Señor director: En la edición número 2180 del domingo 12 de agosto de la revista Proceso y posteriormente en su página web, el periodista Julio C. Roa utiliza información del reporte Dinero Bajo La Mesa, coordinado por María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para señalar los nombres de 10 periodistas que “acapararon la mayoría de los recursos públicos en el segmento de la publicidad oficial en internet”. Aunque algunos medios o usuarios de redes sociales lo han inferido, el estudio en ningún momento sugiere acto de corrupción alguno; simplemente enumera información pública del Sistema de Comunicación Social del gobierno federal. El estudio analiza la falta de reglas claras para asignar publicidad oficial y los patrones de contratación en medios electrónicos, digitales y prensa escrita. La nueva Ley General de Comunicación Social, promulgada el 11 de mayo del 2018 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, es insuficiente para regular con reglas claras la publicidad oficial, ya que no erradica las malas prácticas en la contratación de espacios en los medios de comunicación. Según dispone la nueva Ley, la Secretaría de Gobernación tendrá el control del padrón nacional de medios de comunicación, así como del otorgamiento de contratos de campañas de comunicación social. Atentamente Ma. Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde