El poder judicial de Guerrero decidió destruir videos claves de uno de los ataques a estudiantes de Ayotzinapa ocurrido frente al Palacio de Justicia, argumentando errores técnicos y contenido irrelevante. Contra la postura oficial, este video localiza el rango de visión de las cámaras de video y sugiere qué incidentes pudieron haber sido capturados por ellas.