas y los servicios que esa misma sociedad demanda. Licitar debe ser incuestionablemente la garantía para obtener las mejores condiciones, pero también y sobre todo, para cancelar indebidas tentaciones y abatir alicientes contrarios a la integridad del ejercicio de gobierno.

Para conseguirlo, la hechura de la norma deberá pasar por el tamiz de la solvencia ética de su aplicación, no sólo, como hasta ahora, se deben garantizar recursos para su aplicación e incluirla en la planeación institucional. Bien valdría que toda norma sea sometida a la prueba de los principios y los valores, de volver a lo básico como sinónimo de lo fundamental, lo relevante y esencial.

Sólo así será posible comprometernos en crear nuevos instintos que nos permitan acercarnos a una visión de futuro en el que la centralidad del todos y desde los todos nos brinde la oportunidad de combatir antiguas laceraciones, como la simulación y la opacidad, sobre la plataforma de la razón, las ideas y las propuestas surgidas de la propia sociedad. Participación y transparencia son así las dos caras de una misma moneda.

La ética deviene del ejercicio social de la libertad y la responsabilidad, es decir, del ejercicio de la política como entendimiento. La lógica que pretendió apartar el componente político a la conducción del gobierno fracasó tanto por su alejamiento de la moral pública como por la generación de procesos de exclusión social que dieron paso a enormes brechas que ahora nos corresponde cerrar y eliminar.

De lo que se trata es de devolverle a las instituciones su capacidad de respuesta social, su condición de actores estratégicos del bienestar colectivo, su vocación de servicio que les permita recuperar el aprecio ciudadano. Lograrlo pasa por garantizar que la integridad a través del control y la fiscalización vaya de la mano del impulso al estado de derecho y de los principios y los valores de comportamiento adecuado del servidor público.

Nuevos modelos de control y fiscalización deben ser garantía para que la transparencia no sea selectiva, la opacidad dé paso a la accesibilidad y las conductas indebidas pierdan cualquier atractivo. Se debe reconocer que actuar en este sentido obliga a discernir entre bienes éticos cuya tutela implica un mismo compromiso y una misma responsabilidad. Cincelar el rostro de la ética pública será siempre trabajo de artesanos, nunca una producción en línea.

Con ello, no se propone que se imponga una ética pública voluntarista, tan sólo reconocer que el valor de los bienes éticos que debemos tutelar llega a ser el mismo en función a las condiciones concretas y que obviar esta realidad, también ética, nos coloca de nueva cuenta, aunque en el extremo opuesto, de quienes opinaban que la consideración de lo ético en la búsqueda de desarrollo era sólo una pérdida de tiempo y un obstáculo que debía ser eliminado. El análisis debe considerar que todos los bienes éticos tienen el mismo valor que debe ser protegido y por tanto las decisiones que se construyan no pueden estar al margen de esta consideración.

Sobre la base de la norma, el imperativo ético deviene en el fundamento más sólido para las decisiones de gobierno, sólo así, legalidad y justicia han de soportar el futuro de nuestra sociedad. Sólo así integridad y transparencia podrán instalarse en el centro de una nueva convivencia social con equilibrios, con justicia y con futuro. 

*Titular del Órgano Interno de Control de la FGR