CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El bufete de abogados Mossack Fonseca salió en defensa de la legalidad de sus operaciones y aseguró que la información dada a conocer en la investigación #PanamaPapers fue sacada de contexto para afectar a la firma. “Hemos sido blanco de intervención ilegal en las comunicaciones, la información fue sacada de contexto para afectarnos, hubo un prejuzgamiento mediático”, subrayó la directora de Asuntos Legales de la firma panameña, Sara Montenegro. Consideró, asimismo, que hasta el momento el único delito comprobado es la violación de las comunicaciones y los datos reservados de la compañía que representa. “Los clientes son regulados, entidades sujetas a fiscalización completa, si en algún momento se utilizó para actividades ilícitas es responsabilidad de cada cliente”, expuso Montenegro, y aseguró que la creación de una sociedad offshore no es un delito en Panamá ni en el resto del mundo. En un enlace entre Colombia, México y Panamá con Prisa Radio Panamá, en el programa ‘Panamá Hoy’, Montenegro explicó que “para diferenciar responsabilidades se dijo que Mossack está obligada, como firma no financiera, a saber quién es el cliente, tener información de las actividades a las que se dedica la compañía y dónde ésta las realiza, pero el cliente es responsable del uso que hace de sus sociedades”. Añadió: “El principio de protección de confidencialidad de la información entre el cliente y el abogado está protegido por las leyes no sólo de Panamá, sino en todos los países del mundo”. E indicó: “Nadie se ha puesto a pensar en el daño que se le está haciendo al Estado de derecho en el que debemos convivir”. La directora de Asuntos Legales de Mossack Fonseca resaltó que la firma no ha sido contactada por autoridades de ningún país, no ha sido investigada ni se han levantado cargos en su contra, pues #PanamaPapers es un trabajo únicamente de índole periodístico. Según los estándares internacionales de debida diligencia, no es un delito tener un cliente que sea una persona políticamente expuesta (PEP), en todo caso lo que procede es que a todas las personas que tienen un cargo en una institución gubernamental se les haga una “debida diligencia ampliada”, y eso es lo que hizo la firma con los políticos y empresarios que aparecen en la lista, dijo. De acuerdo con Montenegro, cuando una de estas personas con perfil PEP es señalada o investigada por un acto de corrupción, la firma inicia todos los procesos regulatorios para poder desvincularse de la sociedad y cumple con la obligación de colaborar con las autoridades pertinentes. Sobre la comprobación del origen legal de los fondos, destacó que Mossack Fonseca no capta fondos de terceros. “A lo que se dedica el despacho jurídico es a la incorporación de vehículos societarios y a la prestación de servicios legales, pero no al recibimiento de dinero, a la triangulación de dinero o la apertura de cuentas para los clientes”. Explicó que son las instituciones financieras las que están obligadas a hacer esa verificación. Montenegro hizo esas declaraciones luego de que el pasado domingo 3 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló, en una investigación denominada #PanamaPapers, la filtración de documentos del bufete panameño, con información de más de 214 mil empresas con ventajas fiscales en más de 200 países y territorios. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks. Los datos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la revista Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.