Patrimonio cultural

Mitigación, adaptación y resiliencia culturales (Segunda y última parte)

El Chocó, en Colombia, ha padecido por siglos una exclusión social propicia para la corrupción rampante; su inserción geográfica la apartó de las instituciones coloniales y quedó expuesta a industrias extractivas irracionales.
viernes, 30 de julio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Chocó se asienta en una de las regiones de mayor diversidad de Colombia debida a su riqueza natural, étnica y cultural. A este territorio lo atraviesa el río Atrato, que es el más caudaloso del país y el tercero más navegable después de los ríos Magdalena y Cauca; su manantial nace en la cordillera de los Andes y tributa en el golfo de Urabá, en el mar Caribe.

El Chocó ha padecido por siglos una exclusión social propicia para la corrupción rampante; su inserción geográfica la apartó de las instituciones coloniales y quedó expuesta a industrias extractivas irracionales. El patrimonio cultural intangible de la región hubo de sobrevivir a la cultura dominante colombiana. Su vulnerabilidad es más que palmaria.

Esta ecorregión, constantemente alterada, se halla inmersa en el debate del Cambio Climático (CC) y el del entorno natural y cultural, y se convirtió en forma súbita en un catalizador inexorable para un cambio radical en la sociedad colombiana.

La jurisdicción

En el sistema legal colombiano existen dos acciones constitucionales: la popular, que ampara los derechos e intereses colectivos, y la de tutela, que es un mecanismo idóneo de protección de las prerrogativas fundamentales previstas en la Constitución.

El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna (Tierra Digna), en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y de otras agrupaciones, demandó por la vía tutelar a instituciones como la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la restitución del pleno ejercicio de sus derechos bioculturales fundamentales; es el caso de aquellos cuya titularidad les corresponde a las comunidades étnicas, como el derecho a un medio ambiente sano y a la cultura. 

A estos pueblos les asiste asimismo el derecho a administrar y ejercer la tutela autónoma sobre sus territorios conforme a sus propias leyes, costumbres y tradiciones. El énfasis reside desde luego en su vínculo con el medio ambiente y la biodiversidad, el cual revela una clara simbiosis entre la naturaleza, los recursos y la cultura de los grupos étnicos e indígenas que habitan esas comunidades.

Tierra Digna demandó que, para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos bioculturales, debería obligarse al gobierno a emitir una serie de órdenes y medidas que permitiesen articular soluciones estructurales ante la grave crisis provocada por el CC en materia de cultura, socioambiental y humanitaria que padece la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños.

En noviembre de 2016, en el epicentro de una enorme presión social, la Corte Constitucional (CoC) pronunció una de las resoluciones emblemáticas de su tipo en América Latina (Expediente T-5.016.242): determinó que el mandato de la Constitución es prístino (artículo 8º) y comporta la obligación del Estado y de la sociedad colombianos de preservar las riquezas naturales y culturales; para ello la carta magna prevé obligaciones que resguardan el vínculo del ser humano con su entorno vital y obligan a su conservación, restauración y desarrollo sostenible. La Constitución, razonó la CoC, reivindica la diversidad étnica y cultural y el vínculo con la tierra como elementos integrantes de la cosmovisión y religiosidad de los pueblos originarios.

Si se atiende al texto constitucional y a los tratados que Colombia ha ratificado, la CoC expone que aquel se singulariza por ser una Constitución Ecológica. Más aún, hace énfasis en el interés superior de la naturaleza; para ello la norma suprema se alejó de la concepción antropocéntrica ortodoxa a fin de adoptar una visión biocéntrica y, en lo sucesivo, posturas ecocéntricas fundamentales. 

La conclusión de la CoC vertida en su sentencia era predecible, ya que el río Atrato y, con él, la naturaleza, deben ser considerados como auténticos sujetos de derechos, propios de las cosmovisiones plurales y alternativas de las comunidades, y susceptibles de tutela constitucional. De igual manera le dio efectos inter comunis a la resolución para todos los grupos étnicos que se encontrasen en igual situación fáctica y jurídica.

