Mientras su comandante en jefe rechaza hasta la menor crítica por los excesos cometidos contra civiles inocentes, el Ejército se dispone a mejorar su imagen al otorgar más apoyo a las familias de inocentes afectados por sus acciones y acercarse a grupos defensores de los derechos humanos. Pero puede ser sólo un cambio cosmético, porque muchos generales consideran enemigos a los activistas de derechos humanos y los mandos de la Sedena defienden el fuero militar.

MÉXICO, D.F, 5 de octubre (apro).- Forzado por el desgaste de imagen que le ha acarreado la lucha contra el narcotráfico, el Ejército Mexicano es sometido a una cirugía en varias etapas con la que pretende transformar su rostro ante la sociedad y reformar procedimientos tácticos para evitar nuevas tragedias que involucren a inocentes. 

Para conseguirlo, invitó a civiles como asesores, contrató a una consultora que le ayude a mejorar sus procedimientos en los retenes, abrió diálogos con organizaciones sociales otrora consideradas enemigas, subió a internet las investigaciones en curso sobre sus integrantes acusados de excesos, formó un equipo de atención a víctimas y mandó a sus efectivos a clases de derechos humanos.

Encabeza esta tarea la exdiputada feminista Marina Arvizu –recién nombrada titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, quien desde hace tres años tiene un pie metido en la institución y acceso directo al secretario Guillermo Galván Galván.

De ser una activista de izquierda, alérgica a los uniformes militares, Arvizu se convirtió en defensora de la institución más cuestionada del sexenio: “Las generalizaciones no pueden ser el filtro de la discusión: ni todos los militares violan derechos humanos, porque no es una política de la institución violar derechos humanos ni todos los ciudadanos están vinculados a los narcotraficantes. Como en todo, en el Ejército hay personas de carne y hueso que cometen errores o excesos, pero eso no significa que exista una política pública de violar derechos”, sostiene en entrevista con Proceso.

Desde que inició su mandato, Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga y ordenó a los militares abandonar los cuarteles para enfrentar a los narcotraficantes en las calles porque consideró que las policías locales estaban corrompidas. Los combates urbanos entre militares y narcotraficantes, con vehículos y armas de guerra, han quitado la vida también a civiles inocentes. 

Las quejas ciudadanas contra la institución crecieron 500% durante el sexenio, desde que los soldados mantienen estrecho contacto con la población. Uno de los focos rojos han sido los puestos de revisión militar en las carreteras, conocidos como retenes: militares son acusados de asesinar a niños, adolescentes y familias enteras por no haberse detenido para la inspección. 

Cuestionada al respecto, la funcionaria señala que en mayo pasado la Sedena contrató a una empresa consultora que monitoree dichos puestos de control, revise el manual de procedimientos para retenes y, a fin de año, sugiera modificaciones.

“Hay un manual de operaciones en los puestos de control, a los soldados se les capacita y se les sensibiliza cada vez que los van a enviar, pero los retenes tienen que ser más explícitos. A veces no hay señalamientos adecuados y hay más puestos de control que antes en el país (…) A veces pasamos rápido y no los vemos. Como las circunstancias han cambiado, hay que hacerles modificaciones para evitar hechos que lamentar”, reconoce.

Indica que todos deben adecuarse a las nuevas circunstancias –“no estamos en una situación de relativa normalidad”– por lo que los militares deberán revisar las fallas en los retenes y los ciudadanos deben respetar los señalamiento que indican un alto total en esos puntos de la carretera. 

–¿Pero quién se va a parar en los retenes, si también los narcos instalan los suyos? –se le pregunta.

–En una circunstancia como la que estamos viviendo no sólo los civiles tenemos miedo de los malandros, todos tenemos miedo. Los militares son personas, no son de acero, comparten la debilidad humana. Si ven una camioneta polarizada que no se detiene, no saben si adentro va un hombre que sacará una metralleta o una mujer con un niño en brazos.

