CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pocas veces en la historia moderna de México se ha visto con claridad el dominio y la penetración castrense, aderezada con el populismo de moda, en sus relaciones político-militares y la amenaza que representa a los cimientos democráticos del país. La reorganización de la Sedena puesta en marcha el pasado 13 de agosto, con vicios de ilegalidad (e inconstitucionalidad respecto de la Guardia Nacional), es una fase avanzada de militarismo que aplasta el liderazgo civil. Esta claudicación niega principios constitucionales y una de las decisiones políticas fundamentales: la preeminencia del poder civil sobre el estamento militar en el Estado mexicano.

“Homologación”: pretexto y manipulación comparada. No es casual la identidad discursiva y argumental entre los altos mandos de Sedena-Semar y el presidente López Obrador cuando justifican la militarización de proyectos de gobierno (que van desde la construcción de infraestructura hasta la distribución de juguetes), la administración (pública) in extenso y la seguridad pública. En realidad, la verdadera homologación viene de una sugerencia de Estados Unidos.

Específicamente la diferenciación en la Sedena sobre la toma de decisiones de defensa respecto de las cuestiones operativas de administración y funcionalidad ordinarias de sus tropas (ver documento Comandancia General VII Región Militar, “Reorganización de la Sedena, 3 May, (sic) 2021” y Sedena “Creación de la Comandancia del Ejército, Nota Informativa, 13 Ago. 2021”) omite un aspecto clave: la reforma estructural (de tipo legal y constitucional) que debiera dar paso a la creación de un Ministerio de Defensa. Esto último implicaría un cambio en las definiciones constitucionales y legales orgánicas en el sector e implicaría, entre otras cosas, el nombramiento de un ministro o secretario civil que asuma el liderazgo estratégico junto con la debida separación de estructuras administrativas de las operativas-militares, dejando a los militares la función para la que están llamados a desempeñar, sin distractores políticos-burocráticos. Así se llegaría (y de ahí las necesarias referencias comparadas) orgánicamente a la creación de un Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (ejército de tierra, fuerza aérea y marina) donde se conjunten las decisiones castrenses de las tres responsabilidades de toda fuerza armada moderna y en Estados con gobiernos democráticos.

El planteamiento ilegal de la Sedena es endogámico y limitado en su alcance (no se incluye a la Marina). Aunque ello no es obstáculo para la propaganda política e ideológica para mostrar tanto su músculo (atrofiado ahora por el gigantismo funcional) como su comportamiento de apoyo faccioso al gobierno en turno (ahora el de la “4T”). Son falsos y manipuladores los señalamientos, del presidente y del titular de Sedena, de que la reorganización militar en marcha pone en sintonía modernizadora al ejército de tierra y la fuerza aérea, a la par de fuerzas armadas y ministerios de defensa de democracias consolidadas (ver “Niveles de mando en otros países” en el documento de la Sedena). Omiten mencionar los diseños de control y supervisión externos con reglas claras y transparentes que previenen y castigan desviaciones y abusos militares (trátese de corrupción, violaciones graves a derechos humanos y comportamientos ilegales o erráticos en su desempeño). En ningún país democrático se deja a la autorregulación de los militares la corrección de sus eventuales fallas o ilegalidades. Más aun, incluso en casos en que se señalan (como lo ha hecho el presidente) actuaciones militares en tareas reservadas a fuerzas civiles, como la seguridad pública, se trata de excepciones en situaciones de emergencia nacional. La absorción orgánica militar de facto de la Guardia Nacional es, hoy por hoy, inconstitucional y con vicios de convencionalidad en materia de tratados internacionales. Ninguna argumentación sobre esto figura en los documentos militares conocidos sobre sus ambiciones aparentemente de eficiencia operativa.