Este inusual precedente es armónico con la propia jurisprudencia colombiana según la cual la naturaleza resulta ser más que un ambiente y un entorno de los seres humanos; es, pues, un sujeto con derechos propios que deben ser protegidos y garantizados; incuestionablemente una sentencia progresista (Expediente T-080 de 2015). El efecto primario era darle legitimidad a cualquier ciudadano para demandar la protección constitucional hacia la preservación de su entorno cultural y natural. 

En términos técnicos, se observa que la naturaleza y el medio ambiente tienen un efecto transversal en el ordenamiento constitucional colombiano, a cuyas comunidades les asiste el derecho de mantener su herencia cultural distintiva. La función de los derechos bioculturales colectivos consiste en la administración tradicional de la naturaleza de conformidad con las cosmogonías indígenas. 

El vínculo entre naturaleza y especie humana encuentra su basamento en la bioculturalidad con significados espirituales y culturales intrínsecos a las comunidades. La diversidad étnica y cultural es inherente al carácter democrático, participativo y pluralista y a la plena aceptación de múltiples formas de vida, razas, lenguas, tradiciones y sistemas de pensamiento alejados de concepciones eurocéntricas (Resolución SU-510 de 1998).

Esta Resolución de la CoC ha tenido repercusiones insospechadas; poco después de haber sido emitida, 25 jóvenes colombianos, entre ellos muchos menores, recurrieron a la vía tutelar al estimar que sus derechos quedaban conculcados, como generaciones futuras, a una vida digna, a la salud, al agua y a su cultura por la deforestación inescrupulosa de la Amazonia colombiana. 

Con tal motivo la Suprema Corte de Justicia (SCJ), conforme al precedente de la CoC, consideró a la región como sujeta de derechos y titular de la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran (Expediente STC 4360-2018 de abril de este mismo año).

La vía jurídica elegida era equivocada; aun así, la SCJ sostuvo empero que, por consideraciones excepcionales, debería dársele curso a esa opción incorrecta. El tribunal supremo vinculó el CC al impacto sobre los derechos humanos y el reconocimiento de las generaciones futuras a ser oídas para la formulación de políticas, entre ellas las culturales, que ya las afectan o las afectarán en el futuro. Más aún, esta resolución, en forma innovadora, excluyó consideraciones técnicas provenientes de su sistema jurídico y acogió lisa y llanamente argumentos científicos, al concluir con base en ellos que la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. 

Los nuevos presupuestos procedimentales le han dado al acceso a la justicia en Colombia una nueva dimensión, en especial para las comunidades aisladas, agobiadas secularmente por el abatimiento económico o por el constante acoso a su diversidad cultural. El acceso a la justicia, cuyo sucedáneo es el acceso a la cultura, tiene como efecto primigenio la salvaguarda de culturas minoritarias altamente vulnerables y expuestas al avasallamiento de la cultura dominante.

La Constitución

El vocablo Pacha Mama, Madre Tierra, es propio de la lengua quechua, en la que pacha significa mundo o tierra, y mama, madre; a partir de ahí se ha construido un culto ecocultural de la Madre Naturaleza en la región andina.

Como parte de este movimiento Ecuador y Bolivia le dieron a la Pacha Mama una expresión constitucional, y en forma insospechada conceptúan a la naturaleza como sujeta de derechos; así, en la Constitución de Ecuador se dispone que aquella tiene derecho a que se le respete íntegramente en su existencia, y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Artículo 71). En términos técnicos la articulación jurídica le confiere la legitimidad procesal activa a toda persona, comunidad o pueblo para demandar su protección y todos los elementos inherentes a su ecosistema. 

El desarrollo de los derechos culturales en ambos ordenamientos es notable. El ecosistema se encuentra articulado con el derecho de las comunidades culturales, en su acepción más generosa, a construir y mantener su propia identidad, a decidir su pertenencia, agotar su libertad estética, a rescatar su memoria colectiva y acceder en forma irrestricta a su patrimonio cultural. Estas constituciones les aseguran el derecho a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a otras diversas. 

