"Apagón" al presidente

jueves, 28 de octubre de 2010

El maridaje que le ha dado extraordinarias ventajas mediático-políticas al presidente Felipe Calderón, y tajadas multimillonarias a Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, aparentemente sufrió un daño de consideración a raíz de las componendas de escándalo entre el gobierno federal y el consorcio, que ya tuvieron incluso efectos legales. Principal beneficiaria de la desaseada Licitación 21, la empresa televisiva se retiró de la jugada y dejó muy mal parados a Nextel, su exsocia ahora, y sobre todo al gobierno calderonista, que había echado mano de toda suerte de artimañas e ilegalidades con tal de favorecerla.

MÉXICO, D.F., 28 de octubre (Proceso).- La política sobre telecomunicaciones y digitalización televisiva de Felipe Calderón entró en crisis. En menos de 15 días dos órdenes judiciales y una decisión empresarial de Televisa exhibieron a las autoridades federales y echaron abajo los dos procesos más polémicos de este año: la Licitación 21 para el negocio de la telefonía móvil de cuarta generación en los próximos 20 años y el decreto presidencial del 2 de septiembre, que adelantaba de 2021 a 2015 el “apagón analógico” televisivo.

El miércoles 20 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero ordenó suspender las medidas anunciadas en el decreto de Calderón, en especial la formación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital encabezada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, todos ellos “precandidatos” presidenciales del PAN.

Senadores priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía y Fernando Castro impulsaron una controversia constitucional pues advirtieron que el presidente estaba “legislando por decreto” y violaba la sentencia 07/2009 contra la Ley Televisa, en la que se estableció que la única autoridad en materia de radiodifusión es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Y además la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado que las medidas anunciadas en el decreto del 2 de septiembre “pueden convertirse en un condenable recurso de clientelismo político”, ya que las subvenciones para adquirir los decodificadores de acceso a la televisión digital se distribuirán en 2012, año de la sucesión presidencial.

La relación entre el gobierno de Calderón y Televisa se ha convertido también en un juego de intereses político-electorales.

La jugada de Televisa

En el caso de la Licitación 21 –correspondiente a la banda 1.7 Ghz para el llamado cuádruple play–, la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Felipe Calderón defendieron hasta el último minuto la decisión de otorgar a la sociedad Televisa-Nextel el bloque nacional de 30 megahertz, el más valioso, con un “enganche” de 180.3 millones de pesos, 28 veces menos que lo erogado por los competidores (Telcel y Telefónica pagaron más de 5 mil millones de pesos en la misma licitación por los bloques de 10 megahertz).

Pero de nada valieron los más de 70 pleitos judiciales interpuestos por Iusacell, compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca; tampoco las medidas cautelares ordenadas por tres jueces ni el punto de acuerdo del Congreso de la Unión para que se suspendiera la licitación, dadas las irregularidades documentadas desde la emisión de las bases. Mucho menos la fractura en la Cofetel: la Licitación 21 fue aprobada con los votos a favor de sólo dos de los cinco comisionados del pleno.

El verdadero “golpe” a la Licitación 21 se lo propinó uno de sus principales beneficiarios: Televisa. Con un mensaje críptico, característico de sus comunicados bursátiles, la compañía de Emilio Azcárraga Jean anticipó el inminente fracaso de su sociedad con Nextel, dejando mal parados a los directivos de esa empresa; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta, y al propio Felipe Calderón.

El 4 de octubre, tres días después de que Molinar había entregado los títulos de la concesión a los representantes de Nextel, Televisa anunció que “con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30 Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings (controladora de Nextel) están evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

De esta manera Televisa informó a sus accionistas de México y Estados Unidos que estaba en duda el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares para adquirir 30% de Nextel. En febrero pasado, el vicepresidente de Finanzas del consorcio televisivo, Alfonso de Angoitia, había condicionado esta inversión a la entrega del título de concesión de la banda 1.7 Ghz.

El 5 de octubre, Emilio Azcárraga anunció que Televisa invertirá mil 200 millones de dólares para adquirir 5% de las acciones de Univisión, la televisora de habla hispana más importante de Estados Unidos. Además amplió tres años el contrato de exclusividad de contenidos con aquella empresa. El impacto bursátil fue inmediato para Televisa: en un día sus acciones ganaron 13%.