–En algunos casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado que los militares agresores estaban drogados…

–Eso no es cierto. Sería interesante que presentaran las pruebas del antidoping.

–En las recomendaciones de la comisión siempre aparece la queja de que le niegan información…

–La CNDH siempre se ha vinculado con el área de derechos humanos de la Sedena; todas las recomendaciones que hace están aceptadas y se está cumpliendo con ellas, aunque responder a esto toca a otra área de la secretaría.

–¿Por qué el patrón repetido de alterar las escenas del crimen cuando cometen un ilícito?

–Esa no es mi área, pero todas esas acusaciones se deben probar. Para deducirlo hay que hacer investigaciones y, si estas cosas son ciertas, castigar a quienes se lleguen a encontrar culpables.

La exdirectora de la organización feminista Diversa dice que ahora reditúa políticamente criticar al Ejército. Agrega que a los militares se les tacha siempre como responsables de ilícitos, aunque los autores pudieron ser criminales disfrazados, y cuenta: 

“El otro día fuimos a un lugar donde tenían los vehículos clonados y uno que no conoce no distingue el numerito de la unidad, no ve la diferencia entre los camiones verdaderos y los que no son. A veces hay testimonios que dicen que (los agresores) eran personas que iban vestidos de militares, pero no eran.”

Poca transparencia

La exlegisladora Marina Arvizu coordinó hasta 2007 el grupo parlamentario del Partido Alternativa Social (PAS) y comenzó a tratar a militares cuando participó en la Comisión de Defensa Nacional, desde donde promovió que recibieran talleres de género. 

Desde ese año, el general Galván la invitó a que ayudara a implantar los cambios que ella sugería a la institución. En julio se creó la unidad en la que trabajan varios civiles –de quienes no quiere dar el nombre, aduciendo razones de seguridad–; su contraparte militar es el general de brigada diplomado de Estado Mayor Raymundo Balboa.

Al principio hubo quienes la llamaron traidora por trabajar para el Ejército. Ella dice que ahora la respetan por su decisión.

Una de las iniciativas que promovió fue subir al sitio en internet de la dependencia la información sobre las recomendaciones recibidas en el sexenio por violaciones a los derechos humanos, el listado de militares investigados y, en su caso, la sentencia que recibieron. Llama la atención que de 59 recomendaciones aceptadas, sólo en siete casos personal militar tiene causas penales y ningún responsable ha recibido sentencia.

–Los familiares de las víctimas se quejan de que no pueden saber si se castigó a los responsables…

–Los juicios son públicos y tratamos de dar la mayor información posible. A veces no tiene que ver con que estamos cerrando la información, sino que estamos buscando los canales y mecanismos adecuados para acercar la información –responde Arvizu.

–¿Por qué aún no hay sentenciados en casos, por ejemplo, como el de la familia asesinada en Sinaloa, ocurrido hace tres años? –se le pregunta acerca de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa de Leyva, donde en un incidente con militares fallecieron tres niños, su mamá y su tía adolescente.

–Hay procesos que siguen en investigación. Pero esa no es mi área.

–¿Usted qué opina sobre el fuero militar? –se le consulta, en relación con la polémica que existe porque los militares se juzgan en sus propios tribunales.

–En la cámara hay una iniciativa que plantea que les toque juzgarlos a civiles si hay civiles involucrados (entre las víctimas). Para eso habría que hacer una revisión del Código de Justicia Militar, pero también tener claro que el fuero militar no es como el legislativo, porque quienes desprestigiamos el asunto del fuero somos los legisladores. Este otro fuero significa que puedes ser regido por un código de justicia militar, que no es sinónimo de impunidad.

Su asistente, Lourdes Pérez, agrega: 

–Imagínate que juzgaran a los militares en tribunales civiles… ya conocemos su efectividad. Los militares son más estrictos, son más duros, no como los juzgados civiles. 

La nueva unidad que encabeza la feminista está formada por un equipo de sicólogos, médicos y abogados, quienes se encargarán de brindar atención a las personas afectadas por acciones en las que participe el Ejército.

