CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Particularmente en el contexto de América Latina y en el tiempo contemporáneo, las Fuerzas Armadas de México han destacado como instituciones excepcionales, considerando su estructura orgánica, lealtad, patriotismo, profesionalismo, la reconocida verticalidad de mando y la férrea disciplina, entre otras características de su estructura y funcionamiento. De manera notable, han contribuido con distintas funciones sociales, como las de protección civil cuando hemos padecido eventos catastróficos o en circunstancias cuando la asistencia humanitaria a la población es imprescindible.

En el siglo XXI, por decisión de las autoridades civiles del país, se les ha involucrado crecientemente en actividades de seguridad pública, atendiendo una función que corresponde, por mandato de ley, a autoridades civiles. Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, dicha intervención se asume precisamente por su extraordinaria lealtad y disciplina con la Presidencia de la República, no obstante que la tarea pueda desbordar su mandato o encuentre alguna tensión ante el marco jurídico. En especial, durante el gobierno de Felipe Calderón se impulsó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, abriendo un periodo que no ha concluido y que hoy está más que consolidado.

Para decirlo claro, el “rol ampliado” de las Fuerzas Armadas ha derivado de la franca incapacidad de las autoridades civiles para resolver la crisis de seguridad pública, que hoy es un asunto de extrema gravedad. No fue iniciativa del Ejército ni de la Marina. Es una alternativa que surgió ante la incapacidad, tolerancia o abierta complicidad de las autoridades civiles con eventos y organizaciones delictivas.

Ahora bien, esa incapacidad de la esfera civil del Estado –de los tres órdenes de gobierno– no es casualidad. Se trata de una distorsión acumulada, progresiva, de la clase política en su conjunto, que se expresa en el ámbito de la seguridad pública y en casi todas las demás áreas de la gestión gubernamental. ¿Dónde están las experiencias ejemplares de la administración pública, más allá de eventos o iniciativas individuales? Cada vez el horizonte se nubla más, en prácticamente todas las funciones y entornos de la gestión pública: la municipal, la estatal y la federal.

Es verdad que tenemos un gravísimo problema de corrupción, en gran medida derivado del deterioro de las élites políticas, que a su vez tiene por consecuencia el igual o mayor deterioro de la administración gubernamental. Por esta razón se descompuso el sistema de justicia y de seguridad pública.

La disyuntiva es entonces simple: ¿corregimos a la clase política o, en los casos graves, como es seguridad pública, pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas ante la incompetencia del ámbito civil? La respuesta del gobierno de Felipe Calderón y de los siguientes fue avanzar cada vez más por la segunda ruta.

No se ha optado por corregir a las élites políticas, pues las propias élites lo impiden. No se ha optado por fortalecer los instrumentos de control democrático, tanto en la definición de la representación política –que hacen terriblemente mal los partidos– ni, sobre todo, en el control democrático de la gestión gubernamental.

De un lado, los partidos se han especializado en ofrecer candidaturas de “impresentables”, una y otra vez, en todos los cargos, en los tres niveles de gobierno. Lo contrario es excepcional, lamentablemente. Para comprobarlo, solamente hay que dar un rápido recorrido al panorama que ahora tenemos enfrente. Por su parte, los “impresentables” incorporan en los cargos de gobierno a su contraparte, a personas de su mismo perfil, que terminan por preservar a la administración pública como espacio propicio para el abuso y la irresponsabilidad.

La mala noticia para las Fuerzas Armadas, volviendo al asunto de seguridad pública, es que su intervención confluye con una administración pública proclive al deterioro, que regularmente avanza hacia el lado contrario.

No hay manera de encontrar una salida consistente en este escenario bipolar, contradictorio y cotidiano. Lo corregido de un lado, tiene un péndulo que se descompone del otro.

Evidentemente la salida no es sustituir a la esfera civil del Estado por las Fuerzas Armadas, como pareciera la tentación de coyuntura. La alternativa es construir herramientas democráticas que impidan a los partidos políticos seguir con su ciclo de candidaturas y funcionarios que hemos definido, generosamente, como “impresentables”. Deben reconocer los partidos que así no sirven a la nación, sino todo lo contrario.

De manera paralela, es necesario construir efectivas herramientas de control democrático de las administraciones públicas, en los tres niveles de gobierno y, con extrema urgencia, en el ámbito municipal.

Es decir, la solución no es más Ejército, sino más democracia, efectiva, moderna, cotidiana, que gestione de manera correcta las tareas esenciales, desde la seguridad pública hasta las de desarrollo social, económico y todos los demás asuntos públicos. La ruta que impulsa a las Fuerzas Armadas a asumir más y más funciones del ámbito civil no resuelve el problema de fondo. Pero está construyendo otros.

Hacia el final del actual sexenio, si la tendencia persiste ampliando la incursión de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y en demás funciones civiles, efectivamente estas funciones pasarán al ámbito militar, de facto o eventualmente de jure, si se hacen reformas legislativas. Pero debe tenerse claro que la estructura orgánica del Ejército y de la Marina no los convierten en “civiles” por realizar funciones de esta naturaleza. Su poderosa estructura organizacional, sólida, disciplinada, de mando vertical, como corresponde a su naturaleza, persistirá incluso en el ámbito civil. El ejemplo más claro de lo anterior lo identifico en las actuales tareas que realizan de control migratorio.

Así, la dinámica en curso está construyendo unas súper, híper Sedena y Marina, considerando la larga lista de funciones civiles hoy bajo su responsabilidad, así como la correspondiente absorción de recursos humanos y financieros del Estado, directa o indirectamente. A querer o no, las Fuerzas Armadas avanzan a configurarse como el principal poder político del Estado. ¿Es este el modelo de gestión pública que debe corresponder al desarrollo de la nación? Considerando los eventos en curso, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas del ámbito civil está lejos de ser una circunstancia o acto temporal.

Ahora bien, una vez consolidado el megapoder de las Fuerzas Armadas, ¿cuál será su relación con el conjunto de las instituciones del Estado?, ¿con la próxima Presidencia de la República?, ¿con los controles democráticos de la gestión pública, como la transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo?, ¿estamos caminando hacia un modelo de Estado significativamente diferente al actual?, ¿cuál será el rol de las autoridades civiles?

Al final, el dilema del actual gobierno federal es muy parecido al que abrió el gobierno de Felipe Calderón, pero multiplicado. Si la autoridad civil es incapaz de resolver la problemática de seguridad, que lo hagan las Fuerzas Armadas. Si además de la seguridad pública, la autoridad civil es incapaz del control migratorio, de la distribución de vacunas, de la construcción de obras de gobierno, de la administración de puertos y aeropuertos, entre otras funciones, pues también que lo hagan las Fuerzas Armadas.

Desde hace mucho tiempo lo hemos reconocido todos: la mejor alternativa es consolidar y ampliar los procesos democráticos del Estado, que sigue siendo un gran pendiente para el desarrollo de la nación. Como dijo alguna vez el presidente López Obrador: “Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate a la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones” (Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024). De igual manera, son también ajenas otras funciones públicas que se les pide implementar.  l

*Profesor del PUED/UNAM; excomisionado del INM.