Sedena-Semar y nacionalismo entreguista. Poco se ha advertido en las graves señales del colaboracionismo militar que ha dado al traste con el sello de identidad del nacionalismo de los soldados y marinos mexicanos respecto de la cooperación con sus homólogos del norte. Esto ha ido de la mano con el proceso de autonomía militar que adquirió relevancia en la relación civil militar desde hace cinco lustros y que se consolidó en los años de la guerra contra el narcotráfico y de la Iniciativa Mérida. La sinergia entre mandos militares de México y Estados Unidos desplazó el papel de liderazgo civil que, durante décadas, descansó en la interacción y decisión en materia de seguridad a cargo de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y/o la Cancillería. La interlocución continua con el aparato de seguridad de Estados Unidos se coordinaba entre estas instancias con el acompañamiento técnico y opinión especializada de la Sedena y la Marina. El protagonismo militar de las últimas décadas desplazó el mando político civil y asumieron no sólo la comunicación horizontal con las agencias de seguridad civil y militar de Estados Unidos (incluyendo la representación directa en esquemas como el Comando Norte –Colorado– o centros de inteligencia como EPIC, El Paso Intelligence Center –Texas–), sino que se pusieron a “sus órdenes”. Este es el verdadero origen de la “homologación” de la que habla la Sedena en sus documentos y que en realidad se trata de un maquillaje administrativo que pretende cubrir las distorsiones de diseño institucional de los militares mexicanos para “igualarse” con el aparato norteamericano… a sugerencia suya. Por ello no son de extrañar las expresiones superlativas de mandos militares de Estados Unidos sobre la “cooperación” de defensa con sus “homólogos” mexicanos.

“Segunda Etapa” Sedena: ¿intimidación y/o chantaje político? Una vez neutralizada la dependencia civil presidencial, los militares mexicanos asumen como mero trámite los cambios constitucionales y legales que convalidan su creciente poder e impunidad. En el documento de la Sedena, además de omitir la necesidad de los cambios legales de su reforma administrativa, consideran un hecho la promulgación, este mismo año, de la reforma constitucional por la que absorbe a la Guardia Nacional. Llama la atención que la oposición política dentro y fuera del Congreso de la Unión no se haya manifestado sobre estos temas pese a que, en su momento, fue traicionada por el presidente y los titulares de Sedena y Semar desde el momento mismo en que dio su aval para la reforma vigente que dio vida constitucional a la Guardia Nacional. El presidente ha presumido este apoyo opositor pero omite que fue a cambio de la definición civilista del organismo y de garantizar, desde la Constitución, dicha naturaleza a la seguridad publica junto con el fortalecimiento de las fuerzas policiales de estados y municipios.

Militarismo faccioso: lenguaje golpista y gobierno títere. Durante la emergencia sanitaria y lo que va del presente año, tanto el presidente como los titulares de Defensa y Marina, en diferentes momentos y circunstancias, han expresado su desprecio por los poderes constitucionales del Estado y han insultado a la administración y a funcionarios civiles en diversos ámbitos de gobierno. Hasta ahora sólo han omitido en sus ataques al Congreso debido al predominio del partido presidencial. El último ejemplo de estos señalamientos estuvo dirigido al Poder Judicial, donde el secretario de Marina esgrimió la diferenciación típica bipolar castrense entre “amigo” y “enemigo”. La “disculpa” pública (18 de agosto) se dirigió a “quienes la merecen” y no se advirtió por analistas, académicos y comentaristas que, en democracia, los militares deben guardar silencio y no opinar sobre la vida pública del país. De lo contrario, se convierten en fuerzas deliberantes y actores del sistema político y, con ello, una amenaza para las instituciones democráticas. Este es en realidad el escenario de un plan de largo plazo y contingente para los militares mexicanos. En términos tradicionales la toma directa del poder político por los militares se justificaría porque supuestamente hay una “legítima demanda popular” (“las FFAA son las más queridas y confiables para el pueblo mexicano porque así lo demuestran las encuestas”) y son los “salvadores” de la nación. Sin embargo, su aprendizaje en las últimas décadas ha sido la de influir y, ahora, gobernar a trasmano, garantizándose impunidad y evitando así el desgaste del ejercicio del poder político: para eso sí están y deben servir los políticos civiles.

El escenario actual del predominio castrense en México (ver “Poder Militar”, Centro Prodh, 2021) es de contar con un poder económico y político crecientes a costa de un gobernante títere al que se le ha vendido la idea de la “lealtad” militar en términos de su proyecto político (la Cuarta Transformación histórica marca AMLO). Existe la “hipótesis” que describe a Andrés Manuel López Obrador, según WikiLeaks acorde con lo expresado en corto al embajador norteamericano en México, como el político perverso que siempre tuvo en mente gobernar con el apoyo castrense (2006) y que la militarización actual es legítima en tanto que cuenta con apoyo popular (Benítez: 2021). Pero lo cierto es que la consolidación institucional en tareas de gobierno y presencia territorial de los militares (soldados y marinos) junto con la aquiescencia del Pentágono, nos muestran un presidente pusilánime que, en el mejor de los casos, apunta a la sucesión presidencial 4T que, eso sí, tendrá todo el apoyo castrense para gobernar.