MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones defensoras de la libertad de expresión lamentaron que a un año y cuatro meses del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, el caso permanezca impune. En un comunicado, la CNDH manifestó su preocupación por el alto índice de impunidad en más de 90% de los crímenes, hecho que, apuntó, se demuestra con la revocación de la sentencia de 38 años y dos meses de prisión dictada a Jorge Antonio Hernández Silva, presunto asesino de la periodista. Ante ello, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva hizo un llamado “para acabar con la impunidad, hacer realidad la justicia y erradicar las agresiones contra periodistas y medios de comunicación”, al tiempo que exigió a las autoridades federales y locales “actuar de manera pronta y expedita con el propósito de que evitar que se sigan cometiendo estas agresiones”. Por separado, la organización Artículo 19, con sede en Londres, exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que atraiga el caso de la periodista asesinada “y realice una investigación independiente, rápida y efectiva que permita juzgar ante los tribunales a los responsables, garantizando el derecho a la verdad de las víctimas, los periodistas y sociedad en general”. En un comunicado, Artículo 19 puntualizó que desde mayo pasado la Procuraduría General de la República (PGR) tiene la facultad para atraer casos como el de Regina Martínez. Además, añadió, la Feadle “cuenta con todas las capacidades para atraer el presente caso y avanzar inmediatamente para esclarecer los hechos mediante una investigación adecuada que permita juzgar a los responsables y, en su caso, sancionarlos, así como lograr la reparación del daño a las víctimas”. Además de solicitar la intervención federal, Artículo 19 también exigió a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz que elabore “protocolos de investigación que permitan esclarece los delitos cometidos en contra de periodistas, mismos que deben contar con aspectos técnicos que permitan agotar todas las vías de investigación vinculados con los actos de libertad de expresión de las víctimas”, apuntó. La organización recordó que durante los primeros seis meses de ocurrido el crimen, “el gobierno local no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación, sino que en sus conclusiones ensució a la víctima al sugerir que la corresponsal de Proceso convivía y permitió entrar (a su casa) a sus asesinos, quienes fueron descritos peyorativamente por el procurador estatal como ‘malvivientes’”. De ahí que cuando la dependencia dio por cerrado el caso, apuntó, Artículo 19 puso de manifiesto su “escepticismo en las investigaciones, al considerar inadmisible la pretensión de dar por esclarecido un crimen si un proceso de desahogo de pruebas y una sentencia condenatoria que garantice justicia y efectiva reparación del daño”. Por otra parte, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia, resaltó que la anulación de la sentencia que impuso el poder judicial de Veracruz a Hernández Silva se fundamentó en que para condenarlo sólo se tomó en cuenta la confesión autoinculpatoria del prisionero, “presuntamente obtenida bajo tortura”. En un comunicado, RSF lamentó que el asesinato de Martínez Pérez no se haya resuelto, y llamó a reanudar la investigación “de una manera seria, teniendo en cuenta las actividades profesionales de la periodista, con el fin de que se detenga a los autores materiales e intelectuales de este asesinato”. Asimismo, subrayó que en los últimos 10 años México se ha convertido en uno de los países “más peligrosos para ejercer la profesión periodística”, con un saldo de 88 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. “Con frecuencia los crímenes cometidos contra los periodistas no se resuelven y permanecen en la impunidad”, destacó.