Análisis

Los desechos del Estado

Tanto potencialmente para los ciudadanos de este país como para los "desplazados" y los "migrantes", el estado de excepción –que esencialmente era una suspensión temporal del orden jurídico y de los derechos de los ciudadanos y de los seres humanos– es una realidad de la vida en México
viernes, 24 de septiembre de 2021

Para Rodrigo Morales Vázquez, uno más de los cientos de miles.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su intento por descifrar al Estado, Giorgio Agamben habla de una figura del derecho romano arcaico llamada homo sacer (“El hombre sagrado”), un ser que, abandonado de la protección del Estado, cualquiera podía matar impunemente. Al ser expulsado de su contexto social, político y cultural, ese “hombre”, dice Agamben, se volvía una vida nuda, una vida al margen.

Más acá del profundo análisis de Agamben sobre esta figura en la historia de Occidente, es posible decir que en México todos los seres humanos nos hemos vuelto “hombres sagrados” en potencia. Pese a tener legalmente nuestros derechos humanos preservados en la Constitución, hoy en día cualquiera puede extorsionarnos, secuestrarnos, torturarnos, destazarnos, desaparecernos, y el crimen quedará impune. Para el Estado mexicano no somos, como ciertas fracciones de seres humanos lo fueron para el nazismo, objetos de experimentación o, para el sovietismo, parte de una tarea histórica o, para el llamado neoliberalismo, residuos. Somos simplemente desechos potenciales en la apresurada marcha de esa cosa amorfa llamada Cuarta Transformación.

Para saberlo no es necesario reiterar la existencia de miles de fosas clandestinas, de miles de kilos de masa humana enterrados en muchos predios del país, de decenas de masacres, de centenas de miles de homicidios, feminicidios y desapariciones, de territorios tomados por poderes fácticos a lo largo de estos últimos 15 años. Hay que ver simplemente el cinismo con el que, por ejemplo, el poder soberano de nuestros gobernantes escatima medicinas para el cáncer y envía a nuestros niños a hacinarse en esas celdas carcelaria llamadas eufemísticamente “aulas”, mientras les niega su derecho a ser vacunados contra el covid-19 porque “no son población de riesgo”. No importa que cerca de mil niños hayan muerto a causa de la pandemia y 70 mil hayan contraído el virus. La legalidad del poder del Estado dicta sobre la vida nuda de los niños.

Hay, sin embargo, otros seres que expresan de forma más cruda esa condición: los “desplazados” y los “migrantes”. Los primeros, a diferencia de los niños o de ciertas víctimas de la violencia, al menos tienen la posibilidad de manifestar su enojo e intentar revertir su condición de vida nuda mediante vericuetos jurídicos; éstos se encuentran en una indefensión mayor. Despojados de cualquier posibilidad de ser protegidos por el Estado, tienen que abandonar sus tierras presionados o perseguidos por poderes fácticos que el Estado consiente o forman ya parte de él. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hay, desde 2006 a la fecha, más de 400 mil de ellos, muchos de los cuales deambulan como perros por los territorios de la nación. Los segundos, los “migrantes”, son en toda la extensión del sentido vida nuda. Huyendo de sus países donde, como cualquier “hombre sagrado”, han sido abandonados a la violencia, en el nuestro se vuelven “ilegales”, gente “fuera de la ley”. Con ellos, el Estado no sólo abdica de protegerlos, se permite, bajo el eufemismo de la “contención”, ejercer todo tipo de violencias, desde insultos, golpes y patadas, como vimos recientemente en los noticiarios, hasta violaciones, extorsiones, despojos, que ocultan la ausencia de un sistemático seguimiento por parte de los medios de comunicación. Muchos de esos “hombres sagrados”, tratando de evitar la violencia del Estado, entran a territorio mexicano a través de rutas clandestinas dominadas por el crimen organizado, donde serán sometidos a la extorsión, a la esclavitud o a la desaparición sin que a nadie importe.

Tanto potencialmente para los ciudadanos de este país, como, de una manera más radical, para los “desplazados” y los “migrantes”, el estado de excepción –que esencialmente era una suspensión temporal del orden jurídico y de los derechos de los ciudadanos y de los seres humanos– es una realidad de la vida política y social en México. Despojados de los derechos, que sólo están inscritos de manera inoperante en los ciudadanos, unos y otros nos encontramos fuera de la protección del Estado. Somos, cuando la desgracia nos cae encima, los que “se lo buscaron”, las “bajas colaterales”, los “jodidos”, los “indeseados”, los desechos humanos que sólo importan al Estado cuando alcanzan a ser mediáticamente focalizados, y no precisamente para ser tratados como sujetos de derecho, sino para controlar los daños que la develación de su presencia causa al Estado. Llegados allí, a lo único a lo que un ser humano puede aspirar es a errar, como un personaje de Kafka, de ventanilla en ventanilla, en busca de una justicia imposible, a sobrevivir en las márgenes como lo hacen la mayoría de los desplazados o, en el caso de los “migrantes”, a ser deportados o encerrados en campos de concentración con la falsa promesa de que algún día se les dará un papel que los reconozca como seres susceptible de derechos que en situaciones límite se volverán derechos inoperantes.

Quizá con la 4T el Estado mexicano llegó al límite de sus contradicciones. Será necesario replantear todo poniendo en el centro al ser humano. De no hacerlo, lo que vendrá será siempre peor.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. 

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