Desafortunadamente el modelo de gestión ambiental que nos dimos para lograrlo no ha funcionado porque estamos inmersos en un círculo de corrupción entre los funcionarios de los organismos ambientales de los tres niveles de gobierno y los mexicanos dedicados a todas las actividades económicas.

Cuando el Estado obliga a una empresa a pagar más, la lógica de mercado empuja a transferir los costos: menos comisiones, menor inversión en tecnología, presiones sobre tarifas o menor remuneración para los socios.