Derechos Humanos
Historias de mujeres que han vivido el horror: Verónica Razo Casales y Claudia Sánchez Mayorga
Una década más tarde el abuso cometido contra estas dos personas continúa siendo escandaloso. Hay evidencia contundente sobre los ultrajes impuestos sobre ambos, particularmente contra Verónica. (Uno de sus torturadores está ya tras las rejas.)CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Los testimonios de Verónica Razo y Claudia Sánchez no son excepcionales porque hay muchas como ellas que han sido víctimas de violencia sexual, tortura y privación prolongada de la libertad a manos de funcionarios (hombres) del Estado mexicano. Sirva, sin embargo, su amarga experiencia para rozar conciencia sobre el tamaño de esta tragedia generalizada.
A Verónica la detuvieron hace 11 años, el viernes 8 de junio de 2011, cerca de su domicilio. Antes de las dos de la tarde fue abordada por un grupo de hombres vestidos de civil que, con arma en mano y mucha violencia, la subieron a un vehículo que no era oficial.
Esos mismos varones la condujeron a una estación de policía donde le exigieron que se desnudara, luego le impusieron descargas eléctricas sobre sus partes íntimas y finalmente abusaron sexualmente de ella.
Más tarde experimentó una segunda ronda de tortura: asfixia con una bolsa de plástico, golpes en vientre y glúteos, y amenazas psicológicas; todo con el propósito de que confesara ser parte de una banda organizada dedicada al secuestro.
Aquel mismo día fue también detenido su hermano, Érick Iván Razo Casales, exfuncionario de la Policía Federal, a quien se le acusó de dedicarse al plagio de personas. Habría igualmente sufrido tortura para autoincriminarse. Más tarde narraría haber escuchado los gritos de sufrimiento de su hermana en aquel recinto policial.
Transcurrieron más de 24 horas sin que ninguno de los dos contaran con un abogado y sin que tampoco pudiesen llamar a sus familiares. El sábado 9 de junio, la madre de Verónica y Érick Iván denunció, de su lado, el presunto secuestro de sus hijos. Contaba para ello con testimonios de personas que presenciaron la violencia desplegada por quienes se los habían llevado.
Una década más tarde el abuso cometido contra estas dos personas continúa siendo escandaloso. Hay evidencia contundente sobre los ultrajes impuestos sobre ambos, particularmente contra Verónica. (Uno de sus torturadores está ya tras las rejas.) Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU investigaron el expediente y concluyeron que hubo irregularidades tremendas relacionadas con el arresto, la imposición de una larguísima prisión preventiva y la obtención de pruebas ilegales bajo tortura.
La CNDH puntualizó que en este caso habían sido violados derechos, como la seguridad jurídica, la legalidad, la integridad personal y el acceso a la justicia.
El pasado viernes 27 de mayo, más de una década después, el Juzgado Octavo Penal federal dictó finalmente una sentencia muy cuestionable.
Acreditó primero la detención ilegal y la tortura ejercida contra los hermanos Razo, subrayadamente la violencia sexual sufrida por Verónica. Luego, aceptó que no había pruebas suficientes para culpar a las personas imputadas por delincuencia organizada y tres de los cuatro secuestros por los que fueron detenidos.
Por tanto, la autoridad judicial resolvió dejar en libertad a Érick Iván Razo, a quien se le arrebataron 11 años de su vida (de los 28 a los 39).
Sin embargo, la misoginia y la violencia de género volvieron a cargar contra la existencia de Verónica. Según el juzgador, en el expediente encontró pruebas para sentenciar a esta mujer a 25 años de prisión porque un par de testigos, Ismael Salinas Rivera e Iván Cruz Gómez, supuestamente la reconocieron como responsable del cuarto secuestro.
Estas dos pruebas testimoniales son tan endebles como todo el caso, pero la irrelevancia de la vida de Verónica, para el sistema de justicia, continúa siendo casi absoluta.
El otro caso mencionado es el de Claudia Sánchez Mayorga, una mujer que lleva nueve años presa, sin sentencia en primera instancia, después de haber sido acusada como integrante de una organización criminal dedicada a la trata de personas.
En la realidad Claudia Sánchez era una empleada menor que laboraba como contable de una franquicia de establecimientos pertenecientes al giro del Table Dance denominada Solid Gold.
El martes 13 de agosto de 2013, según notas periodísticas de la época, fueron rescatadas de uno de esos establecimientos 32 mujeres extranjeras y seis mexicanas, quienes presuntamente trabajaban ahí contra su voluntad.
Claudia Sánchez no se encontraba en ese sitio el día de la redada, pero poco después la policía capitalina se introdujo sin orden formal de cateo a su domicilio, donde permaneció durante más de ocho horas. Por aquella fecha Claudia tenía cinco meses de embarazo y sin embargo también fue desnudada y torturada por los agentes. Más tarde sería arraigada por la Procuraduría General de la República y trasladada al penal femenil de máxima seguridad de Nayarit.
Hoy la única persona implicada por la autoridad en esta supuesta red de trata es Claudia Sánchez. Ni los dueños del Solid Gold ni sus abogados, mucho menos las autoridades que les protegieron fueron jamás acusados. Como afirma mi colega Lourdes Mendoza, Claudia fue un mero chivo expiatorio.
Llama mucho la atención el nombre del abogado de los dueños del Solid Gold: Ricardo Martínez Chávez. Por aquel entonces este licenciado se dedicaba a gestionar permisos migratorios para las bailarinas extranjeras, conseguía que la autoridad se hiciera de la vista gorda y sacaba de problemas a sus empleadores cuando un episodio como el aquí narrado les caía encima.
En paralelo, su despacho llevaba otro tipo de asuntos. Por ejemplo, Ricardo Martínez fue durante más de 10 años el abogado de Isabel Miranda Torres. Sus influencias habrían ayudado mucho para la fabricación del caso de secuestro de su hijo Hugo Alberto León. También fue abogado de Rosi Orozco, la paradójica defensora de mujeres víctimas de trata de personas.
Cuatro años después de la redada del Solid Gold a Ricardo Martínez Chávez le pegaron un tiro en Nuevo Laredo. Las razones de ese asesinato, aunque fáciles de especular, jamás se investigaron. Como tampoco la autoría del caso fabricado contra Claudia Sánchez Mayorga cuyo bebé nació en un contexto de infames privaciones.
Aquí dos casos entre una pila muy grande de mujeres víctimas de la violencia de Estado, de la injusticia bestial del aparato de justicia. El fenómeno es atroz y, sin embargo, salvo algunos párrafos escritos aquí y allá, nada pasa, nada ocurre nunca.