El espacio público, constituido por el entorno natural de las comunidades, es el ámbito innato de deliberación, intercambio cultural, cohesión y promoción de la igualdad en la diversidad; así, los pueblos originarios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura.

Los derechos humanos

En 1998 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución A/RES/53/144). Es una declaración primordial en el proceso evolutivo del binomio cultura-naturaleza. 

En marzo de 2019, en una resolución histórica promovida por México, entre otros países (No. HRC/RES/40/11), el Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobó un reconocimiento consustancial respecto de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, cuya actividad es primordial para asegurar el equilibrio del binomio Cultura-Naturaleza y para las iniciativas de sustentabilidad.

Esta resolución, que es consecuencia de la anterior, resulta por lo tanto de importancia cardinal en el desarrollo de la simbiosis entre cultura y naturaleza, uno de cuyos puntales es el ejercicio de los derechos culturales por parte de las comunidades. El exhorto a los Estados es terminante: sólo mediante el respeto y protección de los derechos humanos, específicamente, entre otros, de los derechos culturales, se pueden afrontar las consecuencias deletéreas del CC en su vertiente antropogénica. 

La contundencia del exhorto de esta resolución es más extensiva; compromete a la aprobación y aplicación de leyes e iniciativas públicas que garanticen, entre otros aspectos, la vida cultural. Dispone también la facilitación a la sociedad civil in extenso por parte de los Estados para que adopte medidas ambientales en sus ecosistemas y dé seguimiento a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, así como el establecimiento de marcos jurídicos e institucionales que prevengan, reduzcan y reparen los daños a la diversidad biológica y que eviten, además, la alteración de la práctica de los derechos económicos, sociales y culturales.

El presupuesto de este exhorto es incontestable, toda vez que el legado cultural es un componente de la diversidad que se considera un bien común universal. La unicidad y pluralidad de identidades comunitarias son una alfaguara para la interacción, la innovación y la creatividad. Este enunciado se extracta con la siguiente paráfrasis: la diversidad cultural es tan necesaria a la humanidad como la biodiversidad lo es a la naturaleza. 

Esta resolución tiene antecedentes inmediatos importantes; en 2018 la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático destacó la función trascendente de las comunidades culturales y pueblos indígenas en la amalgama del binomio cultura-naturaleza, en especial en lo que respecta a la promoción de los conocimientos tradicionales básicos para la preservación del ecosistema, la mitigación del CC y la adaptación a este último fenómeno.

La determinación de la naturaleza del derecho y del medio ambiente sano, y consecuentemente del entorno cultura-naturaleza, ha concitado a la comunidad internacional a un intenso debate; así se observa en las conclusiones de esa resolución. 

La relatoría ad hoc del experto independiente, especialmente la contenida en el Principio Marco 15, rendida a la CDH en marzo de 2018, es contundente: existe un círculo virtuoso entre derechos humanos, medio ambiente y acceso a la participación en la toma de decisiones, lo que conduce a una eficiente observancia de las disposiciones preventivas en el eje cultura-naturaleza. 

América Latina

El 22 de enero del año en curso Argentina y México depositaron en las Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, formalizado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (el Acuerdo), y que entró en vigor el 22 de abril en todos los Estados parte, incluido México, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Tierra (Diario Oficial de la Federación del 22 de abril de 2021).

Este acuerdo regional, pionero en el ámbito internacional, tiene muchas vertientes; una de las principales es el acceso a la justicia y su sucedáneo: el acceso a la cultura. El documento reconoce el carácter multicultural de la región, de sus pueblos y del Caribe, y obliga a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el Acuerdo, puesto que esa prerrogativa, tipificada como de naturaleza irrebatible, es un derecho humano de ejercicio irrestricto, y más cuando se trata de grupos en situación de vulnerabilidad.

La trascendencia del acuerdo es sustantiva: tiene un efecto irradiador y transversal. Las resoluciones de la CoC y de la SCJ colombianas, y las disposiciones constitucionales de Ecuador y Bolivia, permean en los Estados parte, que reafirman la salvaguarda del binomio cultura-naturaleza. Para ello, los países ratificantes se obligan a establecer las condiciones propicias con miras a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y que éstas se adecuen, entre otras, a las características culturales de las comunidades. 

