CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado viernes 25 de octubre fue dado a conocer, en una ceremonia en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, el Patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presidido por la abogada Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minsa, propiedad de su padre el empresario Raymundo Gómez Flores, dueño también de Autobuses Estrella Blanca y Grupo Dina, entre otras empresas. El patronato, presentado por el director del INAH, Diego Prieto, en compañía del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, cuenta entre sus miembros con los empresarios Sergio Autrey (presidente de la Fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes); Alejandro Burillo Azcárraga (primo de Emilio Azcárraga Jean); Luis Enrique Gutiérrez Guajardo, director general de Fibra Prologis; el arquitecto Francisco Javier Artaloitia; la curadora de Arte Germaine Gómez Haro; el periodista Epigmenio Ibarra; y el sociólogo Mario Núñez Mariel, entre otros. Según un comunicado del INAH, el organismo tiene entre sus primeros objetivos buscar recursos para la conservación integral del Templo de la Serpiente Emplumada y la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas, ambos en Teotihuacán. Comprende trabajos para la apertura del conjunto La Ventilla y la rehabilitación del Teatro al Aire Libre, inscrito en el proyecto que inició hace un siglo Manuel Gamio. Vía telefónica se le pregunta al investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, sobre la legalidad de este nuevo patronato. Explica que en estricto sentido no rompe con los marcos jurídicos que rigen la acción del INAH porque es un organismo de la sociedad civil que coadyuvará al financiamiento de proyectos, pero añade:

“El problema no es legal, sino de objetivos y de una política clara. Ése es el problema, porque normalmente estos patronatos los conforman gente con un poder económico e influencia política notable y por eso se constituyen en un poder paralelo, se colocan en un nivel distinto de negociación.”

Hace un breve recuento o síntesis de la historia de los patronatos en instituciones del INAH, que se supone se crean para ayudar a conseguir recursos y fortalecer a los museos, dotarlos de infraestructura o de recursos, pero han dado muestras de convertirse en “una especie de gobierno paralelo, con sus propias reglas”. Recuerda el caso del patronato del Museo Nacional de Antropología (MNA) que “no se puede negar” ayudó a dotar de infraestructura a los auditorios del recinto mediante convenios con algunas cadenas de cine, pero la otra cara de la moneda es que han tomado al museo “como una especie de galería” para exposiciones, como un salón de desfile de modas, eventos festivos y hasta políticos. Le viene a la mente como ejemplo que ahí presentó el ahora exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la Cumbre Tajín. E Indica: Los integrantes del patronato “tenían derecho de picaporte directamente en la Secretaría de Educación Pública y en la misma Presidencia de la República, eso ponía en entredicho el ejercicio de las funciones de la institución, y eso ya no tiene que ver con lo legal, es metajurídico, en la realidad el funcionamiento de estos organismos es fáctico, es demencial en el sentido de que rebasan la relación con la autoridad”. La pregunta es también cómo decide el patronato qué monumentos o zonas deben tener una atención urgente o prioritaria. Es decir, por qué se elige la Zona Arqueológica de Teotihuacán y no los monumentos que fueron dañados por los sismos de 2017 y que están incluso en riesgo por la falta de intervención como han denunciado restauradores en los medios. A decir de Cottom quedan muchas dudas sobre cómo funcionará el patronato, si se dedicará a los monumentos arqueológicos o también históricos, y una de las interrogantes es si los lugares que están eligiendo para intervenir son los prioritarios o simplemente son “privilegiados”, y aunque confiesa que no le gusta el término advierte que pueden ser de relumbrón cuando hay sitios que realmente lo necesitan de manera urgente. Entonces plantea la necesidad de redefinir las políticas institucionales, pues el INAH tiene ejes de política institucional que derivan de su legislación, de su marco institucional, que se ha ido construyendo y se siguen desarrollando casi por inercia, pero:

“En este momento estamos transitando por momentos muy difíciles, ambiguos en el mejor de los casos, si no es que, de desprecio hacia el papel de la institución, la docencia y la investigación. No podemos seguir suponiendo que está claro y en este sentido este tipo de organismos que pudieran ser de buena intención solamente vienen a hacer más complejo el funcionamiento de las instituciones… Por eso tiene que plantearse su papel en el contexto de la política cultural.”

Por su parte, el historiador Felipe Echenique March señala que han pasado administraciones panistas y priistas por el INAH y su director Diego Prieto sigue sin escuchar a los académicos e investigadores de la institución. Lo paradójico, añade es que en el marco de la 4T el presidente Andrés Manuel López Obrador López hable de transparentar procesos, y el INAH siga manteniendo “las mismas prácticas priistas y panistas y no se escuche a los académicos”. Menciona también el caso del MNA que evidentemente ha fallado en su contribución al mantenimiento del recinto pues prácticamente tiene décadas sufriendo de goteras.