CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  Por la pandemia y por los altos costos en salud pública que ha generado, los gobiernos terminaron de convencerse de que las grandes empresas transnacionales, especialmente las tecnológicas, paguen un impuesto mínimo global que podría ser de 15%, ante una economía cada vez más globalizada y digitalizada. Pero no es lo que parece. 

La discusión viene de tiempo más atrás, pero ayudó a su avance el cambio de timón en la Presidencia de Estados Unidos y que el propio Biden, a través de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, respaldara la negociación y reconociera la necesidad de gravar las empresas digitales, la mayoría de las cuales son estadounidenses y con presencia global.

La historia se remonta a 2017 cuando culminó el proyecto de Erosión de la Base Desplazamiento de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir la evasión de impuestos y las estrategias para la transferencia de ingresos a otros países con menor carga impositiva. Estas prácticas y estrategias de planificación fiscal de las multinacionales causan a los países pérdidas de entre 100 y 240 mil millones de dólares al año.

La OCDE comenzó la discusión del régimen fiscal al cual deberían estar sujetas las grandes empresas de Internet que obtienen ingresos en los territorios donde operan, pero no tienen una oficina física en ellos, lo que permite o no pagar impuestos locales.

La OCDE también intentó remediar la cascada de impuestos digitales especiales que los gobiernos comenzaron a imponer a las empresas tecnológicas, principalmente en territorio europeo. Europa no tiene grandes campeones digitales; buena parte de la reacción impositiva de los ministros de Hacienda tiene que ver con ese hecho que le resta ventajas competitivas frente a EU y China.

En cambio, las principales empresas tecnológicas y de Internet son estadounidenses; obtienen sus ingresos de proveer servicios digitales a nivel global sin necesidad de sucursales; de extraer, analizar y controlar datos de los usuarios también globales y ubicar sus operaciones en paraísos fiscales, países que cobran menos impuestos.

Aunque la mayoría de las empresas de Internet son de EU, muchas tienen un gran excedente de capital ocioso en otros países. Su repatriación a la Unión Americana generaría enormes impuestos a las empresas tecnológicas. Por eso Trump ideó una reforma fiscal que redujo el impuesto a las corporaciones de 35 a 20%. Apple se acogió a la reforma y pagó 38 mil mdd en impuestos por repatriar aproximadamente 250 mil mdd. El dinero de las Big Tech en otros países les ha permitido comprar otras empresas, ampliar su imperio tecnológico, expandir su infraestructura física y virtual de extracción de datos de los usuarios e incrementar aún más sus ganancias.

El conjunto de reglas y acciones del BEPS se divide en dos pilares. El Pilar 1 busca que las grandes empresas digitales y comerciales con ingresos superiores a 20 mil millones de euros (propuesta de EE.UU.) y utilidades netas o rentabilidad de 10% paguen un impuesto en los países donde tienen mercado o clientes, aunque no tengan presencia física en dichos territorios.

Según especialistas del Centro de Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Oxford, el Pilar 1 impactaría sólo a 78 de las 500 empresas más grandes del mundo, incluidas 37 empresas europeas, un número reducido de corporaciones, por lo que disminuir el umbral de ingresos sumaría más empresas y más impuestos.

Se habla de ingresos fiscales por 87 mil millones de dólares. México ya hizo cálculos porque sabe que le conviene el Pilar 1: según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el país recaudaría 1,500 millones de dólares una vez se ponga en marcha el impuesto global a las multinacionales.

Alrededor de 64% de ese total (56 mil mdd) sería generado por empresas de EU. Aproximadamente, 45% de ese mismo total (39 mil mdd) sería generado por empresas de Internet. Por último, 28 mil mdd serían generados por las cinco empresas de tecnología más grandes, todas estadounidenses (Apple, Microsoft, Alphabet, Intel y Facebook).

El Pilar 2 busca hacer menos atractivos los países como Irlanda con tasas impositivas más favorables (12.5%) para las empresas, con el objetivo de atraer inversión extranjera y generar empleos. Se adoptaría un impuesto mínimo global de 15%, conocido como Global Anti-Base Erosion (GloBE), para que los ingresos de las multinacionales estén sujetos a un nivel de impuestos "apropiado", independientemente de donde operen.

El GloBE aplicaría a multinacionales con ingresos globales mayores a 750 millones de euros. En realidad, el Pilar 2 favorece a los países desarrollados con grandes transnacionales; sus gobiernos atraerían ingresos fiscales en caso de que ciertas filiales de transnacionales estuvieran bajo un régimen inferior al 15% acordado.

México sólo se beneficiaría del Pilar 2 si tuviera ese tipo de empresas cuyas sucursales en otros países aprovecharan los paraísos fiscales. El Pilar 2 no le conviene a México porque las tasas corporativas (ISR) en el país alcanzan 30%, el doble de lo que buscaría acordar la OCDE y una de las más altas.

Y es que el impuesto mínimo global no es un nuevo gravamen como se ha creído, sino que no sea inferior (como el 12.5% de Irlanda) a lo acordado por los 139 países de la OCDE, equivalentes a 90% del PIB mundial, que ya se unieron al acuerdo del 1 de julio para garantizar que las multinacionales paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen.

México perdería con el GloBE del Pilar 2, pero sin considerar que el país cobra altísimos impuestos a las empresas, lo cual lo vuelve poco atractivo para las inversiones. Nada tonto, México quiere cobrarle a las empresas de Internet por generar ingresos en el país (Pilar 1), pero difícilmente va a reducir sus tasas corporativas (Pilar 2) a los umbrales acordados por la OCDE.

El 10 de julio las naciones del G20 también se unieron al acuerdo de la OCDE y previamente lo hicieron los países del G7. Pero todavía falta camino por recorrer y los beneficios no serán inmediatos. El objetivo de la OCDE es finalizar el acuerdo en octubre. El convenio multilateral se firmaría en 2022 y la implementación de los pilares ocurriría en 2023. México tendría que adaptar su legislación y evitar la doble tributación.

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