CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Si usted tiene un teléfono celular o smartphone seguramente quiere hacer llamadas y navegar por Internet a precios asequibles, de forma rápida y conectarse a donde quiera que vaya. Eso queremos todos, pero hay un factor que lo obstaculiza: la política fiscal recaudatoria de la Secretaría de Hacienda que cobra elevadas tasas anuales por el uso del espectro radioeléctrico.

Mientras el espectro radioeléctrico siga siendo tan caro en México, nunca será suficiente dejar de insistir en lo necia e inconveniente que es esa política recaudatoria para ampliar la cobertura en zonas rurales y suburbanas, incrementar la adopción de tecnología entre la población desconectada y mejorar la calidad y velocidad de los servicios móviles.

Los responsables de esa política recaudatoria son la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión, que se resisten a modificar los valores de la Ley Federal de Derechos (LFD) para que el espectro ya no sea caro.

Hacienda tasa el valor del espectro y los pagos anuales por su uso y el Congreso define cada an~o en la LFD cua´nto se debe cobrar por cada frecuencia. Los montos son fijados y aprobados por el Congreso con base en la propuesta de Hacienda.

El espectro radioeléctrico es de la nación, lo regula el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo explotan los operadores de telecomunicaciones, pero es para conectar y comunicar a las personas y se usa en beneficio de los usuarios. El espectro es de y para los mexicanos.

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, ha resumido perfectamente los efectos negativos de preservar la actual política fiscal de ese insumo: pierden los operadores porque disminuye su capacidad de inversión, de despliegue de redes y porque algunos proveedores (Telefónica) prefieren devolver las frecuencias que erogar elevados pagos de derechos por ellas.

Pierden el gobierno y la hacienda pública porque dejan de recaudar por espectro concesionado y por un mayor consumo de servicios de telecomunicaciones. Pierden en recaudación de pagos de derechos 4,500 millones de pesos anuales, además de las pérdidas en inversiones, empleos, competencia y desarrollo del sector y las demás industrias que dependen de la conectividad.

Pierden las personas porque reciben servicios más onerosos y de menor calidad: 35% de la población de México no está conectada a Internet móvil. Reducir el costo del espectro ayudaría a cerrar la brecha digital, extendiendo la cobertura a zonas alejadas que aún no cuentan con el servicio.

También pierde el IFT, porque por esa política recaudatoria de Hacienda deja de colocar bloques de espectro en el mercado e incumple su misión de conectar, fomentar la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En octubre de 2021, la licitación del IFT culminó con 38 de los 41 bloques ofrecidos en las bandas AWS y 1,900 MHz desiertos. Además, en junio de 2022 culminó la devolución de frecuencias de Telefónica iniciada en 2019. Ese mismo año, AT&T también renunció a todo el espectro radioeléctrico en la banda de 800 MHz en algunas regiones celulares.

Por culpa de esa política fiscal hacendaria, México se convirtió en el único país de América Latina donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles disminuyó, a pesar de la brecha digital, el crecimiento en la demanda de datos, el auge del comercio electrónico y de que el acceso a las tecnologías, la banda ancha e Internet es un derecho fundamental.

México es el país con el espectro radioeléctrico más caro de América Latina. La principal causa es la evolución de los cargos anuales establecidos en la LFD.

Según un estudio de la asociación GSMA, mientras a nivel regional las tasas anuales representan en promedio 20% del costo total del espectro, en México esa cifra alcanza 85%.

El modelo de cobros por el uso del espectro radioeléctrico contempla que 89% del valor de las frecuencias son pagos de derechos mientras dura la concesión, definidos en la LFD. El otro 11% es el pago inicial por adquirir las frecuencias.

El IFT ha documentado que las bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico para el despliegue de comunicaciones móviles (800 MHz/850 MHz, PCS, AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz) tienen una sobrevaluación de 62.2% con respecto a los valores de referencias internacionales.

Según la GSMA, si los costos del espectro hubieran estado alineados al promedio de la región entre 2010-2022, cinco millones más de mexicanos tendrían cobertura 4G y los usuarios contarían con descargas de datos 30% más rápidas.

Es sencillo documentar lo negativo que resulta preservar la actual política fiscal recaudatoria del espectro. México tiene una penetración de telefonía móvil de 92%; se encuentra en la parte baja de la tabla en América Latina. Asimismo, la penetración de banda ancha móvil es de 85%, cuando en Chile es de 134%.

México no está suficiente y universalmente conectado y una de las razones son los elevados cánones anuales de la Ley Federal de Derechos.

Afortunadamente, algunos legisladores han comprendido el efecto adverso de la política fiscal del espectro. La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y otros legisladores proponen reformar la LFD. Proponen acreditar, contra el monto anual de derechos, las inversiones que realicen para el despliegue de infraestructura y operación de sitios y torres para ampliar cobertura, con fines de desarrollo social, en localidades que no cuenten con el servicio de Internet mo´vil.

La conclusión es que mantener un régimen fiscal con alto costo del espectro tiene impactos negativos para la conectividad, la competitividad y el bienestar de la población, desincentiva las inversiones, los despliegues de red, la participación de empresas en futuras licitaciones, limita el desarrollo de servicios de quinta generación (5G) y, además, el gobierno deja de recaudar por espectro licenciado. Todos pierden. México pierde.