ONU, OEA y CIDH demandan esclarecer el homicidio de Regina Martínez

lunes, 30 de abril de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, desató la indignación generalizada de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas la ONU y la OEA, que condenaron el crimen. Después de celebrar la aprobación que el Congreso de la Unión aprobó las leyes General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), exigió el esclarecimiento del homicidio de la reportera perpetrado el sábado 28 en su domicilio de Xalapa, la capital de Veracruz. En un comunicado, el organismo se pronunció por “una investigación pronta e imparcial” del crimen de la periodista a fin de “esclarecer los hechos y sancionar la los responsables”. Para la ONU-DH la aprobación de las leyes citadas “constituye un paso significativo” para atender a las víctimas del delito, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. “La imperiosa necesidad de redoblar la alerta y exigir medidas eficaces sigue siendo prioritaria más aún cuando se repiten hechos execrables como el asesinato de la periodista Regina Martínez”, se destaca en el documento. Paralelamente, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó el esclarecimiento de la muerte de Regina Martínez, quien “apareció muerta con señales de violencia”. La Relatoría, dirigida por la colombiana Carolina Botero, resaltó que la revista Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se siente afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad en las regiones”. Destacó la urgencia de identificar a los responsables del asesinato para evitar que quede en la impunidad, pues recordó que el de Martínez es el asesinato número 11 ocurrido en los últimos 12 meses en México y el quinto en Veracruz, sin que en ninguno haya detenidos. La Relatoría manifestó su “preocupación por la persistente violencia contra comunicadores sociales”; y demandó el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reglamentar la Ley para la Protección de Periodistas, así como las reformas necesarias para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra la libertad de expresión. En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, pidió a las autoridades responsables que el crimen de Regina Martínez “se resuelva a la brevedad”. También demandó que “se generen condiciones para prevenir que ocurran en el futuro nuevos asesinatos como este”. González Plascencia señaló que en el Distrito Federal la mayoría de las quejas que ha registrado el organismo tienen que ver con “medios nacionales y autoridades federales”. Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales hayan tomado medidas de protección a periodistas en riesgo, en específico en Veracruz. Los asesinatos a periodistas, dijo es un tema que se ha colocado en la agenda pública desde hace cuatro años, por lo que “debería haber generado ya medidas contundentes por parte del gobierno federal y también de los estados. Recordó que Veracruz ha sido uno de los estados en donde más violencia se ha generado en contra de los representantes de los medios de comunicación. A su vez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia, resaltó que pese a que hasta ahora la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, no ha definido el móvil del asesinato de Regina Martínez, no debe descartarse el trabajo que desempeñaba la periodista como una posible pista. “La víspera de su muerte, la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico. Por ello, la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria. La tendencia de las autoridades a querer excluirla de entrada afecta gravemente la resolución de este tipo de casos”, advirtió la organización en un comunicado. La organización recordó que en 2008 la PGJV abrió una investigación contra Regina Martínez y Rodrigo Vera por la publicación de la fotografía de la indígena Ernestina Ascencio, en el semanario, y que ambos periodistas de Proceso fueron llamados a comparecer como testigos. Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Latinos de California (APLC) dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la que externó su preocupación e indignación por “la absoluta indefensión” en que se ejerce el periodismo en México, en especial en Veracruz. “Por desgracia, el caso de Regina Martínez no es aislado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, puntualizó la APLC. Los periodistas latinos radicados en California repudiaron la impunidad en que permanecen los casos de comunicadores asesinados, “a pesar de las promesas del gobierno federal y de los estatales de que actuarán para esclarecer los asesinatos de los periodistas, la realidad es que hasta ahora no se ha resuelto uno de esos casos ni hay personas detenidas por ello”.

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