Sobre el polémico desempeño de Patricia Bugarin, nueva subsecretaría de Seguridad Pública
Señor director:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, párrafo primero, 4, 6 y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, por este conducto acudo a solicitar a Usted se me permita ejercer Derecho de Réplica respecto al artículo “El polémico desempeño de Patricia Bugarin, nueva subsecretaría de Seguridad Pública”, publicado en la revista Proceso el 1 de febrero de 2019, firmado por Patricia Dávila, en la que menciona textualmente lo siguiente:
“Bugarín, también desempeñó diversos cargos dentro de la administración pública federal, pues durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en donde sustituyó a la polémica procuradora Marisela Morales, a quien se le acusa de fabricar testigos protegidos.
Bugarín, fue parte de la PGR en 2014 cuando, el excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, acusó a Marisela Morales de abusar de esa figura jurídica que dio protección a testigos protegidos como Pitufo y Jennifer, para llevar a personas inocentes a la cárcel.
En una entrevista publicada en el semanario Proceso el 21 de octubre de 2012, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, indicó que para el diseño del protocolo de Províctima, elaborado por la subprocuradora Patricia Bugarín, no fueron convocadas las organizaciones de familias o de defensa de derechos humanos expertas en el tema.
El protocolo no está construido para buscar a víctimas de desaparición forzada; está para buscar a personas no localizadas que se van de sus casas. El trabajo de Províctima es enviar oficios para preguntar a las otras instituciones qué saben sobre la persona o buscar en Facebook o interrogar a los amigos, como hace CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría capitalina), pero siguen indagando a través de oficios, y como no tienen facultad de Ministerio Público para salir a la calle a buscar, ¡es un fraude!”, expresó
En el gobierno de la Ciudad de México, ocupó el cargo de secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia; fiscal Antisecuestro y subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales en la Procuraduría General de Justicia; coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
En este cargo, Bugarín tuvo responsabilidad en las investigaciones del homicidio del conductor de televisión Paco Stanley y el crimen contra la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, sin embargo, no logró presentar resultados satisfactorios.
En el caso de Stanley, los seis implicados fueron liberados por un juez penal por falta de elementos y hasta la fecha el asesinato continúa impune y sin avances. Además se le responsabiliza de generar el dato acerca de que Digna Ochoa se había suicidado. Bugarín Gutiérrez se vio obligada a renunciar…”
Toda vez que la información proporcionada es inexacta, se hacen las siguientes precisiones:
Respecto al señalamiento en que el año 2014, me desempeñé como servidora pública en la Procuraduría General de la República, en específico como Subprocuradora Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, el dato es incorrecto toda vez que, efectivamente ocupé dicho cargo, pero del periodo comprendido del día 1 de mayo del año 2011 al 1 de noviembre de ese mismo año[1], por lo cual no se tuvo competencia en las investigaciones que se mencionan en el artículo.
Por lo que hace a la citación sobre el desarrollo del denominado protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando fungí como servidora pública en la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito “Províctima”, la elaboración del mismo se realizó a través de la consulta, con la participación de representantes de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y sometido a aprobación de los responsables de las 32 entidades de la República Mexicana, quienes lo retroalimentaron y finalmente fue aceptado por al menos 30 entidades federativas.
En relación con mi participación en el caso digna Ochoa, es de resaltar que los datos son inexactos, ya que dicha investigación tampoco fue de mi competencia, toda vez que la misma fue asignada a otro servidor público, designado por el entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal. [2]
Por último, con relación con la investigación de llamado caso Stanley, ésta no fue asignada a mi cargo, pues dicha encomienda recayó en la Subprocuraduría Procedimientos de Penales “C”, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.[3]
Por lo anterior, se aclara que la nota publicada, me atribuye la responsabilidad de casos que no fueron realizados por áreas de mi competencia, durante el desempeño de los cargos mencionados en las diversas instituciones de la Administración Pública de las que he formado parte.
Agradeciendo la atención prestada a la presente petición, quedó atenta a su respuesta, esperando verme favorecida con la publicación de esta réplica en el mismo espacio informativo, en la misma página, con características similares a la información que hoy se aclara y con la misma relevancia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE.
Dra. Patricia Bugarin Gutiérrez.
Respuesta de la reportera
Señor director:
En su carta la señora Patricia Bugarín señala textualmente: "Respecto al señalamiento de que el año 2014, me desempeñé como servidora pública en la PGR, en específico como titular de la SEIDO, el dato es incorrecto toda vez que, efectivamente ocupé dicho cargo, pero del periodo comprendido del día 1 de mayo del año de 2011 al 1 de noviembre de ese mismo año, por lo cual no se tuvo competencia en las investigaciones que se mencionan en el artículo".
La señora Bugarín tiene razón en señalar que en el 2014 ella no ocupaba la titularidad de la SEIDO, en realidad, debí señalar que el año 2014 diversos medios de comunicación difundieron entrevistas en que Javier Herrera Valles acusaba a la exprocuradora Marisela Morales, de utilizar la figura de testigos protegidos como El Pitufo, para fabricar pruebas, como dijo, sucedió en su caso.
Quiero precisar que el miércoles 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de la República, informó que el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Tepic, Nayarit, sentenció a diez años de prisión al excoordinador de seguridad regional de la entonces Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, al ser encontrado penalmente responsable de la comisión de delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que Patricia Bugarín, como ella reconoce, si era parte de la SEIDO del 1 de mayo del año de 2011 al 1 de noviembre de ese mismo año, cuando, debió realizarse al menos parte de la investigación en contra de Herrera Valles.
Por lo que hace a la cita sobre el desempeño de la señora Patricia Bugarín, sobre el desarrollo del denominado Protocolo Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, como lo señalo en la nota, es una cita que retomo de un texto publicado en Proceso en su edición del 21 de octubre de 2012, por lo que considero que dicha aclaración debió realizarse desde ese tiempo.
Acerca de que a su paso por el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica no participó en la investigación sobre la muerte del conductor de televisión Paco Stanley y la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, es cierto; la época en que se le señaló por la falta de resultados en la indagatoria, fue durante su desempeñó como subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales, cómo lo consignan algunos medios de comunicación, entre ellos, Animal Político, en un reportaje publicado el 3 de mayo de 2011..
Atentamente
Patricia Dávila
[1] https://www.proceso.com.mx/286904/pgr-designa-nuevo-responsable-de-la-siedo
[2] https://www.proceso.com.mx/243313/margarita-guerra-seria-la-nueva-fiscal-del-caso-digna-ochoa
[3] https://www.proceso.com.mx/181446/la-investigación-de-la-pgjdf-pura-y-solida-mauricio-tornero