La función del Poder Judicial (PJ) de cada Estado parte en tal propósito será determinante, pues el acuerdo lo obliga a una interpretación extensiva, aquella que resulte la más favorable a la fruición y respeto del derecho fundamental referido. Más aún, el PJ deberá valorar el conocimiento local, propiciar el diálogo y la interacción de diferentes visiones y saberes. El Estado parte está obligado igualmente a garantizar el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades culturales locales.

La interpretación extensiva se visualiza en el Plan Nacional de Acción de Cambio Climático de Guatemala que, al igual que el de Honduras, dispone que las acciones en materia de CC deben vertebrarse con el objetivo de salvaguardar el legado cultural y sin que se perturbe el pleno ejercicio de los derechos culturales. 

En Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador las acciones correspondientes deben estar en armonía con los entornos socioculturales, con total respeto a la diversidad cultural. Perú, por su parte, en su Estrategia Nacional ante el CC, prevé acciones diferenciadas con una aproximación intercultural, máxime en aquellas relacionadas con los pueblos originarios (Decreto Supremo No. ENCC-011.2015).

En estos planes, al acceso a la justicia y a la cultura se les da una dimensión universal, ya que ésta debe ser dilatada. En lo sucesivo cada persona, grupo, comunidad, pueblo, e incluso público en lo general pueden demandar la salvaguarda del binomio cultura-naturaleza sin que para ello sea óbice la constatación del interés jurídico. Es relevante que el Estado parte reduzca o francamente elimine barreras al pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia, allane el uso de la interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales y favorezca la asistencia técnica y jurídica gratuita.

Epílogo

Nada es más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado, según una frase célebre atribuida al escritor francés Victor Hugo, y bien se podría agregar que es imposible oponer resistencia alguna. La interacción entre los derechos humanos y el medio ambiente es una idea cuyo momento es el actual. 

En el informe intitulado Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2017, se da cuenta con meticulosidad del creciente número de conflictos socioambientales, y por consiguiente culturales, la mayoría relativos al manejo y la explotación de recursos naturales. 

En ese contexto la Defensoría del Pueblo de Perú comunicó que 73% de los conflictos sociales de este país son de carácter socioambiental y cultural; la mayor parte de ellos asociados a las actividades mineras e hidrocarburíferas. En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó más de 102 conflictos de este tipo en 2016.

La Cepal sostiene que una inconformidad social que gravite en torno al control, el uso y el acceso a los recursos naturales, así como los efectos perniciosos ambientales de estas actividades económicas, debe ser catalogado como conflicto socioambiental. Las industrias que los generan mayormente son las mineras, petroleras, gasíferas, pesqueras, forestales e hidroenergéticas. Lo que los hace viables son males endémicos en la región, como la pobreza extrema y su persistencia, especialmente en áreas rurales. 

Las causas de estos conflictos son evidentes: yuxtaposición de derechos por sobre los vigentes en los entornos sociales y culturales, con su consecuente alteración; ausencia de autorizaciones de estudios de impacto ambiental y de consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas; la gravedad de considerar a las zonas aledañas a la explotación comercial como “Mi patio trasero” (Not in my Backyard, NIMBY por sus siglas en inglés), que es una consecuencia de la perturbación del entorno que fragmenta el tejido social, y, entre otros factores, la asimetría de poder en los ámbitos económico, jurídico y político, que conduce a la anomia.

El Acuerdo de Escazú es incuestionablemente una alternativa para mitigar los daños provocados al binomio cultura-naturaleza, y sus disposiciones no deben considerarse reactivas, si y sólo si se elaboran planes y estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia culturales indispensables.

Subsiste empero un desbalance entre los países altamente desarrollados y los que están en vías de desarrollo, sobre todo en materia tecnológica. Las consecuencias de ello son fácilmente imaginables.  

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

Ensayo publicado el 25 de julio en la edición 2334 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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