Acercamiento a ciudadanos

Un día antes de la entrevista, la funcionaria organizó un encuentro entre los militares de alto rango de Ciudad Juárez y representantes de asociaciones ciudadanas diversas –algunas dedicadas al tratamiento de adicciones, derechos humanos, maquiladoras y cámaras empresariales– que pidieron el regreso del patrullaje militar en las calles y manifestaron su decepción hacia la Policía Federal (PF) que desde abril los sustituyó en esa labor. 

La queja no es nueva: el anterior representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, recibió en mayo denuncias contra la PF por extorsionar, secuestrar, abusar de su poder, provocar accidentes automovilísticos y no resolver la criminalidad. 

“En Juárez están muy preocupados, muy dolidos. Ya es mucho tiempo. A pesar del trabajo con los tres órdenes de gobierno, el resultado no ha cumplido con las expectativas, pero la gente sigue intentando recuperar su ciudad. Las organizaciones están haciendo un análisis de lo que no funcionó. Pidieron que se coordinen las instancias de gobierno, que se haga una mesa más amplia donde estén otras corporaciones y que el Ejército participe más en los patrullajes. Pero eso no le toca decidirlo a la institución”, dice Arvizu.

El encuentro de septiembre entre los mandos militares y agrupaciones chihuahuenses fue el quinto. El primero se realizó en la región militar de la zona, con sede en Coahuila, donde hubo una discusión tan dura que un general acusó a los activistas de las organizaciones de derechos humanos de defender a narcotraficantes, y ellos le reviraron la acusación de que los soldados son asesinos y desaparecen personas. Parecía que iba a haber golpes. Al final, comentaron a Proceso algunos de los asistentes, ellos notaron que entre los generales presentes había distintas posturas: mientras algunos negaban que el Ejército cometiera excesos, otros, más sensibles, ofrecieron ayuda. 

De todas modos el grupo se decepcionó de los encuentros porque no se avanzó en la búsqueda de los primos Alvarado, del municipio serrano de Buenaventura, quienes según testigos fueron levantados por militares.

Ya se decidió que las mesas de diálogo con los militares se realizarán en regiones con severos problemas de violencia, como Ciudad Juárez, con su récord en asesinatos; Mexicali-Tijuana y posiblemente en La Laguna, donde las desapariciones de personas están al alza, así como en Monterrey, donde el Ejército ha protagonizado sus peores escándalos: el asesinato de los dos estudiantes del Tec, de los niños Bryan y Carlos Almanza, y del padre de familia Vicente León y su hijo, estos dos últimos en retenes carreteros.

Arvizu comenta que “las organizaciones llegan casi siempre con postura de mucho reclamo, pero ellos escuchan. Recuerdo que un militar les dijo que recordaran que eran humanos, que también tienen hijas, que también sienten, y una activista se conmovió porque nunca lo había pensado así”.

La unidad ha invitado a activistas, políticos o intelectuales, como Rosario Robles, Martha Lamas, Emilio Álvarez-Icaza, Isidro Cisneros, Héctor Aguilar Camín, Sara Lovera, Teresa Incháustegui, Ruth Zavaleta, Josefina Vázquez Mota, Rolando Cordera, Margo Glantz, Santiago Portilla y Hugo Hiriart, para que impartan charlas sobre género, cultura de paz y derechos humanos a los militares, o bien les ha pedido textos para los libros que edita la secretaría.

Una de las reflexiones de la funcionaria es que el Ejército merece un reconocimiento que debe traducirse en términos presupuestales:

“Si se les dan cada vez más responsabilidades a los militares en ese sentido, tendría que haber apoyo en todo, también presupuestal, que se necesita para las instalaciones militares, que a veces están a 47 grados de temperatura, sin refrigeración, o requieren modernizar vehículos o combustibles.”

Se acuerda entonces de las camionetas “clonadas” que ve pudrirse en los ministerios públicos, las cuales considera que deberían ser entregadas a los militares para que cumplan su misión.  l