La otra jugada financiera de Televisa ocurrió el 12 de octubre, dos días antes de que un juez concediera el amparo definitivo a Iusacell para cancelar la Licitación 21. En un comunicado la televisora anunció la oferta de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 10 mil millones de pesos con una tasa de 7.38% y vencimiento en 2020.

El 14 de octubre, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales, Octavio Bolaños Valadez, concedió el amparo definitivo a Iusacell, el cual impide que, mientras dure el litigio, la sociedad Televisa-Nextel opere la concesión entregada el 1 de octubre.

El 18 de octubre, la compañía de Azcárraga formalizó el rompimiento: “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010”, indicó un comunicado.

El ridículo y el trabajo sucio

 

El favoritismo de las autoridades hacia la sociedad Nextel-Televisa generó un debate entre el diputado federal panista Javier Corral y Juan Molinar Horcasitas. El día en que el juez ordenaba la suspensión definitiva, Molinar envió varias cartas a los medios para desmentir que hubiera existido una “ganga” o un descuento a favor de Televisa-Nextel.

Después el funcionario ya no mencionó a la compañía de Azcárraga Jean en sus réplicas a Reforma y La Jornada. Según Molinar, “Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es una ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del Estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda 1.9 Ghz, en 2005”.

Corral demandó a Molinar Horcasitas que se repusiera el proceso de Licitación 21 y recordó que tres de los cinco comisionados de la Cofetel impugnaron las bases y demandaron que se suspendiera la entrega del espectro, ya que existían órdenes judiciales que dictaron medidas cautelares por la serie de irregularidades detectadas desde enero.

Calderón también salió en defensa de la entrega del espectro a Televisa-Nextel y de la licitación de la fibra óptica, que también benefició a Televisa en sociedad con Megacable y Telefónica. En la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Calderón afirmó que gracias a estas subastas “ya no hay, como hace varios años, sólo un gran operador o dos, sino que ahora tenemos tres y hasta cuatro operadores que pueden, precisamente, en condiciones de competencia, proveer servicios con más calidad y a mejor precio a los mexicanos”.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Pérez Motta también defendió los criterios establecidos por este organismo antimonopólico y negó que la autorización de la sociedad Nextel-Televisa implicara favorecer el poder de la empresa más importantes de medios electrónicos en México.

Insistió en que Nextel era un “jugador entrante” en telefonía móvil, ya que los 22 megahertz que detenta son sólo para servicios de trunking (radiocomunicación móvil basada en las redes de telefonía celular) y su ingreso a la competencia favorecerá una paulatina reducción de precios a los consumidores “por decenas de millones de pesos en los próximos años”.

No obstante, desde septiembre de 2009 en la Cofetel –según testimonios de algunos trabajadores– y por órdenes de Patrocinio Barajas, responsable de la Unidad de Prospectiva y Regulación, existía la instrucción de “revisar” y “poner en orden” los títulos de concesión de Nextel, pues se buscaba “ampliar” su cobertura.

“Prácticamente estuvimos ‘arreglando’ Nextel para que meses después se asociara con Televisa. Hicimos un trabajo sucio que en lugar de beneficiar al país (las multas hubieran entrado a las arcas de la nación) benefició a Televisa-Nextel”, escribió a Proceso Juan Carlos Flores López, uno de los trabajadores a las órdenes de Barajas, quien después fue despedido de la comisión.

El “pleito” Televisa-Calderón

 

El 18 de octubre, cuando se anunció la ruptura de la sociedad Televisa-Nextel, Emilio Azcárraga Jean emitió un mensaje en twitter para justificarse: “Hay que tomar decisiones todos los días y creo que tomamos la mejor para nosotros”.

Además los conductores de los dos principales noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, publicaron en sus columnas del martes 19 –en El Universal y Milenio Diario, respectivamente– que la decisión beneficia a Telcel, la compañía de Carlos Slim (que actúa a través de Iusacell) y afirmaron que Televisa fue víctima de una campaña en contra.

Más explícito, Loret de Mola escribió en su columna Tengan su “ganga” que la entrega de la concesión fue una medida de “chantaje” de Calderón para presionar a Televisa en la sucesión de 2012.

“Esta sucesión de hechos”, afirma Loret de Mola, “puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó.

“En el camino muchos se fueron con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza verdadera quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron sus acciones. Tengan su ganga.”

Para otros especialistas consultados por Proceso la razón principal de la salida de Televisa no fue la orden judicial ni un pleito definitivo con el gobierno o con el Grupo Salinas, sino una maniobra empresarial para cancelar el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares en Nextel, privilegiar su inversión en Univisión, en vías de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, y quitarse “piedras en el camino”.

Para Javier Corral la ruptura Televisa-Nextel deja sin efecto los títulos de concesión, por lo que la SCT debe convocar a una nueva licitación.

La Amedi, presidida por Raúl Trejo Delarbre, advirtió en comunicado el riesgo de que Televisa pueda tener acceso a los 30 megahertz por la vía del uso de las frecuencias de televisión digital.

“Sería inadmisible que los megahertz para la telefonía móvil que hoy rechazó Televisa en la alianza con Nextel los obtenga dentro de pocos meses y de manera gratuita como resultado de los nuevos usos que podrían tener las frecuencias de televisión digital”, señaló.

La digitalización electoral

 

Felipe Calderón expidió el decreto mediante el cual “se establecen las acciones que deben llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”. Desde ese momento, legisladores del PRI y del PRD advirtieron que se trataba de un decreto “electorero” (Proceso 1766).

Los puntos fundamentales del decreto son: adelantar de 2021 a 2015 el “apagón analógico” para que todos los televisores tengan acceso a la señal digital; liberar la banda de 700 megahertz para 2012 y “posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”; establecer las acciones necesarias para que los hogares mexicanos con menos recursos tengan acceso a receptores o decodificadores de la señal digital, a través de las secretarías de Economía y de Desarrollo Social, y crear una comisión intersecretarial para la transición digital, presidida por Juan Molinar Horcasitas.

El decreto de Calderón no echó abajo lo estipulado en el acuerdo previo, establecido por el gobierno de Vicente Fox en julio de 2004, especialmente la renovación automática de las 462 concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021 (94% de ellas en manos de Televisa y TV Azteca) ni aclaró las dudas respecto al uso, asignación y devolución del espectro sobrante como resultado de la digitalización. A la fecha operan 65 “canales espejos” o “canales adicionales” –que ocupan esos espectros “sobrantes”– en todo el país, la mayoría en manos de Televisa y TV Azteca.

Un informe de la Cofetel difundido en enero de 2009 afirmó que sólo 1.6 millones de hogares, menos de 7% del total del país, están en posibilidad de recibir transmisiones digitales.

El especialista Gabriel Sosa Plata afirmó en su análisis para la revista Zócalo que entre 2004 y 2010, los primeros seis años de la transición analógica-digital, prevaleció una política de “opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología del país”. 

Ejemplificó: Televisa se comprometió a transmitir en digital en ciudades como Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas a partir del 15 de diciembre de 2009, pero en 2008 cambió de opinión y la Cofetel le autorizó modificar los títulos de concesión de las repetidoras de Canal 2 y Canal 5 en esas plazas para iniciar transmisiones en 2015 y 2018.

Frente a esta falta de certeza Calderón emitió un nuevo decreto que no corrigió los errores de la digitalización emprendida por Fox para favorecer a las dos grandes compañías televisoras, pero le agregó un ingrediente electoral: el reparto de los decodificadores entre 2011 y 2012 y la formación de una comisión intersecretarial que dependerá directamente de él, marginando a la Cofetel.

Esta decisión motivó el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto ante la SCJN y la decisión de la ministra Sánchez Cordero de suspender el decretazo de Calderón como medida cautelar. “No se afectarán la seguridad ni la economía nacionales con la suspensión”, afirmó la ministra el jueves 21.

Lo que comienza a afectarse es el plan electoral del gobierno de Felipe Calderón y su relación con los medios electrónicos dominantes. 

 

 

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