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La destitución del presidente del Tribunal Electoral

AMLO y su Morena han sido muy torpes en el manejo de sus relaciones con el Poder Judicial, los tribunales y entes autónomos. Contrariamente a lo que sucedió con los gobiernos priistas e, incluso, los panistas, y esto ya es mucho decir.
jueves, 19 de agosto de 2021 · 11:18

Ciudad de México (apro).- En los países civilizados se habla poco de los jueces y de sus sentencias; de aquellos se espera que sean imparciales y conocedores; de éstas, que estén apegadas a derecho.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyeron a su presidente, José Luis Vargas Valdez. Hicieron algo más: nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón en su sustitución. Las cosas cambiaron rápidamente.

Al parecer había sobradas razones para destituirlo. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por la posible comisión de delitos e infracciones que son de su competencia. El presidente removido se defendió: invocó razones procedimentales. Negó que el Pleno del Tribunal Electoral tenga atribuciones para hacerlo.

Dada la gravedad de las acusaciones, alguien dirá que los magistrados se tardaron en removerlo. Me atrevo a decir que, simplemente, guardaron las formas: dejaron que quien era su presidente, por sí renunciara al cargo; al no hacerlo y tampoco pedir una licencia temporal, a pesar del tiempo transcurrido y el desgaste que estaba sufriendo la institución, actuaron.

Desconozco las razones que tenía el ahora expresidente Vargas para no dimitir. Al enterarme del uso discrecional que hacía del presupuesto del Tribunal que, por serlo, es público; las maniobras que realizaba; el sentido de sus opiniones y votos, entiendo por qué no lo hacía. Justifico la actuación de los magistrados que lo depusieron. Estimo que actuaron legalmente. Me baso en lo siguiente para afirmarlo:

El párrafo tercero del artículo 99 constitucional dispone: “La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años”.

Jurídicamente, quien tiene facultad para nombrar, implícitamente goza de la facultad para remover, destituir, ascender o cambiar. Esa es la regla general. De esa manera, en su artículo 77 dispone: “Cada una de las Cámara puede, sin la intervención de la otra: (…) III. Nombrar los empleados de su secretaría y…”

En la fracción III del artículo 89 se faculta al presidente de la República para: “Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y…”

La regla que se desprende de esos y otros preceptos es que, salvo que la Constitución o las leyes establezcan un procedimiento diferente o se disponga otra cosa, quien nombra puede destituir. De esa manera, por ejemplo, en el penúltimo párrafo del artículo 94 constitucional se dispone que los ministros de la Suprema Corte durarán en su encargo 15 años, salvo que sean destituidos del cargo por el Jurado de sentencia (art. 110) o suspendidos temporalmente en su ejercicio por virtud de una declaración que emita la Cámara de Diputados (art. 111).

En ese contexto, si en el artículo 99 constitucional se confiere al Pleno del Tribunal Electoral la atribución para designar a su presidente, implícitamente se le autoriza para removerlo o concederle permiso para ausentarse temporalmente del cargo.

El que se establezca un plazo de duración no implica que no pueda ser removido o suspendido temporalmente por quien lo nombró, cuando existan razones graves que así lo exijan.

El presidente destituido, José Luis Vargas Valdez, por seguir siendo magistrado y gozar de inmunidad, estando dentro del plazo para el que fue electo, puede disponer el momento en que responderá de los ilícitos por los que se le investiga. También puede esperar a que la Cámara de Diputados emita respecto de su persona una declaración de procedencia; o, para el caso de que eso no suceda, aguardar a que concluya el periodo para el que fue electo por el Senado. El que responda de sus actos es cosa de tiempo.

AMLO no cambia. Dejó ir otra oportunidad de oro que la vida le dio para quedarse callado y de confirmar, con su silencio, el respeto que debe al principio de división de poderes. Está de por medio una decisión tomada por un tribunal autónomo que, por serlo, debería merecer el respeto de todos. En forma por demás torpe pretendió llevar agua a su molino. Pidió la renuncia de todos los magistrados. Tiene la esperanza de llevar a esos cargos a jóvenes recién salidos de las escuelas y facultades de derecho que no hayan sido tocados por la vara de la corrupción.

AMLO y su Morena han sido muy torpes en el manejo de sus relaciones con el Poder Judicial, los tribunales y entes autónomos. Contrariamente a lo que sucedió con los gobiernos priistas e, incluso, los panistas, y esto ya es mucho decir, que tuvieron un control fino de ellos, no han podido entenderse con sus titulares.

Durante los gobiernos emanados de la Revolución, la oposición se quejó de lo complaciente que eran los tribunales y los entes autónomos con el gobierno. Los morenos no han entendido que el dar está en la forma de pedir. Parecen elefantes que con sus patas pretenden ensartar un hilo en una aguja. Cuando, con una doble intención, suponían que estaban hilando fino, como fue el caso del intento de prolongar el plazo de duración del presidente de la Suprema Corte, la maniobra fue tan corriente y burda que se les vino abajo.

Los morenos tienen más de dos años ocho meses de estar en el poder y no han aprendido a ejercerlo. Suponen que dar dádivas a los necesitados, recorrer el país una y otra vez, afirmar que los gobiernos anteriores eran corruptos y censurar a quienes no están de acuerdo con ellos, es gobernar.

Volviendo al expresidente del Tribunal Electoral, si es inocente, y esa es la premisa de que parte el sistema penal, nada debe temer. Anímese, señor magistrado Vargas, a enfrentar a sus acusadores. A la larga o a la corta, usted va a tener que comparecer ante la justicia. Recuerde lo que dice Lucano: “Lo que es inevitable, deséalo” (Farsalia, IV, 488). Eso, traducido al mexicano, significa: “Si me han de matar mañana, que me maten de una vez”, o sus variantes: “Lo que ha de ser, que sea”, “Lo que ha de tronar, que truene” o “Vámonos muriendo ahora, que están enterrando gratis”.

A los jueces habría que aconsejarles lo que Pericles, en su famosa Oración fúnebre, dijo a las mujeres atenienses: “Vayan por el mundo de tal manera que se hable de ustedes lo menos posible